A primera vista, la escena de ayer en la mañana en cercanías de la central mayorista de Corabastos, en el sur de Bogotá, se parecía a la de cualquier sábado: compradores en la calle, voceadores, música y tráfico vehicular. Pero así hubiera fila frente al supermercado Merkeak, era evidente que no se trataba de un día normal, pues los negocios con puertas cerradas superaban con creces a los que atendían público.
(El mundo empieza a desconfinarse pero fantasma del covid-19 no se va).
De pasada, un transeúnte le comentó a su acompañante que a partir del lunes las cosas serían distintas, aunque insistió que “habrá que ver para creer”. Los anuncios de alerta naranja en diferentes zonas del Distrito Capital le ponen un signo de interrogación adicional a la marcha de una cuarentena que sigue de manera formal, si bien en la práctica el país comenzará mañana una nueva fase de desconfinamiento.
(Listas las condiciones para los subsidios a las nóminas).
El proceso será gradual. Aun así, sectores que ocupan a casi dos millones de personas empezarán a operar, algo que coincidirá con el retorno paulatino de funcionarios a las oficinas públicas. Si los indicadores de congestión ya mostraban el viernes que el tráfico en las principales ciudades estaba en su punto más alto desde el 20 de marzo, todo apunta a que esta semana subirán aún más.
En buena parte del planeta pasa algo similar. Mientras que a comienzos de abril las cuarentenas eran la norma en los cinco continentes, ahora cada nación traza su propia senda de salida.
(El último balance de contagios por coronavirus en Colombia).
Es verdad que en todas partes el tapabocas se convirtió en una prenda infaltable o que el distanciamiento social sigue vigente, pero los parecidos llegan hasta ahí. Aunque el concepto de la nueva normalidad puede ser universal, la manera como se define es muy distinta.
EN LAS MISMAS
Dentro de las incertidumbres, Colombia también busca hacer camino al andar. Tras superar los 10.000 casos confirmados y con muertes que se acercan al medio millar, el anhelo es poder evitar dramas como los que se ven el vecindario. Un punto a favor es que la proporción de hospitalizados es relativamente baja y más aún la ocupación de camas en unidades de cuidados intensivos.
Lo anterior no desconoce la gravedad de lo que pasa en Leticia, además de focos inquietantes en Nariño, Valle, Atlántico o en zonas específicas de Bogotá. La cárcel de Villavicencio deja como lección el costo de una respuesta tardía y ojalá sirva para evitar situaciones parecidas en otras prisiones, al igual que en lugares en donde puede haber aglomeraciones.
En contraste, es sorprendente la baja incidencia del virus en Santander, Boyacá o Sucre. Dentro de las capitales, Medellín sobresale por sus bajos números, debido al esfuerzo de interpretar los datos para aislar focos y reaccionar con rapidez.
Sin embargo, lo que viene ahora será mucho más desafiante. “Tomamos decisiones que no son óptimas, porque la información con que contamos es incompleta”, declaró Raquel Bernal, vicerrectora de la Universidad de los Andes.
Llenar los vacíos que se puedan es definitivo, pues las luces de emergencia no solo están encendidas en el tablero de control de la salud. La afectación de la economía es enorme, con una caída en la producción que llegaría a ser hasta del siete por ciento en 2020, según el Banco de la República. A su vez, la situación social viene en deterioro por causa de un desempleo que superaría con facilidad el 20 por ciento y del consecuente incremento en la pobreza.
Como si eso fuera poco, hay un tire y afloje por el poder entre Bogotá y los demás municipios, al tiempo que las tensiones políticas continúan latentes. Por el lado de la opinión, suben de tono las quejas ante restricciones que impiden salir a ganarse la vida o simplemente ejercer libertades individuales.
Adicionalmente, aumenta la sensación de que lo urgente vuelve a anteponerse a lo importante. No es claro qué va a pasar el día que aparezca una vacuna, lo cual exigiría pensar en fabricarla localmente para evitar tener que salir a comprarla en el mercado internacional. Tampoco hay un proyecto de fuentes alternativas de crecimiento para más adelante, sobre todo cuando la debacle en los precios del petróleo ahonda la crisis y opciones como el turismo quedan relegadas hasta nuevo aviso.
Todos esos elementos obligan a hacer un alto en el camino. Dentro de las lecturas obligadas para los encargados de tomar decisiones en Colombia debería estar el documento “Un decálogo para lo que viene”, escrito por investigadores de la Universidad de los Andes. Los 10 pilares señalados sustentan el diseño de un plan para “convivir con la continua amenaza del virus sin renunciar al bienestar social y a la libertad de formular proyectos de vida”.
“Insistimos en lo importante que es un enfoque multidimensional”, señala Jimena Hurtado, una de las autoras. “La falsa dicotomía entre salud y economía, que algunos han querido identificar, genera angustia”, agrega.
PARA TENER EN CUENTA
Lo más destacable del escrito referido es que su visión es integral. Los retos comienzan con la pandemia, ante la cual no queda de otra que multiplicar significativamente la cantidad de pruebas que posibiliten hacer rastreos y aislamientos selectivos. A pesar de los anuncios oficiales, los objetivos establecidos nada que se cumplen, con lo cual andamos a tientas mientras el enemigo salta de un sitio a otro.
Junto a lo anterior, hay que ampliar capacidades. La expansión de instalaciones hospitalarias es clave, pero no se pueden menospreciar herramientas más simples, de sentido común. Por ejemplo, las mascarillas se deberían repartir de manera masiva y gratuita a lo largo y ancho del país, comenzando por los sistemas de transporte masivo.
Y se puede ir más allá. El PNUD, con el apoyo de la Andi y otras entidades, planteó el reto “cascos de vida”, el cual desembocó en el diseño de una careta que cubre la cara de las personas, disminuyendo el riesgo de un contagio en más de 90 por ciento. El costo unitario sería de apenas 4.000 pesos y se podrían fabricar millones de esos artefactos con la seguridad de que sale mucho más barata la prevención que el tratamiento de los enfermos.
Una mención aparte merece el acápite sobre la gestión efectiva de las relaciones intergubernamentales. Aunque el trabajo de los Andes no lo dice explícitamente, puede estarse incubando un lío de marca mayor en el país, por culpa de la autonomía con la que cuentan las alcaldías para modular el levantamiento de las restricciones derivadas de la cuarentena.
Sobre el papel, es indiscutible que los mandatarios locales conocen la realidad de su municipio. Lamentablemente, en la práctica las cosas operan de manera diferente de un sitio a otro, como se vio en el otorgamiento de los permisos para reiniciar las obras de construcción a finales de abril.
En algunos casos, los procedimientos establecidos fueron claros, pero en otros llegaron denuncias de cobros indebidos, mientras que no faltaron los burgomaestres que mandaron a su gente de vacaciones durante dos semanas, con lo cual nadie pudo sacar una licencia ni mucho menos contratar personal.
Por otro lado, la idea de que las poblaciones sin casos de covid-19 puedan autorregularse suena muy bien, hasta que aparecen los intentos de sellar las fronteras municipales e impedir el tránsito de vehículos que simplemente están de paso. Normas al acomodo de cada cual y barreras adicionales harían todo más difícil, para no hablar de los trastornos que ya ocasiona el uso indiscriminado del toque de queda.
JUSTOS POR PECADORES
La afirmación del párrafo anterior puede sonar contrapuesta a la frase de que la nuestra “es una nación de realidades diversas”. Sin embargo, una cosa es contar con normas y procedimientos que operen en todo el territorio y otra, desconocer que hay políticas cuya efectividad dependen del lugar en donde se apliquen o la población que cubran.
Para citar un caso concreto, la determinación de suspender las clases en todas las instituciones educativas traerá costos importantes en materia de talento humano, a menos que se comience a actuar pronto. De un lado, la vía digital pone de presente que solo una fracción de los estudiantes tiene acceso a un computador o una tableta, al igual que a una conexión de banda ancha. Por más esfuerzos que se hagan, el aprendizaje de quienes usan la televisión pública o la radio no tendrá la misma calidad del que se conecta con el profesor a través de una pantalla.
Más inquietante aún es lo que pasa con los más jóvenes. El atraso en capacidades cognitivas para los niños en preescolar o en primaria puede acabar siendo irreparable. La clausura impide el descubrimiento o la socialización, que son clave en edades tempranas.
Y en general, no se puede descuidar la salud mental de los menores de 18 años. Los argumentos usados hasta ahora son conocidos, pero pretender que el encierro se puede prolongar indefinidamente –y más cuando los padres comienzan a volver a trabajar– es una equivocación que solo se puede superar con protocolos de educación distintos.
Esa conclusión también es válida cuando se mira lo hecho en materia económica. No hay duda de que los programas de apoyo a los más vulnerables sirven para que millones de familias mantengan cierta capacidad de consumo y puedan sobrevivir a la falta de ingresos. Igualmente, merece un aplauso el financiar parcialmente el costo de las nóminas durante tres meses, aparte de las garantías otorgadas a los préstamos empresariales.
Queda faltando una estrategia en favor del empleo informal, con lo cual muchos hogares no tendrán una red que los soporte. Aparte de una reacción rápida en ese frente, es fundamental que los propósitos de reapertura cuenten con fecha definida. Los giros gubernamentales sirven, pero apenas son un paliativo mientras los negocios cerrados –peluquerías, restaurantes, hoteles o bares– pueden volver a operar en las condiciones de bioseguridad que se determinen.
Malos pasos o decisiones equivocadas de ahora en adelante podrían agravar la que apunta a ser la peor crisis desde cuando se tienen estadísticas en Colombia. Aquel refrán que dice que “cualquier situación, por mala que sea, es susceptible de empeorar” es de obligatoria recordación en estos tiempos.
Uno de los peligros que aparece podría describirse como la trampa de la popularidad. Las encuestas muestran que los niveles de favorabilidad de los gobernantes han subido en forma significativa, tanto en Colombia como en las más diversas latitudes.
Para hablar con nombre propio, la aceptación a la gestión de Iván Duque supera el 60 por ciento, más del doble que en febrero. A su vez, Claudia López en Bogotá o Daniel Quintero en Medellín están por encima del 80 por ciento.
A raíz de esos buenos índices, la reacción lógica sería persistir en las políticas que elevaron la calificación positiva. En respuesta, quienes saben de estas cosas aconsejan que hay que saber cambiar la partitura según el momento. Quedarse durante mucho tiempo con la misma melodía acabará cansando a la ciudadanía.
La admonición es válida, pues ha sido evidente que los énfasis son distintos. Mientras el Gobierno Nacional se preocupa no solo por la salud, sino también por la economía y el empleo, la derrota del coronavirus es el objetivo central de los alcaldes. Esa aproximación no está exenta de lógica, pues el indicador inmediato son los muertos y contagiados, mientras que los índices de desocupación se conocen con un mes de atraso.
Pero desconocer la marcha de la producción local y el deterioro de los indicadores sociales puede salir caro. En cuestión de meses, cuando se caigan los recaudos de impuestos, la mayoría de los planes de desarrollo municipales no podrán ejecutarse.
La austeridad, que acabará siendo obligatoria, puede desembocar en caídas estrepitosas en la popularidad. Por eso es que vale la pena pensar de manera integral, como aconsejan los expertos de los Andes, sin desconocer que el coronavirus -que le da su impronta a esta nueva anormalidad- todavía acecha.
Ricardo Ávila
Especial para El Tiempo
