Redacción BL
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Si en Buenaventura se hubieran ejecutado a cabalidad todas las obras de pavimentación que han sido contratadas por los gobiernos en los últimos diez años, ya el asfalto habría cubierto dos veces todas las calles de la ciudad.
Sin embargo, el puerto más activo sobre el Pacífico colombiano es hoy un enorme museo de obras inconclusas, donde sus habitantes recitan de memoria aquellas que recibieron anticipos en la administración de Saulo Quiñones y nunca se hicieron, las que contrató el gobierno de José Félix Ocoró y quedaron abandonadas o las que ha adjudicado el alcalde Bartolo Valencia, que escasamente recibieron los recursos para el inicio y ya acumulan grandes retrasos.
Tan arraigadas están algunas irregularidades en la administración pública en Buenaventura, que se ha hecho ya un lugar común que calles como la 83 del barrio Rafael Uribe se hayan contratado cinco veces, que algunos presidentes de Juntas de Acción Comunal tengan una especie de Pymes dedicadas a darles el visto bueno a obras inconclusas o que la pavimentación se contrate por cuadras para eludir una licitación pública.
Así se pudo evidenciar durante un recorrido por varias de las obras de pavimentación en barrios como San Buenaventura, Cascajal y Rockefeller, donde no se ejecutó una gran obra sino que hay tres y cuatro contratos para asfaltar calles con una cuadra de por medio.
El resultado de la visita a 45 de las 99 obras que se adjudicaron en el último año es diciente. 22 de ellas no se han iniciado, 5 están inconclusas, hay 2 en ejecución, en 5 casos la dirección no concuerda con el documento, solo 8 están terminadas y hay 3 casos en los que la comunidad asegura que esas calles se pavimentaron en gobiernos anteriores.
No obstante, el secretario de Infraestructura Vial de Buenaventura, Julio César Díaz, indicó que en la mayoría de las obras “hay embalastramientos y mejoramiento de vías; lo que no están terminado son los pavimentos, o les falta los andenes u otras cosas, pero no han podido terminar porque la Administración no les ha pagado actas parciales”.
“Estamos programando el reinicio de todas esas obras que quedaron suspendidas y para eso se hicieron esta semana varios pagos; para tener en junio al menos el 70 por ciento de esas obras terminadas y poderlas inaugurar”, dijo el encargado de Infraestructura, al señalar que es imposible que en este Gobierno se hayan contratado obras que ya estaban hechas.
Uno de los ingenieros inscritos en el Banco de Oferentes relató que el verdadero problema es que se convocaron obras que fueron adjudicadas con un cálculo más político que financiero y que “el resultado es que hubo votos, pero que seguramente no habrá obras”.
El jefe de la Oficina Financiera del Distrito de Buenaventura, Édinson Mosquera, quien se abstuvo de referirse al presunto nexo entre contratación y campaña política, porque es el Secretario de Infraestructura quien debe referirse a los contratos, aseguró que «el flujo de pagos obedece al flujo de caja y en la medida que tengamos recursos y las obras tengan sus soportes se van a atender los pagos y por eso ya se vienen reactivando los anticipos y las actas parciales”.
“Teniendo en cuenta ese flujo lento de recursos, el señor Alcalde tomó la decisión de hacer austeridad y racionalización en el gasto y se está pensando, incluso, en aplazar inversiones para atender de manera eficiente los compromisos de la Administración Distrital y atender compromisos de las vigencias anteriores”, dijo el Jefe Financiero.
“Lo que hicieron en noviembre fue una adjudicación amañada para darles contentillo a los contratistas y amarrar el respaldo a la candidatura de Hernán Sinisterra y del senador Édison Delgado; eso ha pasado en todos los gobiernos anteriores en Buenaventura, que acomodan a sus intereses los recursos de obras, salud y educación y en este gobierno no fue la excepción”, dijo el contratista, al señalar que la decepción en Buenaventura es total con el alcalde Bartolo Valencia “porque la realidad es que la gente no votó por él, sino que votó en contra del exsenador Martínez y hoy ya no sabemos con cuál nos va peor”.
A juzgar por los resultados de las investigaciones, el único proyecto que se logró llevar a feliz término en la vigencia del 2013 fue el que tenía por objeto sacar elegido a Hernán Sinisterra como representante a la Cámara por el Valle del Cauca.
“No van ni los interventores”
Prebendas, ligas y mordidas son algunos de los términos que han hecho carrera en el sistema de contratación de obra en Buenaventura. Tanto, que los conocedores del tema aseguran que cerca del 50 por ciento del valor de cada obra va quedando a cuenta gotas en todos los peajes que se deben pagar para que no haya inconvenientes en el trascurso y la entrega de la obra, si es que la misma llegara a entregarse.
Información entregada por uno de los subcontratistas y ratificada por uno de los mandos medios en la Administración Distrital, señala que es cierto que están demorados los pagos porque no hay un buen flujo de caja, “pero también es cierto que el contratista negocia con uno y quiere que uno haga la obra por la mitad de la plata; es por eso que hay obras iniciadas hace cinco y seis años porque nadie va a sacar de su propio bolsillo para completar las obras”.
Con el acostumbrado temor que tienen los dirigentes y líderes políticos de Buenaventura a denunciar el desgreño administrativo, el titular de una de las doce comunas que conforman el distrito aseguró, también bajo reserva de su nombre, que el problema es que el dinero del anticipo se destina a todo, menos a la obra y luego la dejan abandonada.
“En Buenaventura se volvió costumbre que los contratistas les dan uno o dos millones de pesos a algunos de los presidentes de las Juntas de Acción Comunal para que les firmen el visto bueno del recibo de las obras y con eso van y cobran las actas parciales”, aseguró el líder comunero.
Entre tanto, uno de los funcionarios de la Administración alertó lo que podría ocurrir con varios contratos que firmó la Secretaría de Infraestructura de Buenaventura para la construcción de pozos sépticos en las zonas más recónditas, ubicadas a horas, e incluso días de la cabecera municipal.
“Son seis contratos por 2 mil 080 millones de pesos para construir 300 pozos sépticos en los ríos Naya y Cajambre, donde jamás llegan las interventorías ni las auditorías por lo complicado de ir a revisar las obras”, dijo el funcionario.
El exfuncionario de la Contraloría indicó que el organismo de control no tiene recursos para ir a esos lugares en los que se pueden tardar hasta dos y tres días. “Nosotros solo una vez fuimos, pero en una lancha de la Armada”.
fuente: El Colombiano
