Las principales lecciones que quedan después del proceso con el M-19 son: primero, el cese del fuego contra las Fuerzas Armadas y contra la población civil debe darse antes de empezar los diálogos. El argumento en su momento fue: “Mostrar disposición a hablar, y los hechos hablan más que las palabras”. El periodo, indefinido. El gobierno podía ajustarlo según sus necesidades.
El presidente Virgilio Barco anunció esa disposición a hablar con el M-19 en su mensaje al Congreso del año 1989. El gobierno de César Gaviria, sin embargo, removió la condición de cese del fuego para iniciar negociaciones. Se aceptó negociar en medio del conflicto. La sede de los diálogos fue Caracas y después del intento de golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez se encontró que no había condiciones. La sede fue trasladada a Tlaxcala, México. Lo que resultó una excusa válida.
En el Caguán no existió esa condición. Y para los diálogos que empezaron en el 2012 en Cuba no existía tampoco, porque no se estaba negociando en territorio colombiano.
Segundo: durante el gobierno Betancur los diálogos eran adelantados por personas no vinculadas al gobierno, y en eso han caído varias administraciones. Debe ser el consejero de Paz o como se llama ahora (alto) comisionado de Paz o sus delegados. El objeto es que ese funcionario pueda comprometer al gobierno en las conversaciones.
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Tercero: una zona desmilitarizada para ubicar la guerrilla. Eso se nos ocurrió en una visita con Carlos Ossa a los frentes 14 y 15 de las Farc en el Caquetá, como tres años antes. En la tregua con las Farc fueron múltiples las acusaciones que venían de ambos lados. Un guerrillero que salía de su zona, si estaba armado, era señalado de hacer ‘proselitismo armado’, acusación frecuente en esos días.
Los frentes estaban situados en zonas sin delimitación clara, en las cuales podría estar la guerrilla, pero no sabían las condiciones para salir de la zona. Y aunque el resultado de esas conversaciones con los frentes del Caquetá era delimitar una zona, y a esa reunión asistieron alias el Mono Jojoy y alias Avelino, posteriormente las Farc atacaron un convoy militar en la carretera San Vicente del Caguán-Florencia y esto llevo al gobierno a romper la tregua en el Caquetá.
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La propuesta tuvo que esperar días mejores. Casa Verde, la sede del secretariado de las Farc, escenario de conversaciones múltiples por espacio de siete u ocho años, no estaba definido en términos precisos. Es claro que la delimitación conlleva una condición jurídica: que no operen allí las órdenes de captura. Cuando estaba en vigencia el estado de sitio era cuestión de decretar la suspensión de las órdenes de captura en determinada jurisdicción.
Con posterioridad a la Constitución de 1991, hay que definir, mediante una ley, en qué condiciones se puede decretar la suspensión de órdenes de captura en una zona. Santo Domingo, en el Cauca, fue la sede de las conversaciones con el M-19, donde se delimitó en términos precisos con un reglamento de lo que se podía hacer. No salir armado fue un requisito y siempre consultado con el Ejército.
Posteriormente, en el proceso con el Epl, en 1991, se definieron catorce zonas, una para cada frente. Después fueron reducidas a seis y luego a una. En Pueblo Nuevo, Antioquia, se efectuó el desarme. Flor del Monte, Sucre, fue la población escogida como sitio de concentración de la Corriente de Renovación Socialista.
De una a 78 zonas
En el mismo punto se efectuó el desarme. Para el Quintín Lame fue escogido Pueblo Nuevo, en Caldono. Mientras en la Mesa de Togoima, Páez, Cauca, se realizó la dejación de armas.
En Caracas, en la negociación con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, en el año 1991, se definió una zona para cada frente de cada organización. Así, a las Farc, que entonces tenía poco más de sesenta frentes, le correspondieron sesenta zonas. Para el Eln, que tenía algo así como dieciocho frentes, se le dieron 18 zonas. En total había 78 zonas para la guerrilla. Todo ello autorizado por el Ministerio de Defensa Nacional.
En el Caguán no existió esa condición. Y para los diálogos que empezaron en el 2012 en Cuba no existía tampoco, porque no se estaba negociando en territorio colombiano
Pero la víspera del día en que se iba a hacer el anuncio, el Eln atentó contra el presidente del Senado, Aurelio Irragorri, y de esa manera se frustraron esos diálogos.
En la negociación del Caguán, en el gobierno de Pastrana, en 1998 las Farc pidieron cinco municipios: Mesetas, la Uribe, La Macarena, Vistahermosa y San Vicente del Caguán.
Se llamó Zona de Distensión, en cuya delimitación no podría haber agentes de seguridad del Estado. La delimitación era muy fácil, pues bastaba acudir a los límites municipales. En la negociación más reciente con las Farc, una vez evacuados todos los temas de contenido en 2016, se procedió a definir veintiséis zonas para los propósitos concretos de ubicación y reintegración. Fueron escogidas por una comisión integrada por representantes del Ejército y de las Farc.
Cuarto: dividir en dos la negociación. Un componente de la negociación se ocupa de temas militares, decretos y medidas de resorte del Ejecutivo. El otro es el tema político, que es del resorte de los partidos, el Congreso, y del gobierno también.
Quinto: el indulto. El Congreso expidió la Ley 77 de 1989, que reglamentaba la manera como podía otorgarse el indulto. Cuando planeábamos qué pasos había que dar para culminar el proceso de paz con el M-19, reparamos en el hecho de que estaba vigente el estado de sitio. Entonces el presidente Barco hizo una reflexión muy válida: “A usted y a mí nos van a recordar por haber hecho la paz con el M-19, pero llevemos al Congreso una ley para reglamentar el indulto. No nos pueden recordar como un gobierno que arbitrariamente perdonó al M-19. El Congreso puede ser una tortura, lleno de debates, de incertidumbres, etcétera, pero es lo que nos preserva a usted y a mí”.
Recuerdo la observación que le hice, en el sentido de que los narcos siempre habían buscado una amnistía o un indulto y, por tanto, el Congreso era un riesgo. Con todo, Barco se mantuvo en su idea. El procedimiento para otorgar el indulto era sencillo. En términos exclusivos solo se refería al M-19. La secretaria jurídica de Palacio tenía el listado de los desmovilizados y después de revisar los antecedentes judiciales el presidente procedía a otorgar el beneficio.
Ello evitaba que la mafia comprara su inclusión en las listas. Después se supo que Pablo Escobar tenía un carné del M-19, probablemente esperando obtener el indulto. Otros grupos armados pretendieron sacar ventaja. Un abogado entabló incluso una demanda que no prosperó. De los más de ochocientos que recibieron el indulto, en las cárceles quedaron menos de cien.
Inferioridad y barbarie
Habían cometido los delitos ‘colocando a las víctimas en condiciones de inferioridad’ y ‘con barbarie’, tal como rezaba el código penal.
Sexto: reinserción. Al cumplirse veinticinco años del proceso de paz con el M-19, en la plaza de Bolívar Antonio Navarro sacó quince lecciones del proceso de paz. En sus palabras: “En cuanto a la reinserción lo más importante es la educación. Hoy todos los antiguos guerrilleros del M-19 son bachilleres y algunos profesionales, elemento que posibilitó su integración a la vida civil”.
La quinta lección de ese listado fue que “el Estado debe hacer presencia integral en los territorios donde hacía presencia la guerrilla, o de lo contrario otro grupo armado tomará el control de ese territorio”.
Lo mismo que hoy, todo depende de la presencia del Estado de manera eficiente y permanente en los territorios, como quedó estructurado en la arquitectura del posconflicto, una vez firmada la paz final con las Farc.
Rafael Pardo, alto consejero para el Posconflicto.
Archivo / EL TIEMPO
Han pasado treinta años desde este primer proceso de paz hasta el que nos ocupa en el presente, el de las Farc. También quedan algunas lecciones del proceso de paz con ese grupo alzado en armas. Las mujeres y hombres de las Farc más representativos y conocidos no son jóvenes. Al terminar el periodo sin elección, en 2026, las curules que hoy tienen quedarán sometidas a las mismas reglas que aplican a todos los congresistas. (Los plazos sin elección son cinco en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes. Son dos periodos: el primero hasta 2022 y el segundo hasta 2026).
Por qué no decirlo: son viejos. Se impone una renovación en los cuadros directivos de las Farc, o al menos de sus candidatos al Congreso. Los jóvenes no son conocidos, o escasamente conocidos, y hacerse conocer es bien difícil. Ahí tienen un gran desafío.
Se trata de cambiar los fusiles por representación política legal. Las Farc tienen que abrir ese camino, es decir, el paso a la nueva generación de los colombianos que no han sufrido la guerra.
Deberían vincular a los líderes de las marchas, así no hayan pasado por la guerra. No dejar a esta exguerrilla reducida a zonas rurales y transformarla en una fuerza urbana significativa, con líderes extraídos de esa Colombia urbana que se movilizó en las marchas de 2019 con las que tengan sintonía.
Varios de los exintegrantes que han tenido éxito electoral en el M-19 son vigentes treinta años después. Son parte de la misma generación que los líderes de las Farc. La diferencia es que mientras unos llevan treinta años bregando a hacerse camino en la política, estos apenas llegan y con una edad avanzada.
A menos de dos días de la firma del acuerdo con el presidente Virgilio Barco, los colombianos votaron por Carlos Pizarro y por Vera Grabe; y votaron dos veces por Navarro: la primera vez como candidato presidencial, y sacó la tercera votación a nivel nacional; y para la elección de la Constituyente, en que sacó la más alta votación a nivel nacional, con 41 años de edad.
Es fundamental recordar que en el proceso con el M-19 hubo un grave incidente. Una vez el indulto había sido aprobado por el Congreso y surtido efecto sobre los integrantes del M-19, una jueza, Clemencia García de Useche, decretó que en el caso del Palacio de Justicia había que volver a juzgar a la cúpula del M-19. Rápidamente se formó una coalición para el caso en el Congreso, fue redactado un texto y presentado ante el mismo. El argumento esgrimido por la ley era el beneficio de cosa juzgada bajo el principio de favorabilidad. Eso se conoció como la ley de reindulto y la presentó Álvaro Uribe, quien fue ponente en el Senado. La política es dinámica. O contradictoria.
Uribe ayer, Uribe hoy
En el otro proceso, en el de las Farc, los del Centro Democrático desdicen de lo que años antes hizo su líder Uribe. Se han mostrado contrarios a la presencia de líderes de las Farc en el Congreso hasta que paguen con cárcel, así como con la justicia transicional, por la que tampoco han mostrado mayor simpatía.
En 2018, Uribe publicó una declaración que mostraba arrepentimiento porque no quería exculpar al M-19 de sus delitos. Demasiado tarde. Oportunista. Veintiséis años después de la ley de reindulto. Lo más importante hoy es que la reconciliación no se ve por ningún lado. La mitad del país odia a las Farc. Y de paso a Juan Manuel Santos por hacer el proceso con ellas. Aquí está el gran reto.
Las Farc tienen que cambiar el nombre del partido. A diferencia del nombre del M-19, que pasada la desmovilización se conservó, o del FMLN que aún hoy se conserva en El Salvador, hay una circunstancia peculiar en Colombia: las disidencias de las Farc, que conservan el nombre de la guerrilla. Reflexión final. Hablar del pasado es fácil. Como los directores técnicos de los lunes cuando ha pasado el partido. Tal vez las Farc tardaron demasiado buscando acumular poder y se les hizo tarde. Pero mejor antes que después.
Recordemos: cuando Navarro estuvo en las conversiones de Caracas les mostró a las Farc cómo fue el modelo con ellos. El comandante Alfonso Cano estuvo supercrítico y dijo que lo de ellos, lo de las Farc, sería muy distinto. Y aquí va mi punto: una de las diferencias fue la rapidez. Mientras el proceso con el M-19 duró catorce meses, el de las Farc se extendió por cuatro años, sin contar con la fase secreta que duró dos años más.
El tiempo es un factor clave en los procesos de negociación. Pero aún más cuando no hacer la paz a tiempo amenaza la vida de las nuevas generaciones.
RAFAEL PARDO RUEDA
(*) Consejero de paz durante la administración de Virgilio Barco Vargas (1986-1990).
