“Sin una vacuna, el contacto con los adultos mayores debe permanecer restringido tanto como sea posible. Sé que es difícil y que la soledad es deprimente. Pero hay vidas en juego”, dijo dos semanas atrás Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en una entrevista con Bild. “Los niños y los jóvenes tendrán pronto más libertad de movimiento que los ancianos y que las personas con enfermedades preexistentes”, aclaró.
Muchas de las medidas tomadas por los estados en todo el mundo para frenar el avance del coronavirus suponen cierto recorte de las libertades individuales. Algunos son leves, como cancelar los eventos multitudinarios. Otros son más extremos, como el confinamiento que dictó Jordania, que por un período llegó a prohibirle a la población salir a la calle a hacer compras básicas.
Es lógico. El virus se propaga con el contacto interpersonal, así que no hay manera de evitar el contagio masivo sin restringir la libertad de movimiento. Eso lo aceptan todas las sociedades, incluso las más democráticas. Pero el contrato tácito es que las restricciones van a ser temporales y acotadas. Sobre todo aquellas que vulneran derechos esenciales.
El problema es que todo indica que el SARS-CoV-2 no vino de visita, sino que llegó para quedarse. Eso implica que, hasta que no haya una vacuna, la amenaza seguirá latente, especialmente para la población vulnerable. Alrededor del 80% de los muertos por Covid-19 en el mundo son mayores de 65 años, así que no hay dudas de que son las personas más expuestas.
“Tendremos que aprender a vivir con el virus por muchos meses, probablemente hasta el año que viene”, dijo Von der Leyen en la nota con el periódico alemán. Su pronóstico es optimista. Muchos especialistas creen que faltan al menos 18 meses para que haya una vacuna al alcance de toda la población mundial. ¿Eso significa que los adultos mayores deberían permanecer aislados hasta fin del año que viene?
“Creo que no podrán permanecer confinados durante largo tiempo. Muchos de ellos pueden comenzar con procesos depresivos y su salud puede deteriorarse seriamente. Un fenómeno humano constituye un sistema cuyas modificaciones en una ámbito generan efectos en todas las otras dimensiones. Desde esta lógica, las soluciones que pensemos deberán contemplar los impactos en todas las áreas. Por ello, el aislamiento como medida preventiva no puede descuidar las otras dimensiones que están en juego, las afectivas, psicológicas, sociales, de género, económicas y ambientales, pero todas al mismo tiempo, y eso es lo realmente difícil”, dijo a Infobae Analía Abt, licenciada en Antropología Social por la Universidad Nacional de Rosario y máster en Antropología de la Medicina y Salud Internacional.
Los gobiernos están ante un dilema muy complejo. Por un lado, tienen el deber y la necesidad de cuidar la salud de la población. Por otro, deberían respetar el derecho de las personas a decidir cómo quieren vivir.
Es posible que muchos hombres y mujeres grandes, que ya no trabajan, prefieran quedarse en sus casas el tiempo que sea necesario, para reducir al mínimo la probabilidad de contagiarse. Pero no son pocos los que con más de 70 años son social y laboralmente activos, y no están dispuestos a dejar de serlo por tiempo indefinido, aún sabiendo que corren un riesgo. Para ellos, la vida es mucho más que respirar, y es inseparable del hacer y de compartir con otros.
Entre la protección y la coerción
El debate en torno a cómo articular estos objetivos contrapuestos está atravesando a muchos países en este momento, cuando se empiezan a relajar las estrictas medidas de confinamiento. En algunos, los gobiernos están priorizando la misión de proteger, olvidándose de las libertades individuales. En otros, los intentos de ir en esa dirección desataron fuertes reacciones sociales.
Serbia es uno de los ejemplos más radicales. Hasta mediados de abril, los mayores de 65 años estaban bajo un régimen de cuasi arresto domiciliario. Solo podían salir una vez a la semana a abastecerse de comida y de otras cosas que pudieran necesitar, pero en un horario muy acotado, bien temprano por la mañana. Días atrás, se los habilitó a salir hasta tres veces, para caminar y tomar aire.
“Parece extraño centrarse en los ‘viejos’ como si fueran un único grupo identificable. Hay un problema de definición: ¿cuál es el umbral que hace a una persona vieja? Señalar a los ancianos parece bastante burdo y la medicina ya ha dejado de categorizar a las personas según su edad cronológica. Quizás una política mejor, más justa y con mayor validez científica sería aconsejar a los ‘vulnerables’ que mantengan un control más estricto. Esto tiene la ventaja de que hace más hincapié en que el individuo utilice el buen juicio y el autocontrol de manera más coherente con la autonomía personal, lo cual parece preferible a una política dirigida a toda una categoría de personas bastante mal definida y arbitraria”, sostuvo el filósofo Simon Woods, profesor de bioética de la Universidad de Newcastle, en diálogo con Infobae.
En Argentina, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires trató de ir en un camino parecido al serbio. Desde el lunes, antes de salir a la calle —no tienen permitido salir porque sí, solo para adquirir bienes esenciales—, los mayores de 70 años están obligados a avisar a las autoridades, que entonces les otorgan un permiso con una vigencia de 48 horas.
La medida generó tanto rechazo entre la población afectada, que el Gobierno aclaró que no va a forzar su cumplimiento. De hecho, la resolución no estipula ningún tipo de sanción, lo que la vuelve voluntaria en la práctica. Pero es ilustrativa de cómo se está encarando la lucha contra la pandemia en el país.
La muestra más clara de que esa es la mirada dominante en la política argentina fue el respaldo del presidente Alberto Fernández, cuyo partido está en las antípodas del oficialismo porteño. “No tomen esto como un agravio o ataque a la libertad, sino como un modo de cuidarlos, el Estado los está cuidando”, dijo en una entrevista.
Nadie lo discute, el objetivo de estas medidas es proteger a los ciudadanos más vulnerables. Pero es falaz que no vulneren la libertad. La contradicción es innegable y lo más transparente es aceptarla. Para cuidar hay que limitar. Lo que los ciudadanos deberían decidir es cuánta libertad están dispuestos a ceder para ser protegidos.
“Los gobiernos pueden resolver este dilema de diversas maneras. Una de ellas es el paternalismo: restringir el derecho de un individuo a decidir cómo vivir para preservar la vida de ese individuo. Otra es la protección de los demás: restringir el derecho de un individuo a decidir cómo vivir para preservar la vida de otros. Creo que las políticas de protección de los demás son preferibles desde el punto de vista moral, aunque el paternalismo pueda ser a veces moral. Pienso que si uno asume los riesgos que implica su decisión, y estos riesgos solo le conciernen a sí mismo, entonces el Gobierno debería dejarle decidir, incluso si los riesgos incluyen la muerte”, dijo a Infobae Russell DiSilvestro, profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad Estatal de Sacramento.
En Francia se produjo un debate muy similar. Al anunciar que el 11 de mayo comenzaría a reanudarse la actividad, el presidente Emmanuel Macron puntualizó: “Pediremos a las personas más vulnerables, los ancianos, los discapacitados graves y los enfermos crónicos, que permanezcan confinados incluso después del 11 de mayo, al menos inicialmente”.
Ante el enojo que generó el mensaje en parte de la opinión pública, el Elíseo difundió una aclaración escrita el sábado pasado. “El Presidente no quiere que haya discriminación entre los ciudadanos después del 11 de mayo en el contexto de una flexibilización gradual de las medidas de confinamiento, y apelará a la responsabilidad individual de las personas”, decía el comunicado.
Fue otro ejemplo claro de la ciudadanía recordando a la política que no puede descuidar el impacto de las decisiones sanitarias sobre sus derechos. Algo que no solo olvidan los dirigentes, sino también muchos epidemiólogos y expertos en salud pública que aconsejan a los gobiernos.
Antes de que Macron suavizara su postura, Jean-François Delfraissy, que preside el comité científico que lo asesora, había sido contundente en una exposición ante el Senado. “Tendremos a la salida de la cuarentena a 18 millones de personas que corren el riesgo de infectarse y de desarrollar una forma grave de coronavirus. (Para ellos) continuaremos con la cuarentena”, dijo. “Quizás, mientras esperamos por una droga preventiva”, respondió cuando le preguntaron por cuánto tiempo.
“Normalmente, estoy del lado de aquellos que reclaman el derecho a vivir sus vidas como les parezca y tengo un sesgo a favor del derecho de los ancianos y de aquellos con condiciones preexistentes a continuar con sus vidas en público. He construido mi carrera en torno a la afirmación de que es irracional esforzarse por vivir de una manera que maximice la salud al precio de limitar el bienestar en otras esferas de la vida. Dicho esto, el Covid-19 plantea peligros para los demás. Todas las políticas públicas reconocen algunos límites a la libre elección individual cuando el comportamiento plantea serias amenazas a los otros. Al ir a un lugar con mucha gente o al socializar con sus nietos, cualquiera puede propagar una enfermedad muy grave”, explicó Robert Veatch, profesor emérito de ética médica del instituto KIE de la Universidad de Georgetown, consultado por Infobae.
Estas discusiones también están presentes en el Reino Unido, aunque de manera más desordenada. La internación en terapia intensiva y la posterior convalecencia del primer ministro Boris Johnson sumieron al gobierno en una profunda confusión.
El 7 de mayo culmina el confinamiento y no está claro si se va a prorrogar, ni en qué condiciones. Tampoco qué va a pasar con los adultos mayores. Un ministro consultado fuera de micrófono por The Mirror dijo que el público iba a tener que acostumbrarse a la idea de “no poder ver a la abuela por 18 meses”. Otro integrante del gabinete dijo que “la gente no quiere ser la razón por la que se enfermaron la abuela o el abuelo”, pero aclaró: “Esto se hará más difícil cuanto más tiempo pase, y dudo que puedan estar demasiados meses detrás de los demás”.
Es cierto que cuando le preguntaron en una rueda de prensa, Patrick Vallance, jefe del grupo de consejeros científicos del gobierno, minimizó la posibilidad de tomar una decisión tan drástica. “El objetivo es no segregar a ciertos grupos”, afirmó. Habrá que esperar unas semanas para ver cuál es el camino elegido.
Lo cierto es que una de las pocas líderes mundiales que expresó con firmeza una posición diferente a la muchos de sus pares fue Angela Merkel, canciller de Alemania, donde ya se empezaron a relajar algunas de las medidas de aislamiento más estrictas. “Encerrar a nuestros mayores como estrategia de salida a la normalidad es inaceptable desde el punto de vista ético y moral”, afirmó.
“Creo que en circunstancias normales el Estado no debería tener el poder de decidir las prioridades de la gente. Pero estas no son circunstancias normales, por lo que tenemos que pensar más cuidadosamente en lo que es moralmente permisible y lo que no. La mayoría de los confinamientos tienen como objetivo limitar el contacto interpersonal a las personas de un mismo hogar. Esto impide que los ancianos que viven separados de sus hijos y nietos los vean, lo cual podría impedirles a algunos ver a sus familiares por última vez. Eso es inhumano y, pienso, injustificado. Un mejor enfoque sería permitirle a la gente visitar a sus familiares mayores, siempre que se queden en el lugar, y siempre que todos entiendan los peligros que esto conlleva. Entonces, la gente podría tomar sus propias decisiones sobre el riesgo que desea correr”, dijo a Infobae el filósofo James Stacey Taylor, profesor de ética aplicada en The College of New Jersey.
“Y creo que los mayores activos, que tienen buena salud y siguen trabajando y socializando, deben ser tratados igual que cualquier otra persona —continuó—. Aquí veo al gobierno actuando más como un agente coordinador que imponiendo valores a sus ciudadanos. Por supuesto, si están en riesgo, se deberían tomar medidas que los ayuden a mitigarlo, como ofrecerles horarios especiales para ir de compras”.
Las consecuencias de la libertad
Si el consumo de alcohol es legal, sin ningún tipo de límite, pero está prohibido manejar alcoholizado, es porque todos aceptan que se cercenen las libertades cuando estas ponen a otros en peligro. Si alguien se emborracha solo se expone a sí mismo. Pero, si conduce un auto en ese estado, se convierte en una amenaza para otros.
Por esa razón, es evidente que el Estado debe restringir al máximo la libertad de movimiento de quienes están infectados con el virus. Porque si entran en contacto con otras personas, pueden contagiarlas, con los dramáticos efectos que eso puede tener para su salud.
Pero si alguien tiene 80 años o una enfermedad que lo vuelve más vulnerable a los efectos del coronavirus, pero no está infectado, en principio solo se pone en riesgo a sí mismo. Entonces, por qué, si tiene permitido alcoholizarse o fumar, no se le permitiría salir a la calle y entablar relaciones con otros, cuando la única consecuencia sería enfermarse.
“La salud humana, ya sea la de una persona o de una población, implica siempre una dimensión social en la medida que necesita de otros. Si aplicamos este razonamiento al riesgo que asumo como adulto mayor de manera supuestamente individual en el marco de la pandemia, vemos que la respuesta no cambia: otros deberán hacerse cargo de mi salud y cuidados si me infecto. Aquí nos encontramos nuevamente con la dimensión social de mis decisiones, además de los contagios que pueda generar, que también nos llevan a la dimensión de la responsabilidad y la salud colectiva. La hipótesis del falso riesgo individual conlleva un alto riesgo social”, sostuvo Abt.
Uno de los argumentos de quienes reclaman restricciones para los integrantes de los grupos de riesgo es que tienen mayores probabilidades de desarrollar síntomas graves, que requieran internación y cuidados intensivos. Por ende, si miles salen y se contagian, el sistema de salud podría colapsar. En ese escenario, el peligro es que terminen muriendo personas con Covid-19 o con otras patologías que, con la debida atención, podrían haberse salvado.
“En mi trabajo en bioética, he pasado mucho tiempo atacando el comportamiento moralmente sospechoso de los médicos que actúan de forma paternalista, corrompiendo el seguro médico para su propio beneficio —dijo Veatch—. Pero me han conmovido las historias de médicos y, especialmente, las de enfermeros con salarios bajos, que hacen enormes sacrificios para intentar salvar a los pacientes. Todos nosotros les debemos a estos héroes la obligación de minimizar el peligro que afrontarán para cuidar a los enfermos. Lo menos que puede hacer la gente es hacer un esfuerzo de buena fe para evitar exponerse al virus. Dado que los ancianos representan un riesgo aún mayor, tienen una obligación superior de evitar imponerles una carga extra”.
Esto revela la complejidad de las decisiones que tienen que tomar los gobiernos, que deben sopesar intereses y objetivos contrapuestos. Y contestar una pregunta que no suele tener una respuesta taxativa: cuánto sacrificio se justifica pedirle a un grupo determinado en beneficio del bien común.
La duración de las medidas es clave en este punto. Una cosa es pedirle a una persona que se quede uno o dos meses en su casa. Otra muy distinta es pretenderlo por un año o más, particularmente cuando se trata de personas que están en el tramo final de su vida.
“Pedirle a cualquier persona que ‘renuncie’ a cualquier año de su vida es algo serio —dijo DiSilvestro—. Sin embargo, si Adán fuera la única persona del planeta, pedirle que ‘renuncie’ al año siguiente de su vida quedándose en su casa es menos grave que pedirle que ‘renuncie’ a ese año muriendo por el virus. Pasar del paternalismo a la protección de los demás multiplica esto. Es muy serio pedirle a Adán que ‘renuncie’ a su último año de vida quedándose adentro, pero si eso le permite a Eva no ‘renunciar’ a su último año muriendo por el virus, probablemente valga la pena. Por lo tanto, una forma de enmarcar las cosas es preguntar: ¿qué políticas les piden a más personas que ‘renuncien’ a más años de sus vidas, y de qué manera les piden que ‘renuncien’ a esos años?”.
Hay países que tienen la “ventaja” de no estar ante estos dilemas. Cuando fracasaron sus intentos de ocultar el brote y se decidió a actuar, China pudo elegir la manera que consideraba más efectiva para frenar la propagación sin necesidad de preocuparse por respetar los derechos de sus ciudadanos. Es evidente que así es mucho más fácil contener una epidemia —aunque no está claro si lo logró—.
Coordinar una respuesta que abarque al conjunto de la población es mucho más arduo en países democráticos. Es el precio de la libertad. Pero la mayoría de las sociedades lo pagan con gusto, porque consideran que es mejor vivir con ella que sin ella, a pesar de sus riesgos.
Por eso, una sociedad verdaderamente democrática debería, al menos, dejar de lado el paternalismo. Si los gobiernos consideran necesario recortar libertades para evitar un mal mayor, deberían reconocerlo abiertamente, no disimularlo con eufemismos. Y las medidas deberían estar justificadas en la necesidad de proteger a la mayoría de las potenciales consecuencias negativas de ciertas acciones individuales, no en el supuesto deber de cuidar a las personas de sí mismas, como si fueran infantes.
Por otro lado, los ciudadanos deberían tener la posibilidad de hacerse cargo de las consecuencias de la libertad que exigen. Si personas mayores o con otras complicaciones de salud contraen el virus y se enferman gravemente, como resultado de haberse expuesto a sabiendas del riesgo que corrían, deberían contemplar hasta qué punto tiene sentido que contribuyan al colapso del sistema de salud. Es lo que sucede en Holanda, donde muchos pacientes con pronóstico negativo optan por recibir cuidados paliativos en vez de ir a una sala de terapia intensiva para ser conectados a un respirador artificial. No es solo una forma de solidaridad con aquellos que tal vez tengan mayores probabilidades de sobrevivir. Es también una forma de decidirse por una muerte más apacible, sin pasar por un tratamiento altamente invasivo como una intubación.
“Como alguien que cree en las virtudes de la atención sanitaria proporcionada por el Estado, tengo un sesgo que me lleva a pensar que todos tienen derecho a un acceso igualitario a la mejor atención sanitaria. Pero eso no significa que cada ciudadano tenga derecho al mismo paquete de recursos que cualquiera. Además, las personas tienen ciertas facultades para decidir por sí mismas, por ejemplo, firmando denegaciones de tratamiento legalmente válidas. El atractivo de este enfoque es que obliga a los individuos a sopesar las consecuencias de sus actos y a pagar el precio de esas consecuencias”, concluyó Woods.
