Redacción BL 
La mayoría de los 33 hombres que estuvieron 69 días atrapados en una mina querellaron al fisco de Chile aduciendo que no se controlaron las condiciones del lugar antes del accidente
"Aquí lo que queremos es que se nos reconozca lo que pasamos en el fondo de la mina", declaró el minero Luis Urzúa al confirmar la presentación judicial, que pide una indemnización de más de medio millón de dólares para cada uno de los 31 trabajadores que se sumaron a la demanda.
"Nosotros solamente representamos lo que hemos decidido los 31, que se nos reconozca todo lo que sufrimos y sufrieron nuestras familias", explicó Urzúa. "Esto no tiene nada de político, es en contra de Estado y no del gobierno", agregó.
El abogado que representa a los mineros, Edgardo Reinoso, presentó la querella a través de una procuradora en un juzgado de Santiago, en la que exige al Estado chileno una indemnización de 540 mil dólares para cada uno de los 31 trabajadores, lo que suma un total de más de 15,5 millones de dólares, según una fuente judicial.
Los demandantes acusan al Servicio Nacional de Geología y Minas (Sernageomin)de no haber inspeccionado previamente las condiciones laborales y de seguridad en la mina San José, donde trabajaban cuando quedaron atrapados.
Según el minero Claudio Yáñez, el yacimiento ya había sido clausurado anteriormente y registraba numerosos accidentes. "Todos saben que en 2005 y en 2007 hubo dos muertes en esta mina y desde entonces ya fue peligrosa, siempre ha sido peligrosa esa mina", declaró al canal CNN Chile.
Paralelamente, 14 de los 33 mineros pidieron al gobierno recibir pensiones anticipadas, debido a las secuelas físicas y psicológicas que les dejó el accidente, y se espera que el presidente Sebastián Piñera decida si se las concede o no antes del fin del mes de julio.
En la actualidad, la mina San José permanece cerrada a la espera de que sus dueños salden las deudas contraídas tras el rescate, que se concretó 69 días después del derrumbe, el 13 de octubre de 2010, en una espectacular operación que costó al Estado chileno unos 20 millones de dólares.
