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Medida de internamiento preventivo para dos adolescentes presuntamente responsables de portar armas de fuego

por Redacción BL
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En la fotografía aparecen dos hombres de espalda vestidos con camiseta blanca y jean, custodiados por dos uniformados de la Policía Nacional. Detrás de ellos hay un pendón de esa institución y delante de ellos se encuentra una mesa con mantel verde que tiene en la parte superior un arma de fuego.

Tras avalar los elementos materiales probatorios aportados por una fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes de la Seccional Bolívar, un juez de control de garantías impuso medida de internamiento preventivo en contra de dos menores de 16 y 17 años, presuntamente responsables del delito de fabricación, tráfico o porte de arma de fuego.

A los jóvenes les fue incautada un arma de fuego con cinco cartuchos aptos para disparar.

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de julio, en el barrio Olaya Herrera de Cartagena (Bolívar), donde la comunidad alertó a las autoridades de la actitud sospechosa de dos adolescentes que se desplazaban en una motocicleta en reiteradas ocasiones por el mismo lugar.

Al notar la presencia de los uniformados de la Policía Nacional, los menores se dieron a la huida, pero fueron aprehendidos momentos después. Durante la requisa les fue encontrada un arma industrial con seis cartuchos aptos para disparar.

Durante las audiencias concentradas ambos hombres aceptaron su responsabilidad en el delito imputado por el ente acusador.

Esta información se publica por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

 

 

 

MEVA/MG/ICHS/DSB

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004. 

 

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