Como parte de las medidas de alivio a los consumidores y hogares del país, pero también buscando garantizar el acceso a las redes de telecomunicaciones durante el período de emergencia económica, el Gobierno adoptó medidas dirigidas a los millones de usuarios de telefonía móvil.
Para ello, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) expidió ayer el decreto legislativo 540, con efecto inmediato, bajo el cual los planes móviles de voz y datos, de hasta 71.214 pesos mensuales (dos Unidades de Valor Tributario), quedarán sin IVA por los próximos cuatro meses.
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Dicha medida también flexibiliza los trámites y licencias para el despliegue de infraestructura por parte de los operadores, ya que habrá un trámite prioritario de 10 días en el que las entidades correspondientes podrán dar la autorización, y si luego de este tiempo no ha habido respuesta (silencio administrativo positivo), quedarán autorizados. La norma, calificada por el ministerio como una “medida de asequibilidad al servicio”, busca que la población con planes que estén en ese rango cuente con alivio económico durante la emergencia y pueda acceder al servicio.
Según el decreto, la exención del impuesto deberá verse reflejada en las facturas de los usuarios y, de acuerdo con la entidad, su aplicación será automática en la facturación por parte de los operadores.
No obstante, otras medidas esperadas por la gente y las empresas, como la que reglamenta la congelación de los aumentos de los arriendos (los pagos siguen vigentes, y si hay dificultades, las partes deben llegar a acuerdos), el aplazamiento del pago de los aportes a pensiones, los recursos para el pago de nómina de pequeñas y medianas empresas y el impuesto a los salarios altos de funcionarios públicos (más de 10 millones de pesos), siguen pendientes.
Fuentes consultadas por EL TIEMPO indicaron que una de las razones de la demora es que cada decreto legislativo, al llevar la firma de los ministros del gabinete, debe recibir un concepto jurídico de los asesores legales de cada una de estas entidades.
En el caso de los arriendos, el presidente de Fedelonjas, Daniel Vásquez Franco, señala que el llamado ha sido a que los arrendatarios que no hayan tenido afectación están en la obligación de seguir pagando, mientras que aquellos que sí han sido afectados deben buscar acuerdos que reconozcan esta situación, para llegar a un pacto que realmente se trate de beneficiar a ambas partes, pues para un número importante de personas el arriendo es su única fuente de ingreso.
1. Hay que balancear en el caso de arriendos
Según conoció EL TIEMPO, la elaboración del decreto ha tomado mayor tiempo por las complejas implicaciones económicas para las partes y el dilema que ello representa. Mientras que en el país hay 5,6 millones de hogares que viven en arriendo (15 millones de personas), en el otro lado de la balanza hay miles de propietarios cuyo único sustento es la renta que reciben de sus inmuebles.
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Según el Ministerio de Vivienda, se calcula que el 82 por ciento de los arriendos está en cabeza de los estratos 1, 2 y 3 (un 52 por ciento son informales), mientras que Fedelonjas estima que el 85 por ciento de los propietarios viven de lo que reciben de sus arriendos.
2. Salarios altos tendrán impuesto
Un impuesto solidario, que recaiga sobre los salarios superiores a 10 millones de pesos en el sector público, el cual se mantendría durante meses, es otro de los decretos pendientes que podrían salir en esta semana.
En este caso también hay expectativa, puesto que, inicialmente, se habló de retener a los empleados del Estado entre un 10 y un 15 por ciento, pero luego se mencionó un rango entre 4 y 15 por ciento, lo que sugiere que podría haber impuesto para ingresos inferiores a 10 millones.
El lunes, la Confederación General de Trabajadores (CGT) lanzó la idea de extender la medida también a los salarios altos en el sector privado, propuesta que pidió estudiar.
3. Congelamiento al aporte pensional, tema que genera alta sensibilidad
El decreto para hacer realidad la propuesta lanzada por el Gobierno de congelar el aporte pensional en el porcentaje que le corresponde tanto al empleador como al empleado es uno de los más esperados.
La letra menuda es lo que importa en este tema, que es de alta sensibilidad para los trabajadores del país, pues se trata de su ahorro para la vejez. De ahí la tardanza en emitirlo. Por ahora, se sabe que el congelamiento de dicho aporte se mantendrá por dos meses.
También se ha estimado que tendría un costo adicional para el fisco de 1,5 billones de pesos, y que los trabajadores deberán extender su tiempo laboral (dos meses más) una vez cumplan los requisitos para jubilarse. Con el decreto, quedará vigente un descuento, tanto para el empleado como para el empleador (3 por ciento entre los dos), a fin de cubrir el seguro previsional, por riesgo de invalidez o muerte del cotizante.
4. La nómina de las mipymes, asunto de subsidios en lugar de créditos
La fuerte presión que está haciendo el gremio de las micro, pequeñas y medianas empresas, Acopi, para tratar de cambiar el rumbo de lo anunciado hasta ahora por el Gobierno como salvavidas a las mipymes más vulnerables para que protejan el empleo sería parte de lo que está demorando la expedición del decreto en este sentido.
La solución propuesta que ha conocido el gremio es que obtendrán créditos para pagar parte de la nómina de un sector que genera 17 millones de puestos de trabajo, de los cuales, los más vulnerables son alrededor de 5’570.036 (estos serían los que se cubrirían con los créditos).
No obstante, Acopi ha puesto sobre el tapete la idea de que sean subsidiados totalmente, durante 3 meses, para pagar la nómina, pues “no estamos produciendo”. La dirigente gremial sostuvo que “ese camino fue el elegido en un país como Dinamarca”.
Por: Economía y Negocios
