Han pasado ya algunas semanas desde que la Misión del Mercado de Capitales presentó al público los términos generales de sus recomendaciones, que deberán servir como la hoja de ruta de las reformas que requiere la modernización del mercado financiero colombiano en los próximos años.
(Lea: Construyamos el futuro del mercado de capitales)
Con los ejes temáticos e impactos iniciales más decantados, se destaca un objetivo recurrente y transversal a lo largo del documento: la creación de herramientas que contribuyan a la consolidación de un mejor sistema financiero en beneficio del público.
(Lea: Entregan recomendaciones de la Misión del Mercado de Capitales)
Vale la pena profundizar entonces en el impacto tangible que se espera tengan algunas de las recomendaciones contenidas en la Misión. En otras palabras, cómo se puede traducir el nuevo marco propuesto en un mejor sistema financiero para el público.
(Lea: El futuro del mercado de capitales en Colombia)
Desde la perspectiva del enfoque por actividades y no por tipo de entidades, se pueden prever dos impactos relevantes: el primero de ellos está asociado con una medición más adecuada del riesgo.
El cambio de paradigma genera el marco propicio para entender y desglosar mejor cuáles son los riesgos específicos que representan las diferentes actividades del sector financiero (por ejemplo otorgar crédito, administrar activos de terceros, realizar la custodia de valores, entre muchas otras) y en esa medida permite establecer unas nuevas reglas de juego en aspectos sensibles como el capital requerido, los estándares operativos y tecnológicos con los que deben contar las entidades para ofrecer determinado producto o servicio en función del riesgo que representa y no del tipo de entidad que lo provee.
En ese sentido, el consumidor tiene la tranquilidad de que la entidad que le presta el servicio cumple con los requisitos y tiene la capacidad de hacerlo y existe una mayor claridad acerca de los deberes y los grados de responsabilidad que asumen las entidades en función del producto que venden o el servicio que prestan.
El segundo punto tiene que ver con la oferta de productos. El mapa de potenciales oferentes de determinados productos podría cambiar significativamente y se abre el espectro para que entidades que anteriormente no tenían autorización para realizar una actividad, debido a su naturaleza jurídica, puedan aspirar a hacerlo.
La consecuencia más relevante para el público será contar con una oferta más amplia de productos y por ende, aprovechar los beneficios típicos de la competencia: más opciones, mejor calidad y mejores precios.
Con certeza, la nueva lógica del mercado despertará la creatividad de las entidades financieras, que podrán revaluar su oferta de productos y el público al cual están dirigidas en el nuevo entorno de competencia que enfrentan.
La generación de economías de escala a diferentes niveles será la clave para ofrecer mejores precios y hacer viable la distribución de determinados productos en segmentos de la población para los que anteriormente no era posible.
Si el público objetivo crece, los costos asociados al diseño y funcionamiento de los productos se pueden distribuir en un mayor número de usuarios y un mayor volumen de activos, y en consecuencia los precios podrán ser más competitivos de cara al cliente.
Al final, el usuario será el principal beneficiado con más y mejores opciones para escoger, probablemente con menores costos y con la confianza de un marco regulatorio apropiado que protege sus intereses.
Otra perspectiva interesante de las recomendaciones formuladas por la Misión es la creación de un ambiente (regulatorio y operativo) propicio para la especialización. Si las entidades financieras se pueden dedicar a las actividades que verdaderamente le apuntan a su enfoque estratégico, con certeza harán una mejor tarea y asignarán de una manera más eficiente sus recursos.
Nuevamente, el usuario final será el principal beneficiado de esta dinámica, en la medida en que las entidades le puedan trasladar parte del beneficio, tanto económico como a nivel de productos y servicios.
Bajo este escenario, entonces es importante entender que una de las claves será definir con claridad la interacción entre los diferentes actores de la cadena, así como sus deberes y responsabilidades, no solo frente a los demás eslabones de la cadena, sino también respecto a las autoridades y al público.
Por otra parte, vemos que las instituciones especializadas en proveer servicios “tercerizables” a las entidades financieras tienen un reto interesante para diseñar productos y servicios acordes a la nueva estructura de mercado, en la que tanto la regulación como la infraestructura permiten la contratación de proveedores especializados para un mayor número de actividades, bajo la premisa de un marco claro de deberes y responsabilidades entre las partes y de éstas hacia el regulador y los clientes.
Lo anterior, alimentará el círculo virtuoso de eficiencia tecnológica, operativa y de procesos, de la que seguramente también se van a beneficiar los clientes finales, que podrán contar con mejores productos y con una reducción en los costos, derivada de la eficiencia operativa que logran las entidades financieras a través de la tercerización.
No cabe duda de que esta es una ecuación gana-gana.
El público contará con más alternativas a mejores precios. La competencia y la especialización estimularán la innovación y la eficiencia, lo que redundará, en un mercado más moderno y capaz de responder mejor a las necesidades de sus clientes.
Finalmente, es relevante considerar que, para llegar a feliz término no es suficiente el compromiso de los responsables de crear el marco normativo adecuado para implementar los cambios.
También la infraestructura y las entidades financieras y de servicios deberán alinearse para que este nuevo modelo se traduzca en un mejor mercado financiero para todos, que es el fin último del ejercicio realizado por la Misión.
Claudia Calderón
Head of Hispanic Latam para BNP Paribas Securities Services
