Ante la crisis generada por la escasez de medicamentos, el Tribunal de Administrativo Cundinamarca emitió este lunes una medida cautelar de urgencia para el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).
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La decisión se dio horas antes de que Cruz Verde anunciara que suspenderá suministro de medicamentos a la EPS Sanitas no incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), situación que avivó los temores de una eventual escasez para otras empresas prestadoras de salud.
Ante la decisión del alto tribunal, el Ministerio de Salud y el Invima deberán tomar medidas y presentar un plan para «asegurar la disponibilidad de los medicamentos priorizados por el Ministerio de Salud y Protección Social y de los demás principios activos que presentan una oferta insuficiente frente a las necesidades de la población».
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También insta a ambas entidades a «priorizar el trámite y resolución de las 27.904 solicitudes de registro de medicamentos que cursan ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, que se encuentran pendientes, a fin de garantizar la disponibilidad en los canales institucionales y comerciales».
Guillermo Jaramillo, ministro de Salud.
Y finalmente a «definir las estrategias para facilitar el acceso a la materia prima requerida para la fabricación de medicamentos».
Para presentar dicho plan de medidas, las entidades tienen 10 días a partir del 30 de octubre, que fue cuando se emitió y notificó la decisión judicial.
“Dicha situación preocupa, principalmente, por la falta de disponibilidad de múltiples
principios activos clave para garantizar el adecuado tratamiento de personas con
condiciones crónicas, especialmente en lo que tiene que ver con medicamentos
para trastornos mentales, antibióticos y analgésicos”, señala la decisión del órgano judicial.
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Desde antes de la llegada del nuevo Gobierno, Colombia venía atravesando una fuerte crisis de desabastecimiento y escasez de medicamentos que vio su pico más grave en marzo de este año, cuando según datos del Invima había novedades en el abastecimiento de 1.242 principios activos.
Esta situación venía generada por diferentes factores como la afectación a las cadenas de suministros, el incremento de la demanda, los problemas comerciales entre fabricantes y distribuidores, la falta de entrega oportuna de los pedidos a los gestores, trámites en curso en Invima y problemas de adquisición de materias primas, entre otros.
Tras varias mesas técnicas en las cuales han participado gremios, EPS, entidades gubernamentales, farmacéuticas, gestores farmacéuticos y otros actores claves en la dispensación y producción de fármacos, el país llegó, según el reporte más reciente del Invima de inicios de este mes, a apenas 245 principios activos bajo las categorías de monitorización en riesgo de desabastecimiento o desabastecido.
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Sin embargo, la emergencia no se ha acabado. De hecho, la Procuraduría decidió abrir investigación disciplinaria contra el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo; la directora de Medicamentos y Tecnología en Salud, Claudia Marcela Vargas Peláez, y la exministra Carolina Corcho, por la presunta omisión del cumplimiento de funciones con relación a la escasez de medicamentos que se ha visto durante 2023.
Según aseguró el ministro Jaramillo, actualmente el país tiene cómo atender la demanda de medicamentos y solo se presentan casos específicos de desabastecimientos en productos que no se encuentra su versión comercial, sino genérica.
PORTAFOLIO
Con información de Unidad de Salud
