Los empresarios colombianos propusieron ayer que el Banco de la República le otorgue al Gobierno un crédito de entre 30 y 50 billones de pesos a un plazo de 30 a 50 años por una única vez, para enfrentar la aguda crisis que vive el país por la pandemia.
Los recursos serían destinados a un plan de salvamento empresarial que permita sacar de forma consistente a la economía de su peor momento.
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La propuesta la hizo Bruce Mac Master, presidente de la Andi, durante la instalación del 5to. Congreso Empresarial Colombiano y la Asamblea Nacional número 76, que realiza el gremio de forma virtual por primera vez en su historia.
Explicó que el crédito se usaría, principalmente, para crear un Fondo de Salvamento y Rescate, con el cual, a través de entidades como Bancóldex, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), Finagro y el Banco Agrario, se capitalicen empresas en problemas.
Así las cosas, con esos recursos el Estado compraría bonos convertibles en acciones de empresas y en la capitalización directa de las mismas de manera temporal, con lo cual se evitaría la quiebra de estas y que los accionistas pierdan su patrimonio.
Mac Master reconoce los riesgos que tendría un préstamo de esa naturaleza para la credibilidad y sostenibilidad fiscal del país, pero recordó la buena disciplina que ha mantenido Colombia con el pago de sus obligaciones, por lo que dijo “vale la pena gastarnos todos los cartuchos”.
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Y agregó que esto no exime al país de la necesidad de acometer las reformas que se requieren (electoral, política, tributaria, pensional y laboral, entre otras).
Algunos analistas consultados coinciden en que esta propuesta no es conveniente, pese a que Colombia es uno de los pocos países que permite estas operaciones.
Medida inconveniente
“Utilizar esa herramienta puede tener efectos contraproducentes con los inversionistas extranjeros, generando una salida masiva de los mismos ante los riesgos de que el país opte por esta estrategia de forma permanente para financiar sus déficit fiscales”, advierte Munir Jalil, economista en jefe para la región Andina del Banco BTG Pactual.
Mauricio Santamaría, presidente del centro de estudios Anif, dice que este es un recurso de última instancia y que por ahora no se necesita.
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Mientras, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, dice que esto pondría en entredicho la credibilidad fiscal del Gobierno, pues implicaría acudir a un mecanismo de última instancia para aumentar la deuda en 5 por ciento del PIB, cuando este año el déficit fiscal será el más alto de la historia y la deuda superará el 65 por ciento del PIB.
Agrega que, además, “el Estado no es buen administrador de empresas, no tiene la experiencia para gerenciarlas y su capacidad de gestión debe enfocarse en aquellas pocas en donde es necesario el rol del gobierno por fallas de mercado o intereses particulares de política pública”.
Por su parte, Andrés Langebaek, director de Estudios Económicos del Grupo Bolívar, advierte que, además de necesitarse del voto unánime de todos los miembros de la junta del Emisor, esto dejaría la puerta abierta a que hoy se conceda un crédito y en unos meses otro y el próximo año otro.
“Son muy pocos los países que en la actual coyuntura han adoptado medidas de este tipo y la verdad estas experiencias no han sido bien vistas ni por las calificadoras ni por el mercado, pues pueden ser objeto de abuso por diferentes gobiernos”, puntualizó.
Señales de recuperación
Y mientras la Andi planteaba esa idea, Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, advertía en el mismo evento que la economía ya había tocado fondo y se comenzaban a ver señales de recuperación e insistió en que el futuro de la economía y su reactivación dependen, en gran medida, de las decisiones fiscales que se tomen, señales que serán fundamentales para los mercados internacionales.
Unas malas decisiones, una mala transmisión de la política fiscal afectan el ambiente inversionista y este, sin lugar a dudas, es el motor para la recuperación del sector
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“Unas malas decisiones, una mala transmisión de la política fiscal afectan el ambiente inversionista y este, sin lugar a dudas, es el motor para la recuperación del sector privado, del tejido empresarial y la economía”, advirtió.
En ese sentido, Carrasquilla señaló que hay un plan de reactivación bastante exigente, que comienza por una reducción de los gastos de emergencia, una vez se normalice la actual situación y la revisión de las exenciones tributarias, que para el 2018 representaban el 8 por ciento del PIB.
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Dicho plan incluye tres componentes: el apalancamiento de la inversión pública y privada; el crecimiento potencial y la generación de empleo, aspecto en el cual el país el país luce cifras ‘aterradoras’.
Comentó que para llevar a cabo ese plan el Gobierno los instrumentos con que se cuenta son los regulatorios, las iniciativas legislativas, las decisiones de gasto público y la política fiscal.
Por: Economía y Negocios
