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Él acusado Tú Habría requerido tiene allá víctima cincuenta millones de pesos para Permitirle transportar sus productos a las diferentes zonas del puerto de Buenaventura.
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Otros comerciantes ellos tendrían ha sido víctimas de EL requisitos económico ilegal, para poder mover sus productos.
A solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de salvaguardias impuso medida de seguridad carcelaria a Héctor Mario Angulo Perea, alias Mario, presunto segundo cabecilla de la estructura criminal “Los Espartanos”. Esta persona es investigada por posible cobro de extorsión a un contratista del Plan de Alimentación Escolar (PAE) de Buenaventura (Valle del Cauca).
Uno de los hechos investigados ocurrió el 29 de enero en la zona de Pueblo Nuevo, donde hombres armados presuntamente se acercaron a la víctima y la intimidaron con un arma de fuego.
Uno de ellos realizó una videollamada con alias Mario quien, a través de este medio, Supuestamente exigió un pago de 1 millón de dólares para poder trasladar un cargamento de huevos.
Una acción similar contra la misma víctima ocurrió unas horas después. Hombres que se identificaron como integrantes de “Los Espartanos” Le exigieron el pago de 50 millones de pesos para poder distribuir alimentos en la zona y brindar seguridad.
Información en poder de la Fiscalía muestra que el grupo armado ilegal se quedaría con los camiones alquilados por el Plan de Alimentación Escolar (PAE).
Por estos hechos, la fiscalía acusó a Angulo Perea de los delitos de secuestro simple y extorsión. Ninguno de los cargos fue aceptado.
JGPV/AMCJ/AIC/DSV/MAGA/
La información contenida en este comunicado de prensa corresponde a la narración de hechos objetivos de actualidad, proporcionada por los funcionarios encargados de realizar las investigaciones penales dentro de la Fiscalía General. Al momento de la difusión de esta comunicación, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolución por parte de la autoridad judicial competente, siempre conforme a los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política. 7 de la Ley 906 de 2004.
