Redacción BL
Ya son 24 los militares libres por vencimiento de términos en este tipo de casos.
Juez segundo municipal de Soacha explica los motivos de la decisión
Alejandro Ordóñez, en entrevista con ‘La W Radio’, aseguró que las autoridades que ejercen control frente a funcionarios judiciales deben determinar la responsabilidad sobre quienes permitieron esas decisiones, que hoy tienen tras las rejas a 24 militares investigados por las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes de Soacha.
«Es un escándalo para nuestras instituciones, para la credibilidad, internacionalmente y ello implica una debilidad en nuestras instituciones y para la administración de justicia», dijo Ordóñez.
Añadió que la morosidad que generó la pérdida de tiempo con la no solución del conflicto de jurisdicción permitió esas decisiones. Esa decisión estuvo en manos del Consejo Superior de la Judicatura, que tardó 4 meses cuando la urgencia en el proceso era manifiesta. Por eso no descartó que se haga una reflexión de fondo en la Judicatura, al que expertos han planteado en anular esa institución. «Hay que tomar decisiones para devolverle la credibilidad institucional a la Judicatura (…) es necesario reflexionar en aspectos lacerantes para la justicia».
En total, en las últimas dos semanas, 24 uniformados han recobrado la libertad luego de que dos jueces establecieran que se pasaron los 90 días previstos en la ley para que la Fiscalía los llamara a juicio en una audiencia oral.
Al igual que en la diligencia de ayer, los abogados argumentarán que han pasado entre 214 y 217 días sin que la Fiscalía llame a juicio a los militares.
El juez segundo penal municipal de Soacha con control de garantías Fernando Sarmiento señaló que en la primera libertad concedida el 30 diciembre pasado al mayor Henry Mauricio Blanco por los mismos motivos las cuentas iban en 93 días (el plazo máximo es de 90) por lo que en este caso los términos también se rebasaron.
En ese caso, según dijo, influyó que el Consejo Superior de la Judicatura tardara un mes en dar traslado al juzgado especializado de Cundinamarca la decisión de que fuera ese despacho el que llevara el proceso. «Para mí es novedoso que se haya tardado 30 días el Consejo Superior de la Judicatura en enviar un fallo que ya estaba emitido, eso no tiene presentación, son plazos irrazonables», dijo el juez Sarmiento.
De otra parte, señaló que en el proceso de los ‘falsos positivos’ ya se debería estar «adportas de un juicio», pero que esto no ha ocurrido por negligencia. «Por qué con respecto a otros procesos de connotación nacional sí ha estado pendiente la Judicatura, como en el caso de DMG que estuvo al tanto hasta la extradición (…) y en este caso de tanta connotación ha habido negligencia», dijo Sarmiento.
Pero el juez también criticó los planteamientos de la Fiscalía, que en la diligencia de ayer insistió en que la defensa de los uniformados actúa en bancada y acude a maniobras dilatorias. Pero el juez, al igual que lo hizo la Procuraduría, señaló que «si la misma legislatura se metió en camisa de once varas al poner términos muy cortos, debió haberlo previsto», además, que si el ente investigador detectó durante el proceso que la defensa usó mecanismos de dilación debió tomar acciones correctivas.
«(Ahora) es el juez quien debe salir a la luz pública como si fuera el causante de la situación. Por qué no se hace un análisis más profundo de lo que está pasando en el aparato judicial. Se busca chivos expiatorios y por qué no se va a la esencia del problema», se preguntó el juez antes de otorgar la libertad a los seis militares.
La Fiscalía presentó el 12 de junio pasado el escrito de acusación contra los militares, y el 28 de julio un juez citó a audiencia de formulación de acusación. Durante este tiempo, el proceso estuvo pendiente de decisiones de la Judicatura y la Corte Suprema de Justicia que determinaron que era la justicia ordinaria y no la penal militar la competente para llevar el proceso.
En este caso, en el que están implicados un mayor, un teniente, un suboficial y tres soldados en la muerte de Fair Leonardo Porras, la defensa asegura que pasaron entre 214 y 217 días, mientras que la Fiscalía dice que tan solo han transcurrido 47.
Las libertades por vencimiento de términos ha generado polémica en el país por el riesgo, según los expertos, de que el proceso termine en la impunidad. Incluso, una de las mayores preocupaciones del Gobierno es que en el exterior se lea como en inoperancia del aparto judicial.
Por eso, el Ministerio de Defensa ordenó la semana pasada que los uniformados dejados en libertad sean concentrados en una guarnición militar, sin cargo ni funciones hasta que se defina si situación. Anoche se esperaba el pronunciamiento del Ministerio sobre la situación de este grupo de uniformados.
Hoy, a las 9 de la mañana está programada otra audiencia ante un juez de control de garantías, donde la defensa de otros seis militares investigados por ‘falsos positivos’ pedirán la libertad para los uniformados por vencimiento de términos.
