La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S. A. acaba de ser notificada de un auto de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que le prohíbe ofertar y prestar servicio de carga a granel, por el cual viene recibiendo cuantiosos ingresos, a pesar de que su contrato de concesión, que data de 1994, no se lo permite.
La decisión de la SIC hace parte de una investigación que adelanta desde 2016, por presuntas prácticas comerciales restrictivas por parte de esa sociedad portuaria, según denuncia instaurada por pequeños operarios de carga a granel.
Según la denuncia, la Sociedad Portuaria ya había logrado que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) le aprobara un otrosí a la concesión original, en donde se le ampliaba su rol de administrador a operador de carga, sin que se tuvieran en cuenta los parámetros legales que la SIC le recomendó.
De hecho, funcionarios de la SIC inspeccionaron el año pasado las oficinas de la sociedad portuaria, se llevaron documentos y computadores y allí encontraron evidencia de que el otrosí ya estaba listo, a pesar de las quejas y denuncias de OPP Graneles, una de las empresas operarias del puerto.
Habla la Sociedad Portuaria
Al respecto, los representantes de la Sociedad Portuaria le dijeron a EL TIEMPO que “la decisión de la SIC es una medida cautelar, provisional, sobre la que ya se presentó un recurso de apelación. Además, que el jueves pasado se le comunicó a la SIC que se suspenden las operaciones mientras se modifica el contrato de concesión con la ANI”.
En todo caso, aseguraron que el Consejo de Estado les permite a las sociedades portuarias ser operadoras, y no se quisieron referir a los correos con la ANI por ser reserva del sumario.
Tomado de: El Tiempo
