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¿Qué es la conmoción interior y qué implicaría si se aplica?

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¿Qué es la conmoción interior y qué implicaría si se aplica?


Mayo 07, 2021 – 11:55 p. m.



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 Redacción de El País

“Pte. @IvanDuque, aun retirando reforma sigue en juego la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, la convivencia ciudadana, la salud y la vida de miles de inocentes. Urgente art. 213 de la Constitución, decretar CONMOCIÓN INTERIOR y militarizar ciudades #ColombiaSeRespeta”.

Este es uno de los trinos con los que el senador por el Centro Democrático Carlos Felipe Mejía le ha pedido durante los últimos días al Mandatario colombiano que decrete el estado de Conmoción Interior para contener las manifestaciones registradas en el país desde el pasado 28 de abril.

Por eso, a lo largo de la semana se han escuchado voces a favor y en contra de esa figura consagrada en la Constitución Nacional, al tiempo que el presidente Iván Duque no ha descartado utilizarla.

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Pero, ¿qué es la Conmoción Interior, qué facultades le otorga al Presidente y que implicaciones tendría en la actual coyuntura del país? Aquí un abecé sobre el tema a partir de lo expuesto por los abogados Héctor Riveros, Jhon Mario González y Héctor Alonso Moreno.

¿De dónde surge esta figura?

La Conmoción Interior está consagrada en el artículo 213 de la Constitución Política de 1991. Antes era conocida como el Estado de Sitio y contempla que: “En caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el estado de conmoción interior, en toda la República o parte de ella, por término no mayor de noventa días, prorrogable hasta por dos períodos iguales, el segundo de los cuales requiere concepto previo y favorable del Senado”.

¿La aplicación es inmediata a la decisión del Jefe de Estado?

Dice el mismo artículo que “el Gobierno enviará a la Corte Constitucional al día siguiente de su expedición los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refieren los artículos anteriores, para que aquella decida definitivamente sobre su constitucionalidad”, de lo que se deduce que solo entraría a regir con el aval del alto tribunal.

¿Qué antecedentes hay sobre el uso de este estado de excepción en Colombia?

Expertos recuerdan que antes de la Constitución del 91 Colombia estuvo regida durante casi dos décadas por el Estado de Sitio, siendo controvertida su aplicación durante el Gobierno de Julio César Turbay. Luego, se dice, César Gaviria la usó para convocar la Asamblea Nacional Constituyente.

Ya como Conmoción Interior, el mismo Gaviria recurrió a ella en su lucha contra el narcotráfico, pero la Corte la declaró inexequible. De igual forma, al comienzo de su primer mandato Álvaro Uribe la aplicó para buscar más recursos para la financiación de las Fuerzas Armadas. En su segundo periodo quiso volver a ella, pero no tuvo el visto bueno constitucional.

¿Qué ley reglamenta la Conmoción Interior en el país?

Todos los estados de excepción en Colombia se rigen por la Ley 137 de 1994, que en su artículo 38 dispone que, bajo esta figura, el Jefe de Estado podrá restringir el derecho de circulación “de personas o vehículos en horas y lugares determinados que puedan obstruir la acción de la Fuerza Pública” y “utilizar temporalmente bienes e imponer la prestación de servicios técnicos y profesionales”. Además, establecer “restricciones a radio y televisión de divulgar informaciones” y “someter a permiso previo o restringir celebración de reuniones y manifestaciones”, entre otras normas que abarcan hasta el artículo 45 de dicha ley.

¿Es necesario recurrir a ese estado de excepción para contener las protestas registradas en el país?

Ese es uno de los grandes puntos de debate. Muchos expertos coinciden en afirmar que el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana ya ofrece las herramientas necesarias para enfrentar los desmanes y garantizar el abastecimiento de alimentos. Sin embargo, hay otros que aseguran que “la situación se le salió de las manos al Gobierno” y que es hora de acudir a las herramientas contempladas por esta figura legal y legítima.

¿Es cierto que la Conmoción Interior coarta las libertades de las que hoy gozan los ciudadanos?

Lo primero que dejan en claro algunos expertos es que, por cuenta de las medidas que el Gobierno Nacional debió tomar para enfrentar la pandemia de Covid-19, desde hace más de un año la movilidad y otros aspectos inherentes a la vida privada de los colombianos están bastantes restringidos, a través de medidas como el toque de queda y el pico y cédula para acceder a servicios y establecimientos, lo que hace que no hubiese mucha diferencia si se implementa dicha figura.

Lo que ha dicho el presidente Duque

”No renunciamos a ninguna herramienta que nos dé la Constitución y la ley para proteger a los ciudadanos”, manifestó esta semana el presidente Iván Duque al preguntarle si estaba dispuesto a aceptar la propuesta hecha desde el Centro Democrático de decretar la Conmoción Interior para responder a las protestas registradas en el país.

Sin embargo, el Mandatario colombiano enfatizó que por ahora no se tiene contemplado hacer uso de ese estado de excepción.

“Se han aplicado en el pasado conmociones interiores focalizadas, yo no estoy diciendo ni que lo voy a hacer ni que es inminente, lo que estoy diciendo es que no renunciamos a ninguna herramienta”, reiteró Duque a emisora Blu Radio.

“Se contemplan las herramientas, siempre están analizadas y valorando la situación y los hechos nosotros siempre tendremos a disposición los mecanismos que nos da la Constitución”, puntualizó.



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El giro urgente que debería dar la política exterior de Colombia

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Reunión del Gobierno con delegados de la Cidh

Además de los esfuerzos que deberá hacer el Estado para recuperar el empleo y restaurar una economía maltrecha, producto de las manifestaciones y bloqueos de las últimas semanas, el Gobierno Nacional tiene el reto fundamental de recomponer su imagen ante la comunidad internacional en lo que respecta al respeto por los Derechos Humanos.

Esta es quizás la situación más compleja en la imagen de un Gobierno en los últimos 30 o 40 años, según el politólogo Fernando Giraldo, porque hay una proyección negativa de que el país no respeta los Derechos Humanos y que incumple el derecho internacional y el propio ordenamiento jurídico y constitucional interno.

“Es un momento complejo y en ese sentido la política de Derechos Humanos del Gobierno Nacional va a requerir de un trabajo de largo aliento que le permita rescatar el prestigio que Colombia tenía formalmente en el sistema internacional”, asegura Giraldo.

Y es que desde mucho antes de la situación interna generada por las manifestaciones, los bloqueos y los actos de vandalismo, las relaciones diplomáticas colombianas no se encontraban en su mejor momento, de acuerdo con los expertos en política internacional.

“El video del Presidente de Fecode reconociendo que el paro tiene como fin ganar la Presidencia en el 2022 debe ser entregado a la CIDH y que vean cómo quieren debilitar
las raíces democráticas en el país”.

Vicente Torrijos,

politólogo.

En el caso de los Estados Unidos, un aliado clave para Colombia en los últimos años, la relación se vio desmejorada ante el intento de algunos senadores del partido de Gobierno de injerir en el voto de los colombianos residentes en ese país para la campaña presidencial que a la postre llevó a Joe Biden a la Casa Blanca.

Tampoco estaban en su mejor momento las relaciones con las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras los pronunciamientos frente al asesinato de líderes sociales en el país y sorprendió la designación de Alejandro Ordóñez como delegado de Colombia ante la OEA por su posición y críticas, justamente, en materia de Derechos Humanos.

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Situación por demás aprovechada por sectores de la oposición que apostando al desprestigio del Gobierno colombiano y de las Fuerzas Armadas han buscado en el exterior que se condene el país en esta materia.

Coinciden, además, politólogos y analistas consultados en que se propició de manera tardía la visita de los delegados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que contribuyó a generar un clima de preocupación internacional sobre lo que estaba ocurriendo en el país.

Un giro necesario

Ante este panorama complejo, explica el internacionalista y politólogo Vicente Torrijos, hay tres cosas que el Gobierno Nacional debe poner en práctica para tratar de revertir esta situación que, como lo ha reconocido el miembro del Comité del Paro y presidente de Fecode, Nelson Alarcón, tiene como único propósito derrotar al Centro Democrático y ganar la Presidencia en el 2022.

“Es necesario que se active todo el servicio exterior para defender de la mejor manera los intereses nacionales con una orientación estratégica. Segundo, se debe articular todo el gabinete ministerial en torno a la promoción de los Derechos Humanos, porque esto no es asunto solo del Ministerio de Defensa y de lo contrario nada de lo que se haga al interior del país tendrá alcance a nivel mundial, y lo tercero, que las Fuerzas Armadas tengan un acompañamiento político para poder mostrarle al mundo lo que en realidad se hace en materia de Derechos Humanos, porque si no es muy difícil que esos esfuerzos sean bien valorados”, señala Torrijos.

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“Es muy grave que se interprete como una actitud injerencista la preocupación de algunos organismos por el tema de Derechos Humanos”.

Mauricio Jaramillo,

politólogo.

En ese sentido es fundamental, agrega el analista, comunicarle al mundo, a través de las comunicaciones estratégicas, que en el fondo de todo esto, como lo ha reconocido abiertamente el Presidente de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), “lo que hay es un proyecto político, una campaña para deslegitimar a las Fuerzas Armadas y mostrar a Colombia como un país autoritario y despótico que está atacando la oposición”.

Entre tanto Mauricio Jaramillo, docente de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad del Rosario, considera que hay dos cosas que el Gobierno Nacional debería realizar para mostrar otra imagen al mundo: no insistir en el discurso de que los únicos que incurrieron en excesos fueron los manifestantes y abandonar la retórica de que lo que hagan los organismos proderechos humanos es una injerencia en la soberanía.

“Debemos entender y mandar una señal de que visibilizar internacionalmente los Derechos Humanos no es una señal de injerencia ni es muestra de debilidad sino de convicción democrática y si eso no pasa va a ser muy difícil recuperar la imagen, pero tengo fe de que eso ocurrirá en las próximas semanas”, indica Jaramillo.

Fortalecer el cuerpo consular

En medio de la situación actual es necesario, advierten también los expertos, apelar a funcionarios de carrera en materia consular, que conozcan el sistema internacional y las herramientas que contribuyan a mejorar la imagen del país en el exterior.

“Ha llegado a la Cancillería la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, quien también ha tenido declaraciones desafortunadas frente a los Derechos Humanos y, por lo tanto, no creo que sea la persona idónea. No creo que tenga la trayectoria internacional, que conozca los circuitos internacionales ni la diplomacia en general”, enfatiza el analista Jaramillo.

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De acuerdo con Fernando Giraldo, en esta coyuntura se deben promover agentes diplomáticos de carrera y respetados por la comunidad internacional, acercar los organismos internacionales a los que pertenece Colombia, como son la ONU y la OEA, y no alejarse de países y organismos de integración como Estados Unidos, países latinoamericanos y la Unión Europea.

“También trabajar en una política de mayor cooperación y diálogo, desarrollando una campaña de imagen basada en el acatamiento del orden político y jurídico internacional”, concluye el politólogo.

Delegados del Gobierno se reunieron esta semana con miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Colprensa / El País

Un giro en el relacionamiento con EE.UU.

En un momento en el que las relaciones con Estados Unidos no pasan por su mejor periodo, la renuncia del embajador en Washington Francisco Santos es una oportunidad, aseguran los analistas, de enviar un mensaje de acercamiento al gobierno del presidente Joe Biden nombrando a una persona que genere confianza en el sistema internacional.

Entre otras cosas porque el Gobierno de los Estados Unidos dio parte de tranquilidad a su similar en Colombia con el anuncio de consolidar la ayuda económica para el 2022 con la propuesta de incluir en el presupuesto una partida para Colombia superior a los US$453 millones de dólares.

El primer nombre en el sonajero para dirigir la misión diplomática en Washington es el del expresidente Andrés Pastrana, quien en primera instancia agradeció al presidente Iván Duque el ofrecimiento y lo desestimó por el momento.

Esta semana se incluyó en la lista la posibilidad el nombre de la exministra y excanciller conservadora Noemí Sanín.

El llevar a ese cargo diplomático a una persona con experiencia y con conocimiento del sistema internacional, según el analista Diego Luis Sánchez, será un indicativo de la importancia que le otorga el gobierno del presidente Iván Duque a las relaciones con EE. UU.

“No es el momento de enviar a Washington a un embajador que responda únicamente a dinámicas de favorecimientos o cuotas políticas. Se necesita a una persona de peso y experiencia en el servicio exterior”, señala.



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Juan Manuel Santos pidió perdón a las víctimas de los ‘falsos positivos’

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Juan Manuel Santos pidió perdón a las víctimas de los 'falsos positivos'

Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, contó ante la Comisión de la Verdad cómo se enteró sobre la existencia de falsos positivos dentro del Ejército, pidió perdón por ellos y analizó las razones por las que se produjeron estas conductas criminales en la época que fue Ministro de Defensa.

“Me queda el remordimiento y el hondo pesar de que durante mi ministerio muchas, muchísimas madres, incluidas las de Soacha, perdieron a sus hijos por esta práctica tan despiadada, unos jóvenes inocentes que hoy deberían estar vivos. Eso nunca ha debido pasar. Lo reconozco y les pido perdón a todas las madres y a todas sus familias, víctimas de este horror, desde lo más profundo de mi alma, que esto nunca nunca vuelva a pasar”.

El expresidente contó, en una declaración que duró cerca de una hora, que los falsos positivos se produjeron por la alta presión por resultados que había en las Fuerzas Militares y que reconocer este hecho y responder moralmente por él es la mejor forma de recuperar el honor de la institución.

Explicó que cuando llegó al Ministerio de Defensa, el 20 de julio de 2006, compartía con el presidente Álvaro Uribe, su objetivo de derrotar a las Farc, pero que la diferencia estaba en el cómo. También reconoció que en ese momento escuchó sobre los falsos positivos pero no les creyó.

“Si bien el documento de la política de defensa y seguridad democrática del 2003 dejaba una puerta abierta a la negociación, Uribe en realidad pretendía acabar militarmente a las Farc, quería una derrota total, nunca quiso ni siquiera reconocer la existencia de un conflicto armado, los guerrilleros para él eran unos simples narcotraficantes y terroristas”, agregó.

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Añadió que él tenía una postura diferente, por la experiencia acumulada y su forma de ver las cosas, porque era más: “viable y conveniente, más rápido y menos costoso una derrota estratégica. Es decir debilitarlos psicológica y mentalmente y llevarlos a una mesa de negociación”, dijo el expresidente.

Con respecto al no reconocimiento por parte del ex presidente de un conflicto armado, dijo que esto generó una cierta confusión en las Fuerzas Armadas: “porque aplicaban el Derecho Internacional Humanitario de acuerdo a su entrenamiento y a los manuales de derecho operacional, pero su comandante supremo y jefe de Estado no reconocía la existencia de un conflicto armado en el país” agregó el expresidente.

Falsos positivos

Frente a los falsos positivos, que según la Jurisdicción Especial para la Paz, ocurrieron entre 2002 y 2008 en más de 6.400 casos, dijo que “entonces no pasaban de ser rumores sin evidencia que los sustentaran. No les di credibilidad no me cabía en la cabeza que algo así pudiera estar ocurriendo, yo también me arropé en la bandera tricolor y en repetidas ocasiones salí a desvirtuar lo que todos en el estamento oficial, consideraban malvadas acusaciones”.

Agregó que se comenzó a quitar la venda de los ojos cuando se dio cuenta en primer lugar de la presión que existía en las Fuerzas Armadas para producir bajas. Esto con base en los resultados que les entregaban en las visitas a batallones, donde el número de muertes estaba de primero.

“No les di credibilidad a los rumores sobre ‘falsos positivos’. No me cabía en la cabeza que algo así pudiera estar ocurriendo”.

Juan Manuel Santos,

expresidente

Dijo también que esta nueva percepción de la realidad, se dio cuando en 2007, funcionarios internacionales como el representante encargado de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Javier Hernández, junto con Christian Salazar, quien luego asumió como representante en propiedad de esa Oficina, y la representante del Comité Internacional de la Cruz Roja, Bárbara Hintermann, comenzaron a contarle de manera confidencial y en detalle lo que estaba sucediendo con casos específicos.

Añadió que el viceministro Sergio Jaramillo, fue quien le corroboró que esa historia si podía ser cierta, luego de obtener mucha información por su lado.

Acciones

En ese momento y viendo lo que estaba pasando Santos agregó que comenzó a actuar contra este delito. Esto a partir de directivas ministeriales y luego bajo esta misma línea el coronel Hernán Mejía, comandante del batallón La Popa, con sede en Valledupar, fue removido del cargo por hechos relacionados con falsos positivos, siendo la primera vez que se reconocía el problema.

Pero esto no se quedó ahí, dijo, pues las denuncias sobre este tema empezaron a crecer. “Venían de diferentes fuentes, con una magnitud e intensidad que también variaba mucho”, agregó el expresidente.

Frente a esta situación aseguró que decidió investigar a fondo lo que estaba sucediendo y cuál era su verdadera dimensión, lo que lo llevó a trabajar con varias organizaciones, entre ellas la Oficina de la Alta Comisionada quien le entregó dos informes de casos específicos, uno del 11 de abril y otro del 4 de mayo de 2007.

Esto hizo, de acuerdo con Santos, que le pidiera “al general Mario Montoya, comandante del Ejército, que respondiera a todos. El 6 de junio dio respuesta a los 99 casos que había presentado la Oficina y la invitó a visitar las diferentes brigadas”. Lo que llevó a entender a los militares la gravedad de la situación.

Luego explicó, el expresidente, que creó varias directivas para enfrentar lo que estaba pasando, entre ellas la directiva 10 que creó un Comité Interinstitucional de Seguimiento, que se reunió mensualmente para estudiar casos concretos.

Este comité de acuerdo con Santos: “fue un hito en la investigación de las ejecuciones extrajudiciales. Nos permitió comenzar a entender el fenómeno en toda su complejidad”.

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En esta contribución el expresidente también se refirió a lo acontecido en el año 2008, donde se conocieron los casos de los jóvenes de Soacha, población vecina a Bogotá, que habían sido reportados como desaparecidos y cuyos cadáveres fueron encontrados en municipios de Norte de Santander. Habían sido asesinados y reportados por batallones como guerrilleros dados de baja en combate.

Frente a este caso el ministro dijo que lo llamó directamente el director del Programa Presidencial de Derechos Humanos por el conmutador de la Presidencia y le dijo: “Imagínese, ministro, que tengo un tema muy grave. Nueve personas que estaban desaparecidas en Soacha aparecen en Ocaña y Cimitarra como “NN”, ¡muertas en combate!”.

“En ese momento sentí que se rebosó la copa y me dije a mí mismo, hay que coger el toro por los cachos haciendo esto público”. Fue la primera vez que de manera oficial el país conoció estos hechos, añadió el expresidente.

Luego explicó otra serie de decisiones que adoptó y finalizó diciendo que no le cabe la menor duda que el: “pecado original, lo que en el fondo dio pie para estas atrocidades, fue la presión para producir bajas y todo lo que se tejió alrededor de lo que muchos han llamado ‘la doctrina Vietnam’”.

Finalizó diciendo a pesar de haber hecho todo lo humana y legalmente posible, no logramos cortar de un solo tajo” las ejecuciones extrajudiciales, pero “el objetivo fundamental de acabar con los falsos positivos se logró”.



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¿Qué viene después de la visita de la Comisión de la CIDH?

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¿Qué viene después de la visita de la Comisión de la CIDH?

“No creo que la visita de la CIDH fuera acaparada por el Gobierno, más bien el organismo internacional hizo un ejercicio de revisión institucional de lo que tiene el Estado Colombiano. La Comisión necesitaba una visión institucional para que, si hay un pronunciamiento, las medidas que sugiera sean acordes al Estado”.

Así analiza Carlos Arias, profesor de la maestría de Comunicación Política de la Universidad Externado, la labor que desarrollaron los seis miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estuvieron esta semana en el país para recibir información sobre la violencia y los actos de vandalismo registrados en el marco del paro nacional iniciado el 28 de abril.

Lo cierto es que entre el lunes y el jueves los comisionados tuvieron varios encuentros en Bogotá con funcionarios del Gobierno Nacional y de los organismos de control, así como con los líderes del Comité de Paro, empresarios y organizaciones sociales.

Pero también se desplazaron a Popayán, Tuluá, Buga y Cali, donde igualmente se entrevistaron con el alcalde Jorge Iván Ospina, algunos concejales y representantes de la sociedad civil, según se informó.

Es por ello que el académico agrega que “si la CIDH hubiera planteado sus reuniones de otra forma, cualquier fallo hubiera marcado una serie de sesgos y reinterpretaciones de la realidad. Además, el futuro pronunciamiento no hubiera sido tan respaldado por el Gobierno. Al tener una presencia fuerte en la institucionalidad, no puede tener ningún marco de duda, porque se reunió más tiempo con el Gobierno y escuchó la visión institucional”.

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Sin embargo, para Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de la facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, “lo ideal hubiera sido que se le hubiera dado mayores libertades al grupo de la Comisión, pero había una predisposición muy grande”, aludiendo a las primeras declaraciones de la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, en las que dijo que el Gobierno no iba a aceptar la visita.

Ahora bien, los analistas coinciden en que los comisionados se llevaron un panorama muy completo de lo que ha pasado durante las movilizaciones.

“La entrega de los informes de la Fuerza Pública, el informe de Claudia López (alcaldesa de Bogotá) y la entrega de informes por parte de organizaciones defensoras de Derechos Humanos es, a mi juicio, lo más emblemático de la visita”, dice Jaramillo.

A su vez, Juan Carlos Ruiz, también profesor en la Universidad del Rosario, sostiene: “Todo el mundo tuvo la oportunidad de hablar con la CIDH, desde el exportador, los padres de las víctimas de las protestas, el Gobierno, las centrales sindicales, entonces lo interesante es que todo el mundo quiso hablar con la Comisión y esa posibilidad me parece muy importante en estos momentos que vive el país”.

En ese sentido, Carlos Arias anota que la CIDH pudo cruzar las bases de datos de distintas entidades: “Tuvo la posibilidad de ponderar el grado de velocidad y verosimilitud de las investigaciones de entidades como la Fiscalía, la Produraduría y la Defensoría. Haberse reunido con organizaciones de Derechos Humanos le da una perspectiva del grado de incidencia del Gobierno en las entidades de control”.

Entre tanto, Ruiz destaca que todos los actores involucrados en la crisis política, económica y social tuvieron el anhelo de demostrar que tenían la razón. “Una expectativa jamás vista en el país para una visita de este tipo, la gente quiere un árbitro neutral que diga qué pasó y qué está pasando. Ojalá la CIDH esté a la altura de ese compromiso”, añade.

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Juliana Bustamante, directora del Programa de Acción para la Igualdad y la Inclusión Social, asegura que el informe de la Comisión, anunciado para la semana entrante, no va a contener un análisis de la situación a profundidad.

“Cuando se habla de visita de trabajo, luego de esta se conoce solo un comunicado de prensa. Sin embargo, en la norma no existe distinción sobre lo que produce una visita in loco y una de trabajo. Por eso las organizaciones solicitamos que, a pesar de que esa sea la práctica, en la medida de lo posible se haga un informe detallado de la visita de trabajo, porque el esfuerzo ha sido mucho y la Comisión ha recogido mucha información con qué hacerlo”, explica Bustamante.

Según ella, “la Comisión Interamericana realizó una visita de trabajo conforme al artículo 53 de su reglamento, que da la posibilidad de diseñar la que la comisión estime más pertinente. En este caso no se hizo una visita con el pleno de la comisión sino solo con tres de sus siete comisionados y un equipo muy grande de la secretaría ejecutiva para la toma de testimonios y el tema logístico”.

“Entonces será un comunicado de prensa con observaciones a las que se les hará seguimiento y en donde las organizaciones más adelante tendrán la oportunidad de pedir audiencias temáticas para el seguimiento de esas observaciones”, puntualiza.

El informe del Mindefensa a la CIDH dio cuenta de 19 fallecidos, 2 uniformados muertos, 1106 personas heridas, 1253 lesionados y 178 investigaciones disciplinarias.

Detalles

La visita de trabajo de las Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, estuvo liderada por la presidenta del organismo, Antonia Urrejola, quien vino acompañada por los comisionados Joel Hernández y Stuardo Ralón.

Además contó con el apoyo de la secretaria ejecutiva, Tania Reneaum Panszi, y de la secretaria ejecutiva adjunta de Monitoreo, Cooperación Técnica y Capacitación, María Claudia Pulido, además del relator especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca.

Según información proporcionada por la CIDH, se recibieron más de dos mil registros de personas o entidades que querían entrevistarse con la delegación del organismo adjunto a la OEA, que fue recibido oficialmente el martes en la mañana por el presidente Iván Duque, luego de que llegaran el lunes al país.

La última reunión de los comisionados con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se realizó el jueves en la tarde en la sede de la Cancillería colombiana.



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