Redacción BL
Uno de los cambios más notorios con la nueva administración del Ministerio del Trabajo y la llegada de Gloria Inés Ramírez a la cabeza de esta entidad, es la adopción de medidas para proteger y fortalecer los sindicatos, bajo la premisa de que estos son importantes para garantizar los derechos de los trabajadores.
En este sentido, uno de los frentes de trabajo ha sido el control a los pactos colectivos en las empresas, con el fin de garantizar que esta modalidad de negociación laboral, debidamente protegida por la Constitución, no se convierta en una herramienta con la que se debiliten los sindicatos.
Para el viceministro de Trabajo, Edwin Palma, estas acciones buscan atender la normativa internacional, destacando que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha instado a Colombia a eliminar los pactos colectivos donde existan organizaciones sindicales, debido a casos donde estos pactos socavan el derecho a la asociación sindical. El gobierno canadiense y la OIT también han recomendado esta eliminación.
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“Es un trabajo que venimos realizando desde varios frentes. Uno en la reforma laboral, donde hacemos cambios para evitar que se abuse de esta figura, también está la inspección, con la que hemos llegado a empresas como Alpina, con la sanción que anunciamos hace unas semanas y la revisión de la normativa al respecto”, dijo Palma Egea.
Congreso de la República
Si bien los avances en esta materia pueden parecer pocos, ya que entre 2022 y 2023 hay apenas tres procesos relacionados con posibles violaciones o afectaciones a los pactos colectivos, con multas (ejecutoriadas y no ejecutoriadas) que superan apenas los $110 millones; el Mintrabajo destaca que entre 2017 y 2021, no se hizo nada en este tema.
“Un pacto colectivo está, en teoría, bien hecho cuando realmente un grupo de trabajadores no sindicalizados presenta un pliego, hay una mesa de negociación y se logra un acuerdo. Pero lo que encontramos en la práctica es que eso no sucede así”, dijo el viceministro.
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Portafolio también habló con Juliana Morad, directora del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad Javeriana, quien expresó la necesidad de entender los motivos detrás de la priorización de la regulación de los pactos colectivos por parte del Ministerio del Trabajo, ya que “es muy importante, como siempre suele decirse cuando se toman decisiones de política pública, saber por qué se priorizan estos temas y no otros. Acá no veo muy claramente a qué responde esta decisión”.
Morad también argumentó que los pactos colectivos tienen respaldo constitucional y legal, siendo una herramienta para la negociación de trabajadores no sindicalizados y que si bien pueden ser mal utilizados en la práctica, no se debe satanizar esta figura debido a casos aislados de abuso, que resaltó, se deben sancionar.
Cabe recordar que dentro de la reforma laboral hay un artículo que establece la prohibición de pactos colectivos dirigidos a fijar las condiciones de trabajo y empleo, agregando que aquellos pactos que se encuentren vigentes al momento de entrada en vigencia de la reforma, en caso de ser aprobada, serán válidos, pero no podrán prorrogarse finalizado su plazo.
Reforma laboral
Por último, para Percy Olaya, presidente de la Confederación Nacional del Trabajo, los pactos colectivos que impiden la afiliación sindical van en contra de los principios de justicia social y trabajo decente promovidos por la OIT y destaca la importancia de garantizar condiciones laborales dignas y respetar los derechos de los trabajadores para lograr la paz laboral y social. “Es un tema que incluso va en contra del artículo 55 de la Constitución Nacional y otras normas de trabajo digno”, concluyó.
Avances también en las Cortes
En este análisis también se consultó a Saida Quintero, socia de Quintero y Quintero Asesores, quien manifestó que las medidas del Ministerio del Trabajo responden a una política gubernamental para garantizar la libertad sindical y abordar las preocupaciones de los sindicatos sobre los pactos colectivos.
“Actualmente hay una demanda de inconstitucionalidad que presentó el actual viceministro, Edwin Palma, la representante, María Fernanda Carrascal y otras dos personas, que pretende también que la Corte (Constitucional) declare inexequible algunas de las normas que se refieren a los pactos colectivos para restringir a su más mínima expresión los pactos colectivos”, indicó.
Quintero resaltó que “hay un enunciado por parte del Ministerio, muy en la línea de que estos pactos colectivos se usan para saltarse los sindicatos, para quitarle fuerza a los sindicatos y que esto es un atentado, contra los trabajadores”.
DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO
Periodista de Portafolio
