El Juzgado Penal del Circuito de Lérida (Tolima) revocó la medida de aseguramiento domiciliaria impuesta por un juzgado del Líbano a Hernán Guillermo Usma Arboleda, y le impuso medida de aseguramiento en establecimiento de reclusión por los delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años y actos sexuales con menor de 14 años.
Los hechos investigados ocurrieron, al parecer, entre los años 2017, 2018 y marzo de 2023 en un colegio del Líbano (Tolima), donde el procesado laboraba como vigilante. Las labores de policía judicial evidenciaron que el hombre le habría realizado tocamientos de carácter sexual a 6 alumnas con edades que oscilaban entre los 11 y 18 años.
La Fiscalía determinó que el investigado habría acosado a las víctimas para que sostuvieran relaciones sexuales a cambio de dinero, celulares, tabletas y otros elementos que, según él, sus padres no estaban en condiciones económicas de ofrecerles.
La medida domiciliaria fue proferida el mes pasado por un juez de control de garantías del municipio donde ocurrieron los hechos.
La Fiscalía apeló la decisión inicial por considerar que no se ajustaba a la ley, debido a que las presuntas conductas delictivas se habrían cometido por una persona que se aprovechó de su posición y de la confianza depositada en él por parte de las niñas, para vulnerar su integridad física y sexual.
La Fiscalía logró conexar las noticias criminales que lo involucraban y así, solicitar la orden de captura del hombre que se hizo efectiva en un trabajo coordinado entre la Policía Nacional y el CTI.
El juez de segunda instancia ordenó al Inpec trasladar de inmediato al vigilante a la cárcel para que cumpla la medida de aseguramiento impuesta.
La Fiscalía habla con resultados.
PAAM/LFM/LMMS/AMBV/DST
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
