Diciembre 16, 2019 – 03:22 p. m.
Por:
Redacción de El País Tuluá
Un alcalde ah doc revocó la Resolución 463 de 2018 por medio de la cual la Alcaldía de Guacarí dio por terminado de manera unilateral el contrato de concesión para la prestación de los servicios de tránsito en ese municipio.
Así lo estableció Marco Antonio Valencia, alcalde designado por el Ministerio del Interior para dirimir el conflicto que se suscitó entre la Administración Municipal y la Unión Temporal de Servicios de Tránsito, Uniset, la cual quedó sin funciones para matricular vehículos o expedir licencias de conducción desde el 7 de diciembre de 2018.
De acuerdo con el gerente de Uniset, Ómar Reyes Cala, el lucro cesante que la empresa dejó de percibir durante el tiempo que le suspendieron el contrato supera los $ 1.600 millones.
Sin embargo, en la resolución en la que le devuelven los servicios de tránsito a partir de la fecha, le niegan las pretensiones económicas que esgrimieron.
Las razones que planteó en su momento el alcalde de Guacarí, Gerardo Salcedo Calero, para dar por terminado el contrato de concesión con la Unión Temporal de Tránsito, Uniset, eran presuntos hallazgos de malos manejos administrativos y financieros, que ocasionaron un detrimento económico en el municipio.
Uno de los cuestionamientos de la Alcaldía de Guacarí era que la tarea de Uniset era consolidar y recaudar los montos provenientes de multas de tránsito, así como reportarlas al Sistema Integrado de Información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito, Simit.
Asimismo, el alcalde Gerardo Salcedo se basó en una visita fiscal de la Controlaría departamental en donde se detectó un faltante de $46.5 millones por el vencimiento o caducidad de 23 comparendos que no fueron reportados y cobrados en su momento.
En ese mismo informe, se detalló otro presunto detrimento por $54.9 millones derivados por alcoholemia en 2015 y 2016. De esos reportes no se encontraron las licencias de conducción de los multados; es decir, que les fueron devueltas de manera irregular.
Sin embargo, la empresa concesionaria Uniset, a través de su apoderado Diego Rojas Girón, logró demostrar que no tenía responsabilidad en estos hallazgos por no ser de su competencia esas funciones, lo que deja sin piso jurídico la resolución de la Alcadía de Guacarí de dar por terminado el contrato con ese operador el cual reasumió este lunes sus funciones.
