La Defensoría del Pueblo, Regional Valle del Cauca adelanta labores humanitarias ante la nueva situación desplazamiento masivo intraurbano que se registra en Buenaventura, como consecuencia del accionar de grupos armados ilegales. Se estima, en principio, que son cerca de 100 las familias desplazadas, pertenecientes a la calle San Francisco (Puente de los Nayeros) del barrio la Playita, Comuna 4, sector de la Isla –pero se extiende hacia otros barrios como San Alfonso, Buenaventura – en el Valle del Cauca.
Fuentes comunitarias informaron que desde el pasado viernes unos 25 hombres encapuchados, con armas largas, se ubicaron en una casa construida como espacio de juego para los niños de la zona, y desde allí hacían control de la movilidad y las actividades de la comunidad. Este martes, un joven que habitualmente visita este sector fue abaleado a plena luz del día y frente a los habitantes. Según las versiones recogidas, los autores del hecho no permitieron que nadie se acercara a la víctima, y cuando la marea subió, seis horas después, miembros del grupo al margen de la ley autodenominado GAI se llevaron el cuerpo con rumbo desconocido.
Desde el año anterior la Defensoría del Pueblo, a través del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), viene insistiendo de la grave situación humanitaria en el puerto de Buenaventura. Y así lo constató y reiteró el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, en visita realizada en noviembre de 2012.
La Defensoría del Pueblo solicita disponer de los mecanismos de protección de la población civil; así como activar las acciones correspondientes de atención a las víctimas como un albergue temporal que permita condiciones de seguridad, con medidas de protección especial a líderes y mujeres líderes, dado que existe poca voluntad institucional local para reconocer y hacer visible la problemática humanitaria en el puerto.
Asimismo, recomienda brindar ayuda humanitaria inmediata en especie, con enfoque diferencial, de manera subsidiaria. Y, finalmente, activar de manera inmediata la ruta de protección de los bienes y predios abandonados de los barrios de donde han sido expulsadas las familias, dado que se han presentado situaciones de despojo en hechos anteriores, y a los intereses que existen sobre las zonas de Bajamar por distintos actores.
