Redacción BL
En días pasados, el Gobierno emitió el decreto 1276, enmarcado en la emergencia declarada en La Guajira, que genera una serie de cambios para el sector eléctrico. Las medidas implican la suspensión de los contratos de las subastas de energías renovables de 2019 y 2021 para los generadores ubicados en La Guajira.
El efecto serían sobrecostos de hasta $170.000 millones cada mes para los usuarios. Así lo destacó José Camilo Manzur, director de Asocodis.
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¿Cuál es su opinión con respecto al decreto en el marco de la emergencia de La Guajira y la suspensión de contratos?
Nos preocupa mucho. La Guajira tiene hoy 160.000 usuarios y son cerca de 1% de los usuarios. Es muy loable que el Gobierno busque soluciones para regiones que han estado abandonadas; pero no compartimos las formas de solución. Creemos que hay otras alternativas.
Ahora, el Gobierno buscó incentivar la incorporación de fuentes renovables no convencionales y nos obligaron a comprar energía por medio de subastas. Esas son entre 8% y 10% de la compra de las comercializadoras. Esa energía tenían que darla y hoy toma más relevancia, ante una alerta de fenómeno de El Niño. Si hoy nos quitan lo que estaba contratado quedamos expuestos a la bolsa, para entregarle la energía a los usuarios; eso va a afectar es a los usuarios. Hoy el precio de la energía en bolsa puede estar 2,5 veces por encima del precio al que se adjudicaron las subastas.
¿Qué impactos calculan para los usuarios?
Eso puede implicar que el costo de la tarifa crezca en promedio en algunas empresas entre 5 % y 6 %.
¿Qué tanto dinero podría representar este incremento?
Eso quiere decir que los usuarios van a tener que pagar un sobrecosto de cerca de $170.000 millones mensuales hasta diciembre. Esto va a variar dependiendo los mercados y la exposición a bolsa. Para el caso de La Guajira, nos comenta la empresa que presta el servicio en La Guajira el crecimiento puede ser de 7 %.
Vemos con preocupación que por apoyar a un inversionista o dos inversionistas estén afectando a 16 millones de usuarios en Colombia.
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Energía
¿Qué opina con respecto al artículo sobre la prioridad en la asignación de cargo por confiabilidad?
Ese es otro tema que no vemos adecuado y es que en el decreto se plantee que se le asigna por derecha de manera directa a los generadores de renovables la asignación del cargo por confiabilidad sin estar en una competencia.
Eso va en contra de la formación eficiente de precios.
¿Van a emprender acciones legales por este decreto?
Vamos a tomar acciones con respecto a los decretos porque vemos que son inconvenientes que tienen vicios de constitucionalidad en nuestro juicio. Vamos a participar en la revisión de dichos decretos ante la Corte Constitucional, bajo el marco legal.
Estamos de acuerdo en la búsqueda de la solución, pero no de esta forma.
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¿Cómo ve el tema de un nuevo régimen tarifario para este departamento?
No entendemos ese tema del régimen especial, cuando la región Caribe ya tiene un régimen tarifario que fue definido cuando los mercados se dividieron entre Air-e y Afinia.
No entendemos qué se persigue con este régimen especial.
¿Esto va en contra de los avances del Pacto por la Justicia Tarifaria?
Estos incrementos de entre 5% y 6% por supuesto que borra los avances que se hicieron con el Pacto. Nosotros apoyamos esta iniciativa, pero con esto impactan las tarifas de todos los usuarios en Colombia y eso va en dirección contraria.
¿Si es viable un régimen especial?
No sabemos por qué, cuál es la idea del Gobierno, porque yo diría que no es necesario, lo que nosotros vemos es que puede haber soluciones de otro tipo.
Para el tema de que continúen los proyectos de fuentes renovables hay una solución, por ejemplo, con ayuda en el tema de las consultas previas y los licenciamientos ambientales.
Lo que no entendemos es por qué darle una “patente de corso” para que incumplan unos desarrolladores, perjudicando a 16 millones de usuarios.
De hecho, cabe mencionar que en el pasado, cuando generadores han incumplido se les han aplicado las garantías.
En este caso debería ser igual, porque eso puede propiciar que se genere un marco diferencial.
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¿Cómo analiza que Ecopetrol pueda entrar a generar?
Nosotros hemos manifestado con respecto a este tema que deben siempre, a nivel general, existir unas normas que regulen la integración horizontal y vertical para que ningún agente pueda distorsionar la formación eficiente de precio.
En ese sentido, nos preocuparía porque Ecopetrol está integrado con ISA, y está XM también dentro de la empresa.
¿Les preocupa que las alzas en precios puedan afectar el recaudo de la cartera?
Hoy tenemos saldos de cerca de $5 billones de opción tarifaria, que puede llevar a las empresas a un riesgo sistémico. Ahora bien, con estas alzas, nos preocupa que se pudiera exacerbar mucho más el problema.
Por ahora no hay claridad sobre cómo solucionar este tema y lamentablemente en estos momentos no podemos empezar a recuperar los saldos.
DANIELA MORALES SOLER
Periodista Portafolio
