La población migrante, los mineros, las víctimas de la violencia y los firmantes de la paz, son los principales grupos que la Superintendencia Financiera busca que sean incluidos por el sistema financiero y por los que acaba de expedir una guía para promover una cultura de debida atención, protección, servicio, trato justo y equitativo.
La entidad dijo que incluyó en su herramienta SmartSupervision una categoría de quejas denominada “negación a la apertura de productos por condiciones de segmentos particulares de la población” y en 2023 se presentaron 336 quejas relacionadas con esta situación.
(Más: Las dos caras de la pobreza: así está el panorama en materia de salud y empleo).
De acuerdo con Paula Franco, coordinadora del grupo de inclusión financiera de la entidad, se busca que estos grupos obtengan productos que les ayuden a mejorar el bienestar financiero, sin sobreendeudarlas, pues el objetivo es mejorarles la calidad de vida y el futuro.
La funcionaria dijo que hay muchos actores de la sociedad que tienen barreras y obstáculos que pueden ser de diferente naturaleza a los que enfrentan otros segmentos.
Migrantes venezolanos.
EFE
Por ejemplo, los mineros que representan una actividad importante necesitan acceso a productos para que hagan su actividad de manera legal y formal.
(Lea: ¿Pensando en importar de China? Recomendaciones para aprovechar estabilidad del dólar).
Otros segmentos como los migrantes, víctimas de la violencia, reincorporados de grupos ilegales y mineros representan una selección de sectores para darles productos financieros.
La coordinadora del grupo de inclusión financiera de la Superfinanciera, asegura que la guía era necesaria para tener un marco conceptual de cómo buscar la inclusión de esos grupos especiales para que puedan ser atendidos de manera justa y equitativa.
Venezolanos
Archivo EL TIEMPO
Aclaró que este fenómeno tiene varias causas entre las que se encuentran la autoexclusión, pero también hay un concepto de que las entidades, antes de gestionar el riesgo prefieren evitarlo, pero advirtió que deben administrarlo y tener un enfoque basado en riesgos y “con base en ello mirar su vinculación o no, pero no darles una negativa inmediata al acceso”.
(Siga leyendo: Minhacienda se pronuncia sobre decisión de la Corte frente a deducibilidad de regalías).
Aclaró que “la guía no es obligatoria para el sector financiero, pero tiene elementos orientadores de la expectativa del supervisor sobre las entidades. Contiene unos capítulos que son de cumplimiento de normas que son legales y obligatorios, pero el mensaje es que el supervisor está interesado en que ellos traten de manejar de manera justa a esos segmentos”.
Reveló que en materia de migrantes venezolanos hay un estimado de 2,9 millones al cierre de noviembre de 2023 y hay 50.317 solicitudes de mineros por acceso a productos financieros y se está haciendo una estimación de las víctimas de la violencia y de los reintegrados.
Migrantes
iStock
Dijo que se busca que haya más relacionamiento con las comunidades y grupos de interés, comunicación respetuosa y objetiva que les permita acercarse a las instituciones.
Comentó que un punto importante en la inclusión de esos grupos poblacionales es la educación financiera y eso se articula con varias entidades, con enfoque diferencial de acuerdo con las realidades de los diferentes segmentos pues no solo se busca que adquieran conocimientos, sino que también adopten comportamientos.
(Lea: Las ventajas que trae la reforma pensional, según la Ministra de Trabajo).
Lo que han mostrado los estudios se diría que antes de pero lo importante encajar de manera simultanea y se reciba constantemente y se puedan aplicar los conocimientos.
La funcionaria recordó que las entidades tienen suficiente capital y activos para respaldar su operación y se les ha acompañado para que haya un balance entre la solidez del sistema financiero, que no se ha visto golpeado, y otros objetivos que están en el interés del Gobierno que es la inclusión financiera.
HOLMAN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
Periodista de Portafolio
