Bangui, República Centroafricana – Se ha emitido una orden de arresto internacional contra François Bozizé, expresidente exiliado de la República Centroafricana (RCA), acusado de abusos contra los derechos humanos cometidos entre 2009 y 2013.
La orden fue anunciada por el Tribunal Penal Especial de Bangui, creado para abordar los crímenes de guerra y otras violaciones relacionadas con el prolongado conflicto del país desde 2003.
Gervais Bodagy Laoulé, portavoz del tribunal, precisó que los cargos se refieren a atrocidades cometidas en una prisión civil y en un centro de entrenamiento militar en Bossembélém.
Según las denuncias, bajo la administración de Bozizé, la guardia presidencial y otras fuerzas de seguridad estuvieron involucradas en la tortura y el asesinato de numerosas personas.
Bozizé, que actualmente reside exiliado en Guinea Bissau, aún no se ha enfrentado a la extradición.
El presidente Umaro Sissoco Embaló de Guinea Bissau informó a Associated Press que no había recibido ninguna comunicación formal de Bangui sobre la orden de arresto y destacó que las leyes locales no permiten la extradición.
Las víctimas y sus familias llevan mucho tiempo esperando justicia por las atrocidades cometidas durante la presidencia de Bozizé.
Ibrahim Nour, cuyo padre sufrió torturas y fue asesinado en la prisión de Bossembélé, expresó su sensación de retraso en la justicia y afirmó: «La justicia puede ser lenta, pero eventualmente alcanzará a los verdugos».
Human Rights Watch ha descrito el Tribunal Penal Especial, en funcionamiento desde aproximadamente 2018 después de haber sido fundado en 2015, como un importante paso adelante en la impartición de justicia para las víctimas de delitos graves en la República Centroafricana.
Patryk Labuda, experto en derecho penal internacional, enfatizó la importancia de la orden, señalándola como un avance clave en los cinco años de historia del tribunal y una señal clara de su compromiso con el procesamiento de crímenes vinculados al Estado.
Bozizé llegó al poder tras un golpe de estado en 2003 y posteriormente fue derrocado en 2013 por los rebeldes Seleka, lo que desencadenó una brutal guerra civil caracterizada por la violencia sectaria y el uso generalizado de niños soldados.
El conflicto, en el que han participado numerosos grupos armados y ha dado lugar a importantes sanciones internacionales contra Bozizé, ha provocado la muerte y el desplazamiento de miles de personas.
A medida que el tribunal avanza en su mandato, víctimas como Audrey Yamalé, de la Asociación de Víctimas de la Crisis de 2013, piden una mayor cooperación internacional para garantizar que Bozizé sea juzgado.
«Es un gran día para que nosotras, las víctimas, sepamos que François Bozizé es objeto de una orden de arresto internacional», dijo Yamalé, abogando por que se tomen más medidas para llevar a Bozizé ante la justicia.
