Redacción BL
El país se armaría con todas las herramientas que tiene a disposición el Estado para combatir de manera efectiva y eficaz a la minería ilegal.
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Y en una cruzada para hacerle frente a este flagelo, los ministerios de Minas, Justicia, Defensa y Ambiente radicaron un proyecto de ley, que de ser aprobado, establecería medidas para la erradicación de la explotación ilícita de minerales (EIM) en todos los eslabones de la cadena.
“La explotación ilícita de minerales atenta contra el medio ambiente, se apropia de recursos de todos los colombianos y es una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado. El país cuenta con pocas herramientas para combatirlo y por eso este proyecto de ley busca poner mano dura contra este delito”, señaló el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa.
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Por su parte, el jefe de la cartera de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, subrayó que el articulado tiene como propósito dictar normas “más severas en materia penal y sancionatorias en materia ambiental, además de facultar a la Fuerza Pública y a la Fiscalía General de la Nación con las herramientas jurídicas necesarias que les permitan perseguir toda la cadena criminal de explotación, producción, beneficio y comercialización de minerales”.
El proyecto de ley que consta de 26 artículos, tiene tres objetivos principales. Primero, fortalecería los instrumentos jurídicos existentes, con el fin de erradicar la exploración, explotación, aprovechamiento y comercialización ilícita de minerales y demás actividades relacionadas con estas conductas.
Segundo, generaría las herramientas necesarias para controlar la EIM en los ecosistemas, proteger las cuencas hídricas, y reducir los impactos ambientales, sociales y económicos generados por la explotación ilícita de minerales.
Y tercero, judicializaría con mayor contundencia a quienes desarrollen EIM en parques nacionales naturales y se podrían iniciar procesos de restauración ambiental por parte de los implicados.
“El articulado no tiene que ver solo temas policiales, sino que además se abordan otros elementos como el social, la cadena de suministros, explosivos y sustancias químicas, de articulación con delitos ambientales, de mecanismos para asegurar la trazabilidad del mineral y controles a la comercialización, se brindarían herramientas que permitan el decomiso y destrucción de maquinarias, y se crearían los puentes para establecer su vinculación con otros delitos como el lavado de activos, y los grupos ilegales”; señaló Jaime Concha Prada, vicepresidente de Minería, Hidrocarburos y Energía de la Andi.
De convertirse el proyecto de norma en Ley de la República, se podría judicializar solo por explotar minerales sin permiso de la autoridad competente, y por esta actividad quedarían en firme penas de entre cinco a 12 años, con medidas de detención.
Así mismo, la comercialización, beneficio y transporte de minerales con origen ilegal serían delito y también pagarían condena.
Además, se penalizaría el uso del mercurio en la extracción ilegal, se lograría judicializar con mayores penas a quienes desarrollen explotación ilícita en parques nacionales naturales o zonas protegidas ambientales, y se crearía como delito la fuente de lavado de activos la misma explotación ilícita de minerales, y las penas serían más severas cuando financien el terrorismo.
Finalmente, se crearían sanciones a quienes adquieran minerales a explotadores no autorizados, o que le compren más de lo permitido.
“La iniciativa ayudaría mucho para combatir el narcotráfico y el lavado de dinero, ya que en el proceso de beneficio y comercialización se pueden ‘mezclar’ minerales provenientes de fuentes legales e ilegales, fundirlos, y se pierde toda la trazabilidad del origen del mineral. Ese material fundido es vendido internacionalmente y estos esquemas son muy utilizados por los criminales y el narcotráfico para lavar dinero y financiar el terrorismo”, afirmó Nicolás Arboleda, asociado del Área de Energía, Minería e Infraestructura de Baker McKenzie.
En el mismo sentido, Ricardo Ruiz, socio líder de Impuestos y Servicios Legales de KPMG en Colombia, indicó que el proyecto de ley entregaría herramientas que ayudarán a combatir la minería ilegal, pero que su verdadera efectividad dependerá de una institucionalidad fuerte para perseguir a los actores que infringen las reglas a lo largo de la cadena.
“Extiende sus efectos a otros eslabones como el beneficio, transporte, transformación o comercialización. El proyecto incluso va más allá y crea tipos penales que castigan la financiación o suministro de maquinaria o herramientas con destino en la explotación ilícita, así como la tenencia, almacenamiento, transporte, comercialización o uso de mercurio en violación de la normatividad existente”, dijo.
