Redacción BL
Este sábado, el expresidente Álvaro Uribe dio a conocer el borrador del decreto para derogar o reformar la Justicia Especial para la Paz (JEP), que investiga y juzga a los exguerrilleros de las Farc, miembros de la Fuerza Pública y terceros que hayan participado en el conflicto armado interno en Colombia, para que sea discutido con los «compañeros del Centro Democrático, otros partidos y movimientos sociales».
El primer punto que plantea el borrador de proyecto de ley es un referendo constitucional de iniciativa popular, tal como lo ha anunciado hace varios meses, para reformar la justicia.
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Con ello, se establecería una o dos altas corporaciones judiciales, que no tendrían funciones electorales respecto de las otras ramas del poder público. «Los magistrados serían mayores de 55 años, para periodos personales de 12 años (o hasta una edad de retiro forzoso o vitalicio), elegidos por cooptación con aprobación del Senado. Se estudiarán soluciones expeditas a demoras judiciales», advierte el borrador.
En un tercer aspecto, contempla la creación de una Comisión Especial Legislativa integrada por 30 miembros, elegidos por el Senado, que implemente el referendo o proponga al Congreso las medidas. «Si éstas no fueren adoptadas dentro de los 6 meses siguientes, el presidente podrá expedirlas mediante decretos con fuerza de ley», puntualiza.
Otro de los asuntos que ya había mencionado el jefe del Centro Democrático es que se crearía un Tribunal de Aforados, «para crear independencia en el juzgamiento de los congresistas y de los magistrados».
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El quinto punto es de la derogatoria o reforma de la JEP y plantea dos alternativas: derogar la Jurisdicción Especial de Paz y que sus funciones se trasladen a la jurisdicción ordinaria, «pero se mantienen los beneficios judiciales» o que se reduzcan los periodos de los actuales magistrados.
Pero hace una advertencia: «habría una sala especial para los miembros de la Fuerza Pública, con magistrados imparciales que conozcan sus protocolos, estructura de mando y reglas operacionales» y que «los miembros de la Fuerza Pública que hayan cometido delitos antes del 1° de diciembre de 2016, cuando hayan cumplido 5 años de condena efectiva, podrán solicitar la libertad condicional», a excepción de los delitos de acceso carnal violento, abuso sexual, secuestro, terrorismo o delitos contra el Estado.
Las personas responsables de delitos de lesa humanidad no podrán ser miembros del Congreso
Otro de los puntos que llama la atención es que plantea que «las personas responsables de delitos de lesa humanidad no podrán ser miembros del Congreso, ni de corporación alguna de elección popular, ni podrán ser elegidos para cargos unipersonales».
Asimismo, plantea que haya una disminución del número de congresistas y reducción gradual del salario. «Se reducirá el Congreso en un 30%. La remuneración de los congresistas se congelará en la cuantía nominal durante los siguientes 6 años», detalla el documento.
Se reducirá el Congreso en un 30%. La remuneración de los congresistas se congelará en la cuantía nominal durante los siguientes 6 años
La iniciativa también plantea que el homicidio de los líderes sociales tenga la sanción de homicidio agravado.
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Vea aquí el borrador completo:
Referendo, Borrador 1:
Para discusión con compañeros del Centro Democrático, otros partidos, movimientos políticos y sociales.
¡Cuidemos la Amazonía!https://t.co/fOdPnkR9qc— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 1, 2020
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REDACCIÓN POLÍTICA
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