Más de 20 días llevan afuera de Segob víctimas de desplazamiento forzado y desapariciones; exigen justicia

Desde el pasado 19 de noviembre un grupo de personas se encuentra en un plantón afuera de las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, con el que exigen justicia para los casos de desplazamiento forzado por violencia o desaparición de personas, entre otros delitos de los que dicen son víctimas.

“Presidente @lopezobrador_ tenemos 24 días en plantón afuera de la @SEGOB_mx seguimos pidiendo ser atendidos por @A_Encinas_R no quiere resolvernos nuestras peticiones somos víctimas de diversos delitos, están violando nuestros derechos humanos, @CorteIDH pedimos su intervención”, escribió en una publicación a través de Twitter, Omar Bello, uno de los manifestantes.

“Aquí seguimos y no nos vamos”, se refirió el también periodista en otras de las publicaciones en misma red social en referencia al campamento montado en las inmediaciones de la Segob, “seguimos esperando respuesta del gobierno Federal”, señalaba.

“Hasta ahorita solo nos han ignorado, y las víctimas desplazadas seguimos en el limbo”, contó el activista a Infobae México, explicando que sus quejas formaban parte de “un cúmulo de situaciones que hay en torno a violaciones a nuestros derechos humanos” y reiteró que la protesta que ahora están llevando a cabo es “contra las arbitrariedades de quienes deberían de velar por nuestros derechos humanos”

De acuerdo con cifras del Observatorio de Desplazamiento Interno (IMDC), México acumuló 345 mil casos de este tipo por razones de violencia hasta 2019, ese año registró 7 mil 100. A la mitad del 2020 ya iban 4 mil 600 personas movilizadas por amenazas y conflictos de inseguridad.

Datos del CMDPDH señalaron que al menos 8 mil 664 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado a causa de la violencia en el país, mismos que fueron registrados con 28 episodios en ocho estados, 27 municipios y 61 localidades. De estos, 6 mil 925 (cerca de 80%) tuvieron que irse por la violencia generada desde grupos armados organizados.

Guerrero ha sido uno de los lugares más afectados. El año pasado, 8,864 personas fueron obligadas a abandonar sus hogares en 28 incidentes, en ocho de los 32 estados de México, según un informe anual publicado el pasado 20 de agosto por la Comisión independiente para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos del país. De esa cifra, Guerrero tuvo 5, 128 víctimas de desplazamiento forzado.

Precisamente, Omar Bello es guerrerense. El relataba hace un par de meses que, desde 2006 a la fecha ha recibido unas 20 amenazas provenientes de grupos como el Cartel de Sinaloa, Beltrán Leyva, Caballeros Templarios, y la última fue de una facción ligada al Cartel Jalisco Nueva Generación.

Según los datos de Bello Pineda, perteneciente a la Asociación de Periodistas Desplazados, hay 70 de sus compañeros desplazados en México y aproximadamente, 20 de ellos resguardados en la capital, otros más en Guadalajara, Mérida y Querétaro.

“A mi no me interesan ni los partidos, ni me interesan los candidatos, ni me interesan los funcionarios, a mi lo que me interesa es que dejen de estarnos matando, que nos dejen hacer nuestro trabajo, nuestra labor periodística”, explicaba el periodista.

Apenas el 28 de agosto pasado, Omar Bello Pineda denunció que un político de Guerrero, implicado en su desplazamiento, le puso precio a su cabeza y ofertó 300,000 pesos para que fuera asesinado. La Fiscalía General de la República, refirió, ya investiga el caso. Desde el 20 de agosto de 2017 no ha vuelto a Zihuatanejo.

Mientras que el IMDC ha reportado que la primera mitad del 2020, la violencia causó el DFI en Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo y Sinaloa. Otros estados reconocidos con el mismo problema, por Morales Romero, fueron la Ciudad de México, donde locatarios han tenido que cerrar por el cobro de extorsiones; así como en Morelos; y en Veracruz, por el tema de las desapariciones forzadas.

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