Redacción BL
Carlos Fabián Torres Hernández y Sandra Liliana Rubiano Torres fueron enviadas a prisión por su presunta responsabilidad en los delitos de desplazamiento forzado, concierto para delinquir con fines de narcotráfico y porte ilegal de armas de fuego, que les imputó un fiscal especializado delegado ante el Gaula de la Seccional Tolima.
La pareja fue detenida por personal del Gaula Policía con el apoyo de unidades militares por hechos ocurridos presuntamente en junio del año 2020, cuando los procesados quienes pertenecerían a un grupo de delincuencia organizada dedicado al tráfico de sustancias estupefacientes en la comuna 6 de la capital tolimense, atacaron a una familia asentada en el sector Las Margaritas de Ibagué.
Las víctimas, según informaciones recolectadas por el ente acusador, fueron amenazadas con armas de fuego. Además, les habrían intentado incendiar la casa sin importar que allí se encontraba una adolescente de 17 años en estado de embarazo en compañía de otras personas.
Según la investigación, el fin, al parecer, era desplazarlos del lugar y tomar el control total del sector para poder vender estupefacientes de manera libre.
Es de resaltar que dicho grupo delincuencial ya había sido impactado en marzo de este año con la captura de tres de sus integrantes identificados como Caren Lorena Torres Hernández, Camila Dayana Torres Hernández y Ronal Jeferson Torres Hernández.
Estas personas responden además por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y tráfico de estupefacientes y se encuentran ad portas de la audiencia preparatoria de juicio.
La Fiscalía habla con resultados.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
