Redacción BL
¿Habrá negociación política o sometimiento a la justicia?, ese es el nuevo frente de debate que dejó abierto el Gobierno con la expedición de los decretos que ordena el cese el fuego contra las dos disidencias de las Farc. Además, a esa discusión se le suma la creación de la Instancia de Alto Nivel que deberá definir si esas organizaciones tienen un estatus político o no y así precisar el tratamiento que recibirán.
De hecho, según como ordena los decretos expedidos por el Ejecutivo, con las disidencias de alias Iván Márquez el Gobierno adelantaría un proceso de sometimiento a la justicia, lo mismo que pretende con el Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Mientras que con el Estado Mayor Central de alias Iván Mordisco se tiene como objetivo adelantar una negociación política tal y como se hace actualmente con el ELN.
Es por ello que se creó esa Instancia de Alto Nivel, para caracterizar y clasificar las organizaciones armadas ilegales de alto impacto que expresen voluntad de acogerse a la Paz Total.
“Una vez tengamos la decisión final de la Instancia, el Gobierno tomará la decisión de reconocer o no el estatus político, o si nos quedamos en el nivel de conversación con miras al sometimiento y desmantelamiento”, explicó el ministro del Interior, Alfonso Prada.
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En ese sentido, los expertos consultados consideran que se trata de una decisión muy compleja la que debe tomar la Instancia, pues de ella dependerá el futuro de las negociaciones de paz con esos grupos criminales.
De acuerdo con lo anterior, Pastor Alape, exnegociador de las Farc en La Habana y vocero del Partido Comunes, sostiene que “hoy la salida debe ser política, implica fórmulas combinadas entre acuerdos de sometimiento y acuerdos de negociación política”.
Además, agrega que la Segunda Marquetalia se retiró del Acuerdo de Paz “por el entrampamiento que le tendieron agentes de Estado”.
No obstante, otra cosa piensa el ex Comisionado Nacional de Paz Camilo Gómez Alzate. “Desde el punto de vista jurídico y político esa definición es inaceptable, ambos grupos (Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central) están dedicados, principalmente, al narcotráfico, no tienen ninguna justificación política y por lo tanto no deben tener un tratamiento distinto que el del sometimiento a la justicia”.
El experto, que lideró los diálogos del Caguán, dice que el “entrampamiento” del que hablaron esas dos facciones de las antiguas Farc para justificar hoy el estatus político, “nunca existió”.
Y añade que “lo más grave es que violaron los acuerdos firmados por ellos mismos”.
Mientras que el exdirector de la Agencia Nacional de Reintegración, Alejandro Éder, advirtió que “salvo con el ELN, con los demás grupos armados ilegales deberían ser procesos de sometimiento, porque todos son grupos de narcotraficantes puros. Darle estatus político a algunas de esas organizaciones es poner en riesgo el Acuerdo de La Habana. Si el objetivo es fortalecer ese acuerdo, hay que tener cuidado de no afectar la justicia transicional”, comentó en W Radio.
De hecho, Gómez Alzate coincide con Éder en que reconocerles a las disidencias de las Farc estatus político pondría en riesgo el Acuerdo del Teatro Colón, porque “allí se estableció que a quienes incumplan solamente les cabe la justicia ordinaria”.
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“Segundo, sería contrario a la Constitución, y tercero, viola flagrantemente los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, comenzando por los tratados que firmó Colombia en cuanto a la lucha contra el narcotráfico”, dijo el excomisionado de paz.
Una fórmula combinada
Ahora, para el catedrático Alejo Vargas Velásquez, es claro que la Segunda Marquetalia negoció el Acuerdo de La Habana y luego regresaron a la lucha armada.
“Ahí hubo abandono del proceso de negociación, y aunque suene duro podría decir que casi de traición a unos acuerdos que ellos mismos firmaron, aunque ‘Iván Márquez’ hable de ‘entrampamiento’”, señala el experto.
Vargas considera que lo lógico sería que ese grupo ilegal “vuelva a aceptar el Acuerdo que ya se había firmado con las Farc y que se acuerden algunas precisiones con las JEP para el tema de los delitos cometidos por ellos después de la fecha del acuerdo”, mientras que con el Estado Mayor, que desde el comienzo se apartó de las conversaciones en Cuba con su líder ‘Gentil Duarte’, la realidad es distinta.
“Claramente ellos no tienen las mismas circunstancias del grupo anterior, por lo tanto con ellos es posible pensar en un proceso de conversaciones políticas en todos los aspectos formales, cosa que no es posible con la Segunda Marquetalia que se retiró después de firmar lo pactado”, reitera.
El problema es, según las fuentes consultadas, si las disidencias de la Segunda Marquetalia aceptará un proceso de sometimiento a la justicia con todo lo que ello implica: devolución de bienes, reparación a las víctimas, desarme y cárcel.
“No sé cuál es la posición de ellos (‘Iván Márquez’ y su gente), pero lo que sí sé es que es una burla a los ciudadanos. El Gobierno tiene que pensar que no hay justificación para un tratamiento a quienes violaron los mismos acuerdos firmados por ellos. Hoy esos grupos no tienen justificación política, son simplemente grupos dedicados al narcotráfico”, afirmó Gómez Alzate.
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Para los observadores, es claro que el Ejecutivo tendrá que negociar todas las condiciones con estos grupos armados al margen de la ley, pues como dice Alejandro Éder: “el Gobierno no puede esperar que todos ellos simplemente se sometan a la justicia y se desmovilicen”.
Así las cosas, la propuesta del Mandatario de pactar la paz con todas estas organizaciones armadas, si bien es audaz, al decir de los entendidos, también trae sus riesgos.
“Ese es el reto que tiene el presidente Gustavo Petro y su política de Paz Total: convencer a la Segunda Marquetalia de que, efectivamente, el sometimiento es lo único que tienen como posibilidad de paz con el Estado”.
Y en ese panorama tan complejo, hoy la palabra sobre el tipo de negociación que se adelantará con las disidencias de las antiguas Farc la tiene la Instancia de Alto Nivel que integran el Ministro de Defensa, el Alto Comisionado de Paz y el Director de la Agencia Nacional de Inteligencia.
