Simpatizantes de la ex congresista presentaron el recurso al Tribunal Superior de Bogotá.
La tutela solicita "la suspensión de la ejecución y efectos" de la decisión del procurador general, Alejandro Ordóñez, sobre la destitución e inhabilidad a Córdoba por 18 años como senadora de la República, y la confirmación del fallo disciplinario.
En la tutela se señala que se realizó valoración sobre pruebas legalmente inexistentes y se violaron derechos fundamentales de la ex senadora como la honra, la vida, el debido proceso, el buen nombre y la presunción de inocencia.
La acción señala que "en la medida en que al momento de adoptar la providencia sancionatoria, valoró (la Procuraduría) en pos de imputarle responsabilidad disciplinaria a la investigada Piedad Esneda Córdoba Ruiz, una información supuestamente hallada en aparatos electrónicos (…) y que fueron avaladas por la INTERPOL en el informe forense sobre los ordenadores y equipos informáticos de las FARC decomisadas por Colombia…".
Agrega la acción de tutela que no se le permitió conocer "qué tipo de experticia, mediante qué tipo de procedimiento técnico y al amparo de qué metodología quién o quiénes en concreto, con qué tipo de formación profesional y experiencia concluyeron que la INTERPOL no ha encontrado indicios de que tras la incautación a las Farc de las ocho pruebas instrumentales de carácter informático, efectuada el 1 de marzo de 2008 por las autoridades colombianas, se haya creado, modificado o suprimido archivos de usuario en ninguna de dichas pruebas…".
