De acuerdo con el compromiso adquirido por la Fiscal General de la Nación (e), Martha Janeth Mancera, de esclarecer los delitos que afectan la seguridad ciudadana, la Fiscalía obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de la subintendente de la Policía Nacional Deimy Zuley Castellanos Castiblanco y de su hermano Giovanny Alexander, como presuntos responsables de estafar a un comerciante de Medellín (Antioquia) por una cuantía superior a los 400 millones de pesos.
Los hechos ocurrieron entre junio y julio de 2023, cuando los procesados, al parecer, indujeron en error mediante engaños a la víctima y le solicitaron varios préstamos de dinero garantizando el pago con prendas de vehículos.
Según la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Estafas de Medellín, los hermanos Castellanos Castiblanco habrían obtenido las prendas de los vehículos engañando a los propietarios, a quienes les hicieron creer que los automotores los estaban arrendando para el transporte de extranjeros.
De acuerdo con la información obtenida por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), los procesados habrían reclutado personas para suplantar a los verdaderos dueños de los vehículos y con documentos falsos acudieron ante la víctima para obtener préstamos por una cuantía de 460 millones de pesos.
Los elementos materiales recaudados permitieron establecer que luego de recibir el dinero, los supuestos propietarios de los vehículos recibían un monto por la suplantación y entregaban el resto a la subintendente y su hermano.
Los investigados, quienes fueron capturados por el CTI con el apoyo de la Policía Nacional, no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía por delitos como estafa agravada, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado, todas las conductas en concurso homogéneo y sucesivo.
La Fiscalía habla con resultados
NAMT/MG/MB/YMAS/DSM
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
