Los hechos de violencia ocurridos la semana pasada, tras la muerte del estudiante de derecho Javier Ordóñez en medio de un caso de brutalidad policial, dejaron a cientos de familias en medio del dolor y la exigencia de justicia por los muertos y los heridos que fueron impactados por balas disparadas, según indican las autoridades, por miembros de la Policía.
Pero también lo sucedido dejó en evidencia que estos acontecimientos tienen un costo no solo en vidas humanas –que es lo más doloroso– sino también económico. Es decir, las indemnizaciones producto de las demandas al Estado por estos casos de abuso policial las terminan pagando todos los colombianos.
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Según un reporte enviado por el Ministerio de Justicia a la Cámara de Representantes, el Estado colombiano tiene actualmente 696 demandas en contra por casos de abuso policial, entre los que se encuentran lesiones a civiles en procedimientos policiales, daños a bienes causados por miembros de la Fuerza Pública e incluso demandas por ejecuciones extrajudiciales perpetradas por Agentes del Estado.
El total de las pretensiones de los demandantes, según el documento, es de 945 mil millones de pesos. Esto es más del doble del presupuesto anual que tiene el Ministerio de Cultura, que cuenta con 405 mil millones de pesos.
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La mayor cantidad de demandas se presenta por daños causados por uso excesivo de la fuerza, causa por la cual el Estado tiene 240 procesos en contra, le siguen las lesiones a civiles en procedimientos policiales, por lo cual hay 227 demandas.
También causa preocupación la alta cantidad de demandas por muerte de civiles en procedimientos policiales, que suman en total 53 procesos en contra del Estado. Por esta causa, las pretensiones de los demandantes llegan a los 102 mil millones de pesos.
Causa preocupación la alta cantidad de demandas por muerte de civiles en procedimientos policiales, que suman en total 53 procesos en contra del Estado
Igualmente, por ejecuciones extrajudiciales perpetradas por agentes del Estado hay 25 demandas, mientras que por muerte de civil con arma de dotación oficial son 23 las reclamaciones.
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Este informe se conoce justo un día después de que el Gobierno Nacional admitió, por primera vez, en la noche de este martes que dos integrantes de la Policía mataron al abogado y taxista Javier Ordóñez, sucedida la semana pasada, en Bogotá.
La admisión la hizo el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en la plenaria del Senado, en una sesión en la que también reclamó que se conozcan los posibles delitos que se hayan cometido contra la institución en las protestas ciudadanas.
“Unos policías mataron a un ciudadano colombiano, deshonraron el uniforme, violentaron las normas de comportamiento ético, desconocieron todo el esfuerzo de formación de la institución. En relación con ellos ya se están tomando las decisiones”, afirmó el funcionario.
Tras los casos de abuso policial que se han presentado en los últimos días, son varios los congresistas que han salido a plantear reformas a la institución.
También se ha hablado de modificar los procesos de selección y formación de los miembros de la Fuerza Pública, trasladar la Policía del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior y sacar a la institución de la justicia penal militar e incluso prohibir el uso de ‘taser’ y gases lacrimógenos.
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