La senadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra sugirió un proyecto para que el consentimiento del padre sea obligatorio a la hora de decidir sobre un aborto.
La médica, feminista y psicoanalista Martha Rosenberg señala acertadamente que el derecho al aborto es una lucha por la libertad de las mujeres, y no una lucha contra la maternidad. En el contexto colombiano habría que modificar ligeramente la frase para explicarles a la senadora Guerra y a los defensores de este proyecto que el derecho al aborto no atenta contra la paternidad.
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Dado que la palabra aborto tiene una connotación negativa y es usada con frecuencia para culpar a las mujeres por cometer un ‘pecado’, usaré en su lugar las expresiones ‘interrupción voluntaria del embarazo’ y ‘libre opción de la maternidad’. No hay que olvidar que es importante la forma como nombramos las cosas.
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De carne y hueso
El proyecto de la senadora Guerra ha vuelto a abrir el debate sobre el derecho de las mujeres a decidir si quieren o no ser madres. En los últimos años, ese debate ha popularizado un prototipo de mujer infame y ficcional que se opone a la maternidad y priva a los hombres de ser padres.
Naturalmente, ese prototipo es rechazado por una sociedad que espera que las mujeres no seamos más que santas, madres y esposas, y que desconoce el sinnúmero de barreras que las mujeres de carne y hueso enfrentan cuando deciden interrumpir un embarazo a pesar de que existen causales legales que respaldan su decisión.
En febrero, la senadora Guerra manifestó que no estaba de acuerdo con las causales de la Corte que avalan el aborto, y recientemente confirmó que trabajará para lograr que la voz de los padres sea tenida en cuenta en los casos de interrupción del embarazo.
Sin duda, la senadora desconoce las historias de dolor y humillación psicológica que han experimentado miles de mujeres colombianas al optar por interrumpir el embarazo. Si las conociera, no habría sugerido un proyecto que busca imponer una barrera más en ese dramático proceso.
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La senadora parece desconocer también que darle fin a la gestación nunca es un proceso deseable, y que sería preferible prevenir los embarazos no deseados, pero que, lamentablemente, en Colombia miles de mujeres y niñas son abusadas sexualmente y otras miles carecen de educación sexual y de acceso a anticonceptivos.
La lista de las restricciones de la autonomía de las mujeres (…) encubre la idea de que sus cuerpos deben cumplir con las expectativas
de los hombres
Idealmente, todos los embarazos deberían ser producto de una decisión autónoma y planeada, pero en el mundo real, muchas mujeres escogen darle fin a la gestión por diferentes razones y, al hacerlo, se ven obligadas a aguantar maltrato médico y social. Por eso, la interrupción del embarazo no debe ser entendida como una lucha contra la maternidad ni contra la paternidad, sino como un fenómeno social que necesita un enfoque sensato y realista.
La lista de desigualdades
Para comenzar debe reconocerse que, a lo largo de la historia, los cuerpos de las mujeres han sido mutilados, violados, asesinados, encerrados en conventos, vendidos, despreciados y juzgados por los estándares de belleza dominantes. La lista de las restricciones de la autonomía de las mujeres es prácticamente interminable, y encubre la idea de que sus cuerpos deben cumplir con las expectativas de los hombres y, por ende, no pueden ser administrados por ellas mismas. La propuesta de impedir que las mujeres decidan libremente sobre la gestación no es más que otra restricción de esa lista.
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Mientras que la paternidad es vista como un ‘favor’, la maternidad es concebida como algo ‘esperado’ y ‘natural’. Paradójicamente, la paternidad es más valorada socialmente que la maternidad a pesar de que, biológicamente, el embarazo representa numerosos riesgos para la salud de las mujeres, entre los que se destacan el síndrome del ovario poliquístico, la tiroides, la hipertensión arterial y enfermedades de salud mental como la depresión, la ansiedad y los trastornos posteriores al parto. Además, los cuerpos de las mujeres y sus relaciones sociales, sexuales y afectivas cambian después de tener hijos, algo que no ocurre con los hombres.
Como si fuera poco, en el ámbito laboral, las mujeres con hijos son más propensas que las mujeres sin hijos y los hombres a tener empleos informales y mal remunerados, lo cual perpetúa la feminización de la pobreza.
La contradicción
Volviendo a la paternidad, muchas mujeres se ven obligadas a interponer recursos legales para lograr que los padres de sus hijos se comporten como tales y respondan por ellos afectiva y económicamente. Esto ocurre porque, en términos legales, la noción de padre aparece únicamente después del nacimiento de los hijos.
Por eso no existen tipos penales para los hombres que participan de la concepción y, posteriormente, presionan u obligan a las mujeres a que interrumpan el embarazo. Incluso cuando esto sucede, el reproche social es dirigido hacia las mujeres, y no hacia los hombres.
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En el ámbito laboral, las mujeres con hijos son más propensas que las mujeres sin hijos y los hombres a tener empleos informales y mal remunerados, lo cual perpetúa la feminización de la pobreza.
Si bien es cierto que cada día más hombres acompañan la crianza y establecen vínculos afectivos con sus hijos sin necesidad de que la ley intervenga, es innegable que su cuota de sacrificio y esfuerzo no se puede comparar con la de las madres. Por ahora, el costo de la maternidad sigue siendo muchísimo más alto que el de la paternidad.
Justamente por eso, el Congreso debería legislar sobre el aborto, pero no para que la aprobación del padre sea necesaria, como propone la senadora Guerra, sino para permitir que las mujeres decidan libremente si quieren ser madres o no.
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La lucha por la libertad
En definitiva, legalizar la interrupción del embarazo no es una lucha contra la paternidad ni contra los hombres que quieren ser padres, sino contra un sistema social injusto que reproduce la desigualdad de género en pleno siglo XXI.
Además, la Corte Constitucional ha declarado que, en materia de interrupción voluntaria del embarazo, es inconstitucional establecer normas que supongan un retroceso en los logros obtenidos en 2006, lo cual implica que la propuesta de la senadora sería inconstitucional.
Las mujeres no seremos verdaderamente libres hasta que no tengamos autonomía sobre nuestros cuerpos, nuestra economía y nuestras decisiones políticas y sociales. Las mujeres no seremos verdaderamente libres hasta que el Estado deje de estigmatizar nuestras necesidades y deseos. ¡La lucha por nuestra libertad debe continuar!
ANA PATRICIA PABÓN*
Razón Pública*** Ana Patricia Pabón es abogada y filósofa, doctora en Derecho, magíster en Hermenéutica Jurídica, especialista en Docencia Universitaria y miembro del grupo de investigación de Teoría del Derecho y Formación Jurídica y de la Red de Mujeres Constitucionalistas de América Latina.
** Razón Pública es un centro de pensamiento sin ánimo de lucro que pretende que los mejores analistas tengan más incidencia en la toma de decisiones en Colombia.
Por ahora, no hay proyecto radicado
El anuncio que hizo María del Rosario Guerra de que propondría el proyecto para que se escuche el concepto del padre en casos de aborto causó múltiples respuestas en la opinión pública y las redes sociales desde el 20 de julio, cuando compartió sus propuestas para su agenda en el nuevo periodo.
Luego del revuelo causado, la congresista aseguró que no es cierto que haya presentado algún proyecto en ese sentido.
“Me permito informar que no he radicado en el Congreso de la República ningún proyecto de ley sobre temas relacionados con el aborto”, afirmó la senadora Guerra, del Centro Democrático, por medio de un comunicado público.
Sin embargo, la senadora agregó: “Desde el año pasado anuncié que seguiría trabajando férreamente por defender el derecho a la vida del no nacido, así como por buscar caminos que permitan escuchar al padre del bebé en gestación, siempre que no haya sido concebido como resultado del reprochable crimen de una violación”.
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“Lo anterior, basado en el caso de Juan Sebastián, el bebé de siete meses de gestación que fue abortado en la ciudad de Popayán porque la madre alegó problemas psicológicos; esto sin tener en cuenta la decisión del padre de querer su nacimiento y hacerse cargo de él con amor y responsabilidad”, puntualizó la senadora Guerra.
Pero, por otro lado, llamó la atención a los medios por hablar del proyecto de ley como si ya estuviera radicado en el Congreso, cuando apenas es una propuesta.
Finalmente, Guerra puntualizó: “Seguiré defendiendo el sí a la vida del no nacido y no al aborto”.
Lo que sí ya se materializó en el Congreso es el proyecto que crea la Comisión Legal Pro vida. En esta comisión se buscará desarrollar los proyectos que algunos congresistas han llamado “la defensa de la vida”, entre los que hay temas como el aborto y la eutanasia.
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“Es para mí un honor, como autor del proyecto de ley, informar que defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural. El aborto y la eutanasia no son una opción en momentos difíciles y extremos. La vida hay que defenderla y será nuestra propuesta y defensa desde la comisión legal provida”, manifestó el senador de Colombia Justa Libres John Milton Rodríguez.
REDACCIÓN DOMINGO
EL TIEMPO
