En el marco de la discusión sobre la reforma a la salud, uno de los proyectos que radicó recientemente el Gobierno y que ha generado cuestionamientos en distintos sectores, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), presentó un análisis de coincidencias, inquietudes y propuestas sobre la iniciativa que debe empezar a tramitarse en los próximos días en el Congreso.
Con la reforma, según la ministra de Salud, Carolina Corcho, se pretende “mejorar el sistema y optimizar sus recursos”.
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Bruce Mac Master, el presidente de la Andi, mencionó que la transición hacia un nuevo sistema es de los puntos que más preocupa al gremio, porque en ese proceso se pueden presentar fallas en el servicio a los pacientes, a quienes calificó como “el centro del sistema de salud”.
Frente a este punto, la agremiación reitera una de las críticas que han venido haciendo desde antes que conocerse el articulado de la reforma, y es la posibilidad de que “se pierda el derecho a la libre escogencia que ha sido fundamento del sistema actual. No resulta claro si el Centros de Atención Primaria Integral Resolutiva en Salud (Capris) representa al usuario, si gestiona su riesgo en salud y también el financiero, si las entidades territoriales conforman las redes y cómo se garantiza la atención por fuera del Capris para el ciudadano en movilidad”.
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Por lo que consideran que con esta reforma “el presupuesto de la salud puede desbordarse y perder sus mecanismos de contención afectando las finanzas públicas” y, en este punto, hacen especial énfasis en que no está claro cómo será la financiación de la atención primaria, uno de los puntos claves en la iniciativa del Gobierno.
En la socialización que adelantó la ministra en la Comisión Séptima de la Cámara, explicó el coste de operaciones de este modelo de atención en lo que han denominado “la Colombia profunda”, que representa a 17,3 millones de personas y, según expuso Carolina Corcho, costaría $8,7 billones, que saldrían de “los más de $80 billones que tiene el sistema”.
“El tarifario único para la prestación de servicios puede desincentivar la oferta de servicios de calidad para los pacientes y la inversión en tecnología e innovación en salud”, sentencia la Andi, argumentando que “no hay claridad sobre los criterios para la conformación de las redes y la participación de los prestadores privados, solamente se hace referencia a la prioridad que tendrá el prestador público”.
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El papel de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), que ahora es la encargada de gestionar los dineros que soportan la prestación de los servicios de salud, es otra de las líneas rojas, porque en el articulado del proyecto que presentó el Ejecutivo esta entidad asumiría muchas de las funciones de las EPS y la Andi cree que “no cuenta con la capacidad operativa para ser el pagador único del sistema de salud, lo que puede generar un colapso y consecuentes fallas en la atención de salud”.
Otro de los cuestionamientos es que “la estructura de gobernanza planteada crea burocracia, aumenta el riesgo de injerencia política y probable corrupción sobre los presupuestos de la salud en los territorios”.
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Frente a este punto, la Ministra había reiterado que “el sistema de salud no será manejado por gobernantes y alcaldes”.
Dentro de las inquietudes, esta agremiación también planteó temas como que “el proyecto de reforma no tiene una transición ordenada para las EPS con riesgo para los usuarios”, posición que sustentan bajo la premisa de que “las actuales aseguradoras adquieren un papel limitado en el ámbito de la atención primaria y con funciones netamente operativas”.
Asimismo, añaden que “la propuesta puede tener un impacto fiscal insostenible y que el nuevo modelo puede derivar en un aumento en el costo de las medicinas prepagadas y en general, al aumento del gasto privado en salud de los colombianos”.
Propuestas de la agremiación
Desde la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), proponen: “hacer del paciente y las familias el centro del sistema”, así como “implementar el cumplimiento de los acuerdos entre EPS y prestadores, fortalecer el giro directo desde la ADRES, mecanismo que ha operado con éxito para el régimen subsidiado y en menor proporción en el contributivo y articular a los diferentes actores de salud del territorio a través de una política el desarrollo de la salud pública”.
CLAUDIA M. QUINTERO RUEDA
Periodista Portafolio
