El Gobierno Nacional informó que el 1 de mayo de 2024 empezaría a operar el nuevo modelo en salud para los docentes públicos del país y, faltando poco para que eso sea una realidad, la Procuraduría General de la Nación (PGN) dio a conocer una seria de alertas sobre el esquema, al que calificó de ser improvisado.
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Lo principal, según el Ministerio Público, es que el plan del Gobierno para los docentes tendría «graves inconsistencias operativas y en contratación«. Por tal motivo, Marcio Melgosa, procurador Primero Delegado para la Vigilancia de la Función Pública, pidió aterrizar el proyecto y ajustarlo.
«La transición que pretende hacer el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) es improvisada al no tener claridad en temas esenciales como la conformación de la Red Nacional de Prestadores de Servicios de Salud de la que aún no hay nada concreto y ni siquiera ha sido presentada ante el Consejo Directivo«, sostuvo la PGN.
Continuó exponiendo que la red de servicios, que tendría 32 coordinaciones regionales, forma parte del nuevo sistema que busca, «además, acabar con intermediarios y estar bajo la gerencia de la Fiduprevisora, lo que ha generado gran controversia entre maestros agremiados en Fecode«.
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Otro punto que alertó el ente de control fue que fue el relacionado con la estructuración del nuevo sistema: «No hay precisión en torno a la cantidad de personal que demandará, tampoco del presupuesto destinado ni de quienes estarán a cargo de la supervisión a nivel regional y local que administren la base de datos y autorizaciones de cada uno de los servicios prestados«.
Salud
Más peros de la Procuraduría al nuevo modelo de salud de los profesores
Sobre el presupuesto que se usará, la entidad dijo que los costos por la implementación del esquema se aumentarán en comparación con el modelo. Ese incremento sería de 1,1 billones de pesos al año.
«En la revisión de documentos se constató que no hay firma de contratos ni capacitación de personal que operará el nuevo sistema, como tampoco hay claridad ni diferenciación entre los servicios médicos y servicios administrativos, por lo que se percibe un alto riesgo en la contratación de cada uno de estos«.
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En lo relacionado con el papel de la Fiduprevisora como operador de la gestión del servicio, para la Procuraduría esto «podría poner en riesgo las reclamaciones de los usuarios, ya que esta, por su naturaleza jurídica, es una entidad financiera y la Supersalud no podría hacer vigilancia y control sobre ella«.
«En el mismo sentido, el ente de control cuestiona que el nuevo modelo no establezca un responsable que vigile la calidad de la prestación del servicio ni la gestión del riesgo«, agregó.
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Finalmente, en la revisión del Manual de Contratación, la entidad asegura que se evidencian riesgos importantes en el instrumento jurídico dispuesto para la implementación del modelo en salud para los miembros del magisterio y sus beneficiarios.
«Se han puesto de manifiesto las posibles nulidades de los contratos que se suscriban, observaciones encaminadas a la protección del patrimonio público y el respeto al ordenamiento jurídico en los medios o instrumentos por los cuales se pondrá en funcionamiento dicho modelo«.
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