Redacción BL
La reforma laboral pretende mejorar las condiciones de los trabajadores. Una crítica que ha recibido es que protegería a los trabajadores formales, pero no fomenta la creación de nuevos empleos al encarecer los costos laborales.
(Vea: No se tocan: las bases inamovibles de las reformas pensional y laboral).
Juan David Barbosa, cofundador y director de Fisapay, ‘fintech’ que apalanca la gestión de pagos a trabajadores independientes, contratistas y proveedores, explicó las complicaciones que ve en el proyecto y cómo otras formas de vinculación laboral, más allá de los contratos, podrían ayudar a reducir la informalidad.
¿Cómo trabaja Fisapay?
A lo largo de siete años hemos ayudado a las empresas en la formalización de los pagos de las formas de contratación distintas a las tradicionales, diferentes a las reguladas por el Código Sustantivo del Trabajo, que define la contratación directa, a termino fijo, indefinido u obra labor. En Fisapay nos enfocamos en todo lo que no es eso.
En Colombia hay muchos niveles de informalidad, no solo en la calle, también es ese miembro de junta directiva al que no le aportan la seguridad social o los pagos de reconocimiento de comisiones que no tengan aportes. Eso es lo que hacemos en Fisapay. Estamos muy atentos a las reformas, revisando su prospección hacia la economía, las empresas y personas.
(Vea: Más horas, menos productivos).
¿Cuántos procesos han apoyado?
Hemos pagado cerca de $400.000 millones a otras empresas y a personas naturales por servicios prestados. Sobre esa base hemos podido administrar y ayudar a más de 50.000 personas, que para estos ingresos tiene la calidad independiente, asegurando la correcta evaluación y liquidación de los aportes de seguridad social.
Hacemos alrededor de 20.000 transacciones de pago al mes y entre 20% y 30% de esas contienen aportes a la seguridad social.
En muchos casos se hacen mal los aportes o, incluso, no se hacen, ¿cómo está esa realidad en Colombia?
En Colombia existen dos grandes formas de contratación. Una es la formal o directa, una relación patronal, que existe hace 60 años, con condiciones laborales claras, que son una responsabilidad de la empresa.
Si miramos cifras de la Ugpp, en el país somos más o menos 25 millones de colombianos económicamente activos y alrededor de 12 millones somos empleados de este tipo de modalidad, que gracias a la plantilla electrónica, y al sistema Pila, tiende básicamente a cero la evasión. El problema no está ahí. Y eso puede ser la causa por la que el Gobierno quiere que todo funcione así.
Del otro lado están las otras formas de contratación. Pero hay varios tipos de independientes: el cuenta propia, el que tiene un contrato de prestación de servicios o el rentista de capital. Esos tres grupos están llamados a aportar. De esos 25 millones, la otra mitad que tiene otro tipo de características e, incluso, un perfil mixto: son empleados, pero reciben ingresos también como independientes.
(Vea: Razones por las que la reforma laboral afectaría a las empresas).
¿Cómo se puede aumentar la formalidad allí?
Se suele malinterpretar que lo uno convive con lo otro, pero son mecanismos diferentes. Hay una clara distinción de lo que es un empleado y un independiente.
En los cuenta propia hay un problema, como las personas naturales no estamos obligadas a llevar estados financieros, no nos gestionamos correctamente. Se presentan planillas imprecisas, por ejemplo, y con los rentistas de capital se presenta aún más, creen que no son objeto de aportar a seguridad social.
Se ha dicho que la reforma se centra solo en lo formal, ¿está de acuerdo?
Es una de las preocupaciones más grandes que tenemos. La reforma propende a que las otras formas de contratación se vuelvan contrataciones formales del tipo indefinido. Ese efecto recae sobre el empresariado, que bajo las condiciones actuales tiene una carga prestacional de entre 40% y 50%. La pregunta es, ¿de dónde sale la premisa que la empresa puede absorber esto?
La reforma introduce nuevos tipos de contratos, ¿cómo ve la seguridad social ahí?
No es clara. La primera premisa es volver un núcleo en el contrato indefinido, que económicamente no es viable y eso desmejoraría los indicadores de empleo. Lo segundo es que busca limitar el contrato de prestación de servicios, una herramienta útil en el mundo y necesaria.
La reforma no debería querer formalizar como contrato otros tipos de relaciones laborales. En la contratación estatal el gobierno tiene miles de contratos por prestación y los quiere volver indefinidos, pero cuánto le costará al país. Hay una incongruencia con la reforma pensional, ¿cómo vamos a tener más pensionados con menos trabajadores formales aportando?
(Vea: Por reforma laboral, el 55 % de firmas de transporte recortaría nómina).
Con el aumento en los costos laborales, ¿será más difícil formalizar?
Absolutamente. Si se contrata a una persona con un mínimo ($1’160.000) y subsidio de transporte, el factor prestacional es casi $2 millones. Hay otros costos y todas las decisiones mirarán como con la misma capacidad productiva se honrarán compromisos de mayor valor.
¿Cuánto le cuesta a un independiente el poder formalizarse?
En el empleo formal el aporte de seguridad social es 12%, que lo comparten 4% el empleado y 8% el empleador. Pero del otro lado, tenemos ese mismo 12% en aporte de salud, a pensión y a riesgos profesionales. Y todo eso se descuenta del trabajador independiente. El aporte total sobre un mínimo es $354.500. Y ese mismo aporte cubre hasta 2,5 veces el salario mínimo. Pagar la seguridad social es el mejor negocio financiero que cualquier colombiano pueda hacer, porque si hacemos las cuentas a nivel pensional, lo que se aporta, al llegar a la edad de pensión, se convierte en mucho más dinero, a una tasa de rentabilidad mayor.
LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE
Periodista Portafolio
