Redacción BL
Desde la llegada a la presidencia, Gustavo Petro ha tomado una serie de medidas que impactan fuertemente al sector minero y particularmente a la minería de carbón.
Dentro de ello se cuentan temas como la mayor carga tributaria que quedó definida en la reforma vigente y que se ha sumado a otros temas como el decreto de emergencia de La Guajira que prohibiría la expansión de minas de carbón y un proyecto de decreto del Ministerio de Ambiente que busca delimitar zonas de recursos ambientales.
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Ahora bien, aprovechando la visita del presidente de Suiza a Colombia, el primer mandatario dijo que habló con su homólogo para buscar una salida concertada de Glencore, empresa dueña de esta minera.
“Con el presidente estuvimos hablando de darle una salida concertada entre Suiza, Colombia y Glencore”, señaló. “La comunidad de la región busca soluciones definitivas para impedir la expansión. El cambio del Arroyo Bruno y la disminución del agua hacia Ranchería preocupa”, añadió.
Cabe recordar que Cerrejón es actualmente la segunda minera de carbón que más produce este mineral, después de Drummond. Gracias a su presencia en la región se irrigan recursos provenientes del empleo, la inversión social y ambiental y los recursos de impuestos y regalías.
Ante una eventual salida, como propuso el presidente Petro, estos estarían en riesgo. De acuerdo con Cerrejón, correspondiente al año fiscal 2022 se giraron $3,7 billones de impuestos y regalías, más $525.142 millones de inversión social y ambiental. Esto, a pesar de que para la compañía este no fue uno de sus mejores años en materia de producción.
Así mismo, el empleo que genera esta empresa es otro punto relevante, puesto que cerca de 60 % del personal es oriundo del departamento y emplea a unas 12.000 personas, entre directos e indirectos.
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Vista del Cerrejón.
Por el momento, esto no ha significado una medida para llegar a esta salida. No obstante, el presidente también se refirió a los contratos ya existentes, sobre los cuales dijo que se respetarían. Sin embargo, sí hizo hincapié en que el objetivo de los decretos expedidos en el marco de la emergencia declarada en La Guajira sí buscan detener la expansión de este tipo de proyectos.
“Los decretos limitan la expansión de la operación, pero no quitan la que hay. Eso es un contrato de concesión, pero su expansión mata al río Ranchería”, dijo.
El mandatario hace referencia al decreto 1277 que prohíbe adicionar o prorrogar contratos de concesión minera o autorizar expansiones, ampliaciones o nuevos frentes de explotación de los proyectos de minería de carbón existentes.
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Según el documento, esto se desprende de que se declararon las fuentes hídricas del departamento de La Guajira como de protección especial, cuya destinación prioritaria será el consumo humano y doméstico.
Sin embargo, la Asociación Colombiana de Minería (ACM) manifestó que “en un marco de emergencia económica, las acciones realizadas para afrontar dicha emergencia deben estar encaminadas a brindar una solución y no a regular o prohibir las actividades productivas que aportan al bienestar y desarrollo del departamento”.
En el mismo sentido, Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón, señaló que “es negarse a obtener unos recursos importantes para la transformación social y la reducción de las desigualdades”.
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