Uniformados del CTI en conjunto con el Ejército capturaron este 15 de marzo en el centro de Neiva al exalcalde de Palermo (Huila) Víctor Ernesto Polanía Vanegas, para el periodo 2004-2007, para cumplir condena de cinco años (60 meses) por su responsabilidad en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
La Fiscalía demostró que el sentenciado incurrió en irregularidades en la suscripción del convenio interinstitucional 017 de 2004 con la Caja de Compensación Familiar del Huila, cuyo objeto era la entrega de 6.000 kits escolares.
En este caso se evidenció que no se cumplió con los estudios de necesidad, ni los soportes técnicos y las condiciones para la contratación del servicio.
El condenado además permitió que Comfamiliar obtuviera ganancias injustificadas con la suscripción del mencionado convenio.
Según se precisó, el beneficio alcanzado por la firma del contrato fue de 18’486.000 de pesos, lo cual equivale al 22.3% del valor del mismo. Esto permitió que la caja de compensación se lucrara injustificadamente con dineros públicos afectando el patrimonio del municipio.
Es de anotar que esta sentencia fue proferida en enero de 2021 y en mayo de ese año, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva ratificó la condena de primera instancia. A su vez, en enero pasado la Corte Suprema de Justicia no aceptó el recurso de casación, quedando la condena debidamente ejecutoriada.
Polanía Vanegas cumplirá la condena en prisión domiciliaria.
La Fiscalía habla con resultados
También le puede interesar: Dos exalcaldes de Boyacá fueron condenados por delitos contra la administración pública
LMGM/CFG/DSPB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
