Redacción BL
Los hechos investigados ocurrieron en 2013, durante el primer periodo en el que el procesado ejerció como mandatario municipal.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías al alcalde de Villa del Rosario (Norte de Santander), Carlos Julio Socha Hernández, como presunto responsable de varias irregularidades detectadas en la contratación de los estudios y diseños para el mejoramiento del parque Los Libertadores.
El contrato objeto de investigación ascendió en valor a 16 millones de pesos y fue suscrito el 28 de junio de 2013, durante el primer periodo en el que el hoy procesado ejerció como mandatario.
De acuerdo con los elementos de prueba, en el proceso de contratación se vulneraron varios requisitos legales y se tomaron como propios los diseños realizados con anterioridad por una arquitecta, a quien no se le reconoció la autoría sobre el proyecto.
Socha Hernández fue detenido por personal del CTI, luego de que se presentara para atender una orden de captura emitida en su contra por no comparecer a las citaciones judiciales.
Por los hechos que se le atribuyen, el alcalde de Villa del Rosario fue imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, violación a los derechos morales de autor, y violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos.
El funcionario no aceptó los cargos y recibió medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
DRA/LYBT/JARG/APR/DNS/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
