Trabajo, estudio, pensiones, vías terciarias, libre competencia, regulación, impuestos y medioambiente. Estos son los ocho puntos que Colombia tendría que priorizar si quiere aumentar su competitividad y, por ende, lograr un crecimiento económico sostenible.
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Así lo plantea el más reciente Informe Nacional de Competitividad, presentado ayer por el Consejo Privado de Competitividad (CPC), el cual detalla que si bien Colombia ha avanzado en diversos frentes, los pendientes siguen siendo altos.
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Según el presidente Iván Duque, los efectos de la Ley de Financiamiento han generado un impulso para que el país tenga mejoras en sus cifras de competitividad. “Hoy podemos decir, meses después, que las señales han sido bien recibidas. Hoy podemos decir que, en términos de competitividad, en esos frentes, el país muestra que se está impulsando un crecimiento”, resaltó.
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Y anotó que se “ve a un país que está tomando las decisiones de Estado, con un propósito, que es ese crecimiento en función de competitividad”.
Por su parte, el CPC determinó que la agenda económica del país debe centrarse en ocho aspectos fundamentales. La primera es reformar el Código Sustantivo del Trabajo, de tal modo que se pueda “superar su obsolescencia normativa y flexibilizar el mercado laboral”; en segundo lugar, se plantea la necesidad de implementar mecanismos de evaluación docente que promuevan el mejoramiento continuo de su desempeño en aula.
Asimismo, proponen “avanzar en el diseño e implementación de una reforma pensional estructural”, sobre todo en materia de revisar que los subsidios que se entreguen no lleguen a las personas menos vulnerables.
La cuarta prioridad para Colombia es la necesidad de avanzar en el diseño e implementación de un programa integral de vías terciarias, en tanto que la quinta es modernizar la política pública de protección de la libre competencia.
Para Rosario Córdoba, presidente del CPC, “la competitividad es un asunto de largo plazo. Avanzar exige hacer reformas estructurales en beneficio del interés general. Reformas que en Colombia han sido aplazadas una y otra vez y que son necesarias para resolver problemas complejos que afectan la productividad, la inclusión y el desarrollo sostenible”.
Por esto, anotó que es vital que la Nación abra las discusiones, además, en materia de contar con una autoridad de coordinación y supervisión regulatoria, además de implementar los análisis de impacto normativos, que son estudios previos para determinar los efectos (positivos y negativos) de expedir una norma.
Finalmente, el Consejo Privado de Competitividad señaló que es clave avanzar en el plan de modernización tecnológica y del recurso humano de la Dian (que ya está en marcha) y reformar la institucionalidad ambiental para fomentar la eficiencia en el uso de los recursos naturales y conservar el capital natural.
