Un revolcón a tres de las leyes que dan las directrices para el manejo sostenible de las finanzas departamentales es lo que están pidiendo los entes territoriales, sustentado en un informe presentado este lunes por la Federación Nacional de Departamentos (FND), según el cual habrían perdido el 45 por ciento de los ingresos corrientes por cuenta del impacto de la pandemia y las medidas de confinamiento nacional.
Con las peticiones de los entes territoriales sería necesario modificar, a partir de decretos, las leyes 617, 358 y 819, con lo cual los mandatarios locales tendrían libertad para ampliar el endeudamiento, hacer más gastos de funcionamiento y modificar el presupuesto por fuera de la participación de los consejos y asambleas en los territorios.
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Esto, alegando las necesidades que plantea la actual coyuntura de emergencia, pues, de acuerdo con el estudio, en el cuarto mes del año recibieron ingresos corrientes por 352.894 millones de pesos, mientras que en igual mes del 2019 habían contado con casi el doble: 642.611 millones.
Claro está que se trata de un consolidado, puesto que la afectación no fue igual para todos, e inclusive hubo cuatro departamentos que recibieron más ingresos: Vaupés, Vichada, San Andrés y Antioquia. En contraste, 11 entes territoriales tuvieron reducción por encima del 50 por ciento en sus ingresos, entre ellos Casanare, que encabeza la lista (-77 %), seguido de Valle (-72 %), Sucre (-68 %) y Bolívar (-60 %).
El impacto en las rentas territoriales se ha agudizado, debido a la disminución en los ingresos de la población, por desempleo
“El impacto en las rentas territoriales se ha agudizado, debido a la disminución en los ingresos de la población, por desempleo, y a una menor actividad productiva: cierre de establecimientos, hoteles, bares y restaurantes; parálisis del comercio; disminución de la contratación territorial”, entre otros, señaló el director de la FND, Carlos Camargo.
El gremio de departamentos pone de presente los números relacionados con el ingreso por impuestos, toda vez que una parte de los recursos provienen del recaudo y, más aún, de lo que los mandatarios han alegado en otros escenarios como una dependencia de los ‘impuestos al vicio’, que se vieron afectados por el cierre de bares y por la necesidad de los hogares de gastar más en comida que en bebidas alcohólicas.
Consumo de licores tuvo baja significativa
Es así como, según el informe de la FND, en el consolidado nacional, el ingreso por consumo de licores retrocedió en 35 por ciento, el recaudo por consumo de cerveza se contrajo en 32 por ciento y el de cigarrillos bajó en 6 por ciento, y la FND estima que en mayo, la situación será peor. Esto, debido a que los bares siguen cerrados y el licor extranjero, fuente de ingresos para los departamentos, tendrá “un decrecimiento en el recaudo del impuesto al consumo del 34 % y del 75 % para el impuesto al consumo de cervezas extranjeras, frente al mismo mes del 2019”.
Hay que señalar que también hubo menores ingresos por el lado del impuesto de vehículos automotores, el cual tuvo una estrepitosa caída (-90 %), toda vez que es en el primer semestre en el que se aporta este tributo en las regiones.
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En los últimos años, el saneamiento fiscal de los departamentos ha avanzado, pero uno de los puntos que han estado en el debate público es la alta dependencia de las transferencias nacionales ($ 126,2 billones les gira la Nación a través del presupuesto 2020).
En el informe, los departamentos registran un endeudamiento de 4,5 billones (sin la actualización de 9 departamentos) a diciembre del 2019, y la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda señala que todos tienen capacidad de endeudamiento.
“Flexibilizar los límites de endeudamiento y responsabilidad fiscal que deben observar los departamentos” es una de las peticiones de la FND, además de solicitar “la creación de una línea de crédito con recursos del Fome o del Presupuesto de la Nación para compensar la caída de ingresos territoriales, garantizar la renegociación con entidades financieras de las operaciones de crédito público”.
Las regiones abogan también por “aumentar la cofinanciación con recursos del Presupuesto Nacional para atender gastos de funcionamiento e inversión; crear líneas de crédito directas con Findeter, Finagro o Bancóldex con condiciones blandas, para garantizar la sostenibilidad fiscal de los departamentos”.
En la baraja de posibilidades plantean “poder utilizar los recursos de juegos de suerte y azar, así como premios acumulados (Baloto), y flexibilidad de requisitos para acceder a recursos del Fonpet (ahorro de pensiones territoriales).
‘Departamentos podrían llegar a cesación de pagos’
¿Qué efecto en el funcionamiento de los departamentos puede tener la cifra de reducción en los ingresos que han registrado?
La caída de ingresos puede afectar inicialmente la capacidad de los departamentos para cumplir con los indicadores que fijan límites al gasto de funcionamiento, de los que trata la Ley 617 de 2000. Si el decrecimiento observado se profundiza y se prolonga en el tiempo, podrían incluso llegar a una cesación de pagos, generación de pasivos corrientes y necesitar la aplicación de medidas de saneamiento fiscal.
La propuesta de línea de crédito del Fome que hacen sería como dar una vuelta alrededor de la misma plata (parte de esos recursos provienen de un préstamo que tomó el Gobierno de los ahorros de regalías en pensiones y en el FAE)…
Al igual que la Nación, los entes territoriales necesitan mecanismos para compensar la caída en el ingreso y mantener la capacidad financiera para atender compromisos en funcionamiento, inversión, así como para atender los nuevos gastos de la emergencia.
La solicitud al Gobierno Nacional está encaminada a la evaluación de un mecanismo de fondeo extraordinario para los territorios.
¿Cuál es el gasto de funcionamiento límite y de qué les serviría ampliarlo en un contexto a mediano plazo que es de austeridad?
El límite a los gastos de funcionamiento está fijado por la Ley 617 de 2000 como un porcentaje máximo de los ingresos corrientes de libre destinación que puede ser utilizado en funcionamiento por parte de los departamentos.
El límite está definido por categorías y es más restrictivo para los departamentos que más generan ingresos tributarios con el objetivo de que se produzca un mayor ahorro operacional que se destine a inversión en los territorios.
La flexibilización de esta norma da un mejor margen de maniobra a las gobernaciones y alcaldías y evita que se tenga que ejecutar una política de reducción de personal como medida para reducir gastos y cumplir con los indicadores fiscales.
¿Qué tanta capacidad de endeudamiento tienen, adicional a las obligaciones que ya traían?
La capacidad de endeudamiento se afectará por la caída de los ingresos corrientes. Estamos estimando un escenario realista con base en información pública de los departamentos. Hemos tenido reuniones permanentes con el Gobierno en las que ha mostrado gran receptividad a la difícil situación de las regiones, así como a las propuestas que hacemos para superar la coyuntura.
¿Qué dice Apoyo Fiscal de Minhacienda?
La directora de apoyo fiscal del Ministerio de Hacienda, Ana Lucía Villa, tras expresar que todos los departamentos tienen capacidad de endeudamiento, pues «solo Barranquilla y Medellín están sin dicha capacidad», invitó a los entes territoriales a reportar las cifras de ingresos, como lo solicitó esa dependencia a través del ‘Modelo para estimar las implicaciones fiscales derivadas del covid-19’. Esto permitirá recabar información que permita “tomar decisiones con base en datos y no en percepciones”, dijo.
Según la funcionaria, hasta la fecha ninguno ha hecho los reportes, lo que será clave para conocer el estado real de las finanzas.
Por lo pronto, según señala Villa, en las cuentas que lleva esta dirección, al cierre del 2019, los entes territoriales quedaron con 7 billones de pesos en caja que son un colchón utilizable en la emergencia.
En cuanto a la petición de modificar las tres leyes para flexibilizar las normas que hasta ahora han permitido sanear las finanzas territoriales, Villa señaló que es necesario sentarse a conversar, al igual que se hace a nivel nacional con la regla fiscal.
Agregó que es necesario que los mandatarios acepten que hay necesidad de modificar los planes de desarrollo, pues se terminaría haciendo «puentes donde no hay ríos», es decir, que la emergencia plantea necesidades de inversión distintas a las que ya se habìan previsto.
REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS
