Redacción BL
La urgencia de encontrar recursos para atender una emergencia sin precedentes en el planeta tiene a la sociedad pensando en dónde más encontrar recursos para el mayor gasto estatal o para defender el ingreso de los hogares.
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Varias voces han sugerido que se recurra al ahorro de los trabajadores para sus pensiones. Que se permita a afiliados a los fondos privados hacer retiros, ante la emergencia. Si bien, el Gobierno no ve la posibilidad con buenos ojos, en el Congreso se podría presentar un proyecto de ley. Santiago Montenegro, presidente de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), analizó esa posible medida.
¿Cuáles son los riesgos, si las diferentes ideas sobre retirar pensiones se vuelven realidad?
Eso es como decirle a la gente «le quiero ayudar, pero con su propia plata.» De esa forma, luego le dicen «vendamos la sala de su casa, luego la vajilla y finalmente vendamos su casa». Ese es un primer riesgo, que recae sobre los mismos individuos, pues permitir el retiro de recursos en el presente va en detrimento del bienestar pensional de los propios afiliados.
De esa forma, luego le dicen vendamos la sala de su casa, luego la vajilla y finalmente vendamos su casa
Esto es particularmente importante porque si bien hoy se pueden estar presentando dificultades en cuanto a generación de ingresos, estos riesgos se multiplican varias veces al llegar a la vejez. Por ejemplo, si un trabajador retira hoy un millón de pesos de su fondo de pensiones, al llegar a la edad de pensión esa suma puede equivaler hasta 31 millones de pesos; esto significa que el joven que tiene la capacidad física y mental para sobreponerse a una coyuntura compleja como la actual, va a tomar la plata del adulto mayor a quien le será mucho más difícil generar otros ingresos en esa etapa.
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Usted anota riesgos para el trabajador. ¿los hay también para la economía en general?
Estaríamos destruyendo ahorro de la economía, que ha sido concebido para décadas, y gastándolo en menos de un año. Esto afectaría la disposición de recursos para infraestructura, bienes inmobiliarios, empresas de diferentes tamaños y, por supuesto, el mismo Estado. No hay que olvidar que el ahorro privado es ahorro, por una parte, y motor de la economía, por otra.
Hay un proyecto de ley que abriría temporalmente la puerta de mujeres mayores de 47 años y hombres mayores de 52 a cambiarse de régimen ¿Qué mensaje envía a los congresistas?
Ese proyecto de ley es altamente inconveniente, pues va en contra de los principios que debería tener cualquier sistema de protección para la vejez: mayor cobertura, equidad y sostenibilidad. Este proyecto tiene un costo fiscal de 60 billones de pesos, una suma gigantesca, que eleva la deuda pensional.
Segundo, es una mala idea entregarles subsidios a quienes tienen más dinero en Colombia. Además de subsidiar a los que se jubilan con ingresos altos, no hace nada con los que no se jubilan en el régimen público y se les devuelve una miseria de indemnización sustitutiva, que ni siquiera les reconoce interés. Entre 2013 y 2019, no se jubilaron 657 mil personas en Colpensiones y solo les devolvieron 5 millones en promedio, siete veces menos que en los Fondos de Pensiones.
Entre 2013 y 2019, no se jubilaron 657 mil personas en Colpensiones y solo les devolvieron 5 millones en promedio, siete veces menos que en los Fondos de Pensiones
Tercero, se propicia el traslado de una población que cree que le conviene el cambio de régimen, pero realmente estaría perdiendo la posibilidad de pensionarse. Ese proyecto puede perjudicar la cobertura pensional de unas 150 mil personas.
¿Qué se podría hacer con esos 60 billones?
Sería posible aumentar la cobertura de Colombia Mayor a 2 millones de adultos mayores y asegurarles, de forma vitalicia, un ingreso de 250 mil pesos.
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¿Hay alguna manera prudente de que esos recursos jueguen algún papel en la pandemia?
Los recursos disponibles para que la población pueda tener una mayor tranquilidad y liquidez en estos periodos difíciles son las cesantías. Este ahorro y sus inversiones están pensados para periodos mucho más cortos de tiempo y son los llamados a utilizar (desinvertir) por parte de los afiliados que perdieron su trabajo o para aquellos que, bajo el nuevo decreto del gobierno, vieron afectados sus ingresos puedan retirarlos y tener esa liquidez.
Los fondos de pensiones, por su parte, permiten convertir las contribuciones en inversiones de largo plazo, para que las empresas colombianas tengan una expansión importante, financiar grandes obras y desarrollo de proyectos inmobiliarios de gran magnitud, y también para que el gobierno se pueda financiar a tasas más favorables.
También podemos anunciar que estamos trabajando en un proyecto especial para canalizar más recursos hacía empresas de diferentes tamaños que hayan sufrido las consecuencias de las declaratorias de aislamiento por el covid-19.
Usted menciona, como alternativa, las cesantías. ¿Cuál es el balance de esta posibilidad que se abrió por decreto?
Desde la declaratoria de cuarentena se han retirado 1,3 billones de pesos de cesantías: 500 mil millones por terminación de contrato y 200 mil millones a la nueva causal de retiro. Un ahorro de 16 billones en los fondos de cesantías es y debe ser la puerta principal para cubrirse ante las dificultades del corto plazo.
La coyuntura también aceleró el lanzamiento de la ‘hipoteca inversa’. ¿Qué opina?
Es una propuesta muy importante, que se ha demorado en llegar a Colombia. Hay que tener en cuenta que para muchas familias hay dos fuentes de ahorro. La pensión y la vivienda: para quienes solo pueden tener una vivienda, la posibilidad de convertir la casa en un flujo es lo que hace la hipoteca revertida. Lo que quiero resaltar es que es una gran idea.
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