¿Cuánta privacidad estamos dispuestos a sacrificar para derrotar a la pandemia? Superado en España el momento más crítico, este es uno de los debates que ganará en efervescencia en las próximas semanas. Europa mira a Asia –a la que triplica en muertos y contagios- para encontrar una solución tecnológica compatible con su sistema de valores que le ayude a recuperar la normalidad. Y ha tomado como modelo la aplicación de rastreo de contagios TraceTogether, empleada en Singapur. La Asamblea francesa debate esta semana este controvertido sistema, que requerirá de un uso masivo para resultar útil.
El rastreo de contagios funciona con la tecnología bluetooth. Los teléfonos van registrando códigos que corresponden a otros teléfonos de las personas con las que el usuario tiene un contacto significativo –por ejemplo, y esto lo determinará cada país, con quienes pase más de cinco minutos a menos de tres metros. Y ese usuario recibirá el aviso de que se haga un test o se ponga en cuarentena si alguno de esos contactos notifica en los siguientes 14 días que ha dado positivo, sin que se le revele ni la identidad del infectado ni donde se produjo el encuentro.
El sistema tiene dos posibles formatos, con implicaciones para la privacidad. En el centralizado, las autoridades puedan rastrear las identidades –con lo que hay confiar en que solo lo usen para combatir la enfermedad- y se encargan de avisar a los contactos de quien ha dado positivo. Y el descentralizado, en el que el usuario notifica en su aplicación que ha sido infectado, y sus contactos recientes se enteran por una señal que reciben en sus móviles. Estos se conectarán periódicamente con un servidor donde se registren los códigos de quienes han dado positivo.
El método puede ser muy útil para saber a quiénes han podido contagiar los pacientes asintomáticos. Su uso debe ser voluntario, los datos son anónimos y el uso del bluetooth es más respetuoso con la privacidad que si se utilizara el GPS, que traza los lugares por los que ha pasado el usuario. Pero a la abogada experta en privacidad Paloma Llaneza le suscita muchas dudas. “En las tecnologías de contacto y trazabilidad, la implantación lo es todo. No es lo mismo un sistema descentralizado, en el que depende de la buena fe del infectado notificar su estado, que otro centralizado, que supondría subir datos de identificación a las autoridades sanitarias”. Para Llaneza, “el problema está en que estas soluciones de emergencia llegan para quedarse y pueden afectar a medio plazo a nuestra privacidad”.
En Singapur la aplicación de rastreo de contagios no alcanzó un uso masivo. El 1 de abril se la había descargado ya un millón de habitantes. La cifra, aparentemente abultada, suponía poco más del 17% de la población, que supera los 5,7 millones. Y estaba muy lejos del 60% de descargas que se requiere para lograr la “inmunidad digital de rebaño”, según un estudio del Instituto de Big Data de la Universidad de Oxford. El 7 de abril, después de una gestión supuestamente modélica, la ciudad-estado tuvo que declarar el confinamiento por un aumento de los casos. La mayoría de contagios se producen entre los 1,4 millones de trabajadores extranjeros que alberga el país. Buena parte de ellos viven hacinados en barracones y tienen un acceso muy limitado a la tecnología.
La solución para que esos métodos de rastreo lleguen a todos los móviles puede venir de la insólita alianza que han anunciado Google y Apple, compañías que controlan el sistema operativo del 99% de los teléfonos (sin contar China). Para primeros de mayo tendrán preparadas las especificaciones técnicas que permitan a cada país crear sus apps. Y en unos meses lanzarán actualizaciones de los sistemas operativos que instalarán esos mecanismos de rastreo en los teléfonos de los usuarios que lo acepten, y no se hayan descargado aún dichas aplicaciones. El viernes anunciaron que se podrá desactivar el sistema para eliminar el rastro de un contacto que se quiera mantener en secreto.
Ramón López de Mantarás, profesor investigador del CSIC, cree que estos métodos pueden ayudar. Pero, aunque es pionero de la inteligencia artificial en España confía más en una solución analógica, complementada en todo caso con una app de rastreo descentralizada. “Estamos sobrevalorando la tecnología. Creo que el uso del actual sistema de salud ya tiene mucha información, aunque requiera un esfuerzo más humano”. Y duda de que compense el coste, “no solo el de la privacidad, sino también el de su implementación técnica”.
Para aumentar su eficacia, el protocolo de las distintas apps europeas debería ser interoperable. Pero hay divergencias entre los países. Google y Apple trabajan sobre un modelo descentralizado, que apoyan Austria, Suiza, Estonia y –que cambió de bando este domingo- Alemania, cuyo principal proyecto en Europa colidera en Lausana la ingeniera española Carmela Troncoso. Francia–que pretende sacar la aplicación el 11 de mayo- y Reino Unido, optan por un modelo centralizado. Por eso el Gobierno de Emmanuel Macron ha pedido a Apple modificaciones técnicas para limitar la privacidad de los usuarios.
En España el debate sobre el modelo está en el comité técnico, que aún no ha tomado una decisión. Además diferentes administraciones autonómicas están investigando sus propias app, lo que añadiría un problema: si no se adopta un protocolo único podría existir el riesgo de que los móviles de las distintas comunidades no se entendieran. El sistema de rastreo de contagios no debe confundirse con el estudio de movilidad el Gobierno puso en marcha en colaboración con el INE para ver cómo se mueven los españoles que aún lo hacen y analizar sus recorridos cuando empiecen a salir de casa. Tampoco con las aplicaciones medicalizaciones que ya se usan para aliviar las llamadas a los servicios de emergencia.
Richard Benjamins, cofundador de OdiseIA, un observatorio del impacto social y ético de la inteligencia artificial, no cree en los modelos totalmente descentralizados. “Mientras nadie esté infectado funcionan bien, pero en una segunda fase, cuando se confirma que tiene el virus, sería mejor un modelo centralizado, para evitar falsos positivos y riesgos para la seguridad”. Benjamins cree que estos sistemas pueden ser útiles, aunque están lejos de ser la única solución. Y le da la vuelta al argumento de que no es ético usar estos datos durante la crisis. “Si se demuestra su efectividad, lo que no sería ético sería no usarlos”.
Una cuestión de confianza
El 21 de marzo 60 abogados, académicos y expertos firmaron una carta al Gobierno para apoyarle en su uso de la tecnología durante la crisis. El Reglamento General de Protección de Datos de la UE permite al Ejecutivo manejar datos de forma excepcional en estas circunstancias. Pero los firmantes recordaron al Ejecutivo las limitaciones: que sea seguro y proporcional, que la conservación tenga un fin y caduque, y un desarrollo de las herramientas cuidadoso con esos datos. También pedían “huir de las soluciones tecnológicas privadas con ánimo de lucro”.
El consenso sobre estos puntos incluye no solo a los expertos, sino también a los Gobiernos y, sobre el papel, a las grandes tecnológicas. El problema es lograr que se cumplan, porque una vez se comparten unos datos es difícil saber dónde van a terminar. Y transmitir a los ciudadanos la confianza de que su información van a ser tratada de forma respetuosa es básico para que participen de estas soluciones.
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