Redacción BL
Finalmente se acabó la espera frente a lo que pasará con los cambios en el manejo de impuestos que busca realizar este gobierno en las zonas francas, con la aprobada reforma tributaria, luego de que la Corte Constitucional diera luz verde, tras declararlos exequibles.
Este alto tribunal se mostró a favor de estas modificaciones, pero impuso algunas condiciones específicas para garantizar la certeza tributaria y proteger los principios de buena fe y confianza legítima; tomando en cuenta los llamados que se hicieron desde diferentes sectores productivos en el país.
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La decisión de la Corte se centró en los numerales 1, 2 y 3, así como en el parágrafo 6 del artículo 11 de la Ley 2277 de 2022, que introdujo modificaciones sustanciales al régimen tarifario del impuesto sobre la renta para usuarios industriales de zonas francas.
Zonas francas
Archivo particular El Tiempo
“La Sala consideró que las disposiciones acusadas no desconocían los principios de legalidad y de certeza tributaria por cuanto el Legislador estableció un régimen mixto de tarifa y otorgó parámetros claros para el ámbito de aplicación de la tarifa diferencial del impuesto sobre la renta para los usuarios industriales de las zonas francas”, dice el comunicado de la Corte.
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Así mismo el fallo establece que el régimen tarifario del impuesto sobre la renta para usuarios industriales de zonas francas se ajusta a los principios de legalidad y de certeza tributaria. Sin embargo, también señala que la regulación desconoce los principios de buena fe y confianza legítima.
No obstante, la Corte condicionó la norma, especificando que el régimen tarifario del artículo 101 de la Ley 1819 de 2016 seguirá aplicándose para los contribuyentes que cumplieron las condiciones para acceder a él antes del 13 de diciembre de 2022, fecha en la que entró en vigencia la Ley 2277 de 2022.
En detalle, la Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió una demanda de inconstitucionalidad que argumentaba dos cargos en contra de los cambios introducidos por la Ley 2277 de 2022.
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El primer cargo estaba relacionado con la violación de los principios de legalidad y certeza tributaria, ya que el Congreso no estableció claramente los criterios para determinar los compromisos de exportación que permiten aplicar la tarifa preferencial del 20 % en el impuesto de renta para los usuarios industriales de zonas francas.
El segundo cargo se refería a la vulneración de los principios de buena fe y confianza legítima, ya que el Legislador cambió de forma abrupta las condiciones para acceder a la tarifa preferencial, sorprendiendo a los usuarios industriales de zonas francas.
Zonas Francas por Colombia
iStock
Frente a esto, el alto tribunal aseguró que el primer cargo no era válido, ya que el Congreso estableció un régimen mixto de tarifa y proporcionó parámetros claros para el ámbito de aplicación de la tarifa diferencial del impuesto sobre la renta para los usuarios industriales de zonas francas.
“Esto incluyó la condición de que los usuarios industriales acuerden, suscriban y cumplan el plan de internacionalización y anual de ventas, así como los ingresos provenientes de operaciones de exportación”, agrega el pronunciamiento.
Por lo tanto, la Corte concluyó que el Congreso cumplió con su deber constitucional de establecer los elementos esenciales del impuesto sobre la renta para usuarios de zonas francas.
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En lo que concierne al segundo cargo, se determinó que las disposiciones censuradas desconocían los principios de buena fe y de confianza legítima, ya que los usuarios industriales de zonas francas que fueron calificados como tales antes del 13 de diciembre de 2022 habían ajustado su actividad de acuerdo con las normativas vigentes sobre zonas francas.
“Estos usuarios ya habían cumplido con los requisitos establecidos por la Ley 1004 de 2005 y, por lo tanto, su situación debía ser protegida ante el cambio abrupto en las condiciones para acceder a la tarifa preferencial”, concluyó la Corte Constitucional.
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Cabe recordar que entes de control como la Procuraduría habían manifestado reparos frente a esta normativa, argumentando que traía consigo cambios abruptos en la legislación, que desconocían los derechos y la forma en la que operan las zonas francas y su contribución a la economía del país.
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