La prohibición de la venta y consumo de licores en el país, como se viene planteando desde algunos sectores y se está llevando a cabo en ciertas regiones, le dejaría al comercio y a la industria nacional pérdidas mensuales de entre 0, 7 y 1,4 billones de pesos, en tanto podría en riesgo más de 33.000 puestos de trabajo de los 120.000 que genera este renglón de la economía.
Son los cálculos de un análisis elaborado por el centro de estudios económicos Anif, en el que advierte que, además, la aplicar la llamada ley seca en la actual coyuntura, tendría un impacto muy negativo en el contrabando y consumo de licor adulterado.
«Resulta desacertado pensar en medidas de Ley Seca, cuyos impactos fiscales afectan el recaudo de los departamentos, que hoy reciben cerca de 5 billones de pesos anuales derivados de los impuestos a licores y cervezas», dice Mauricio Santa María, presidente de dicho centro de estudios
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Los cálculos de la Anif indican que solo con la suspensión de ventas durante un mes dejarían de recaudarse entre 216.000 millones y 431.000 millones de pesos, indispensables en estos momentos para la atención de la contingencia y que servirían para adquirir unos 1,2 millones de pruebas avanzadas de diagnóstico o 6.000 ventiladores para la atención de pacientes graves.
La imposición de la ley seca en la actual coyuntura de confinamiento obligatorio pone en riesgo unos 33.000 puestos de trabajo de los 120.000 que genera esta industria.
Gremios como el de los comerciantes (Fenalco) vienen solicitándoles a las autoridades departamentales que no establezcan la restricción de ventas de bebidas alcohólicas, más aún cuando la celebración del Día de la Madre está encima, bajo la actual coyuntura de confinamiento.
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“Hemos acompañado al Gobierno en todas las disposiciones establecidas para mitigar el impacto del virus en el país, bajo la perspectiva de que primero está la salud. Sin embargo, una decisión de esta magnitud en una fecha tan especial para los colombianos afectará aún más el comercio formal, que ha demostrado seguir al pie de la letra todas las indicaciones y protocolos exigidos por alcaldes y gobernadores”, recalcó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.
Golpe a ingresos de los hogares
Santa María, presidente de la Anif, insiste en que las rentas que perciben los departamentos vía impuestos a la venta de los licores van dirigidas en su totalidad al sector de la salud de esas regiones del país y decretar la prohibición a la venta de estas bebidas «sería como un tiro en el pie porque tendría dos implicaciones importantes sobre la salud».
El economista explica que esa reducción de recursos que puede ser hasta de 431.000 millones de pesos para los departamentos, juso en el momento que más se requieren para financiar el sector de la salud en nivels 2 y 3 de complejidad; pero además, al hacerse una prohibición total, lo que va a lograr es que la gente empiece a buscar licor ilegal, de contrabando o adulterado, lo cual tiene un impacto negativo sobre la salud.
Dice, además, que «la epidemia del coronavirus nada tiene que ver con el consumo de alcohol, en tanto las cifras de violencia familiar, claramente, como lo ha dejado ver el Gobierno, no están relacionadas con ese mismo consumo sino más bien con problemas de hacinamiento y otro tipo de problemas».
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Para Anif es claro que este es uno de los pocos sectores que está activo, genera ingresos tributario y recortarlo no tiene mucha lógica, además, porque la industria y comercialización de licores genera alrededor de 120.000 empleos con remuneración, de los cuales 85.000 son asalariados y 35.000 son trabajadores por cuenta propia.
«Estos últimos serían los más afectados ante una medida de Ley Seca, que acabaría con cerca de 33.000 empleos, lo que se traduce en una pérdida mensual de ingreso para los hogares de cerca de 30.000 millones de pesos», advierte el análisis.
Por último, los comerciantes, a través de Fenalco, insisten en «no tomar decisiones aisladas» y reiteran en que «el objetivo de Fenalco en conjunto con las empresas del sector de licores ha sido trabajar sobre políticas asociadas al consumo responsable”.
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