En medio de la política del Gobierno Nacional de no otorgar nueva contratación de exploración y producción de petróleo y gas, el sector se reunió en Barranquilla para hablar de sus retos y oportunidades en este contexto.
En el marco del evento, expertos y actores de la industria discutieron cómo puede el sector aportar en este camino propuesto y mantener su operación en marcha. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, señaló que hay cuatro riesgos a la baja en la economía colombiana. Por ejemplo, podría golpear en hasta 30 puntos básicos el PIB nacional, según un estudio de la entidad.
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Dentro de estos riesgos están los efectos en los balances fiscal y externo; los sobrecostos en actividades productivas por excluir el gas de la matriz eléctrica; el factor tecnológico por el costo y velocidad de la adopción de nuevas tecnologías, y por último el costo de reemplazo desde la oferta.
Cabe destacar que uno de los consensos de los panelistas participantes en el Segundo Gran Foro de la ACP es que el país debe avanzar con recursos existentes de hidrocarburos, a la vez que incrementa la permeación de energías renovables no convencionales.
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De hecho, María Fernanda Suárez, country manager de Accenture, señaló que el camino debe ser una transición que incluya todas las tecnologías y no excluya algunas. Esto para mantener los ingresos y la autonomía energética.
Ahora bien, uno de los puntos presentados durante la jornada, fue el impacto económico de una transición acelerada. Mejía presentó algunas conclusiones del estudio “Transición energética en Colombia: política, costo de la carbono neutralidad acelerada y papel del gas natural” que plantea un fuerte impacto sobre el Producto Interno Bruto (PIB) del desmonte de las centrales de generación térmica.
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Esto teniendo en cuenta que en días pasados el presidente Gustavo Petro dijo que se debía avanzar en el reemplazo de la energía de centrales térmicas por fuentes como la solar y eólica.
Sin embargo, el efecto en la economía sería entre 23 y 27 puntos básicos de disminución en el PIB, según el estudio de Fedesarrollo.
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“El impacto sobre el PIB de obligar a una fracción de la nueva inversión a realizarse bajo condiciones de baja rentabilidad y confiabilidad para acelerar la descarbonización varía entre 0,23% y 0,27% del PIB anual, lo que implicaría US$10.750 millones de pérdida en valor presente neto hasta 2035”, afirmaba la presentación.
De esta forma, el crecimiento potencial del país pasaría de 3,1% a 2,8% en un horizonte de siete años.
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Cabe recordar que las centrales de generación térmicas son uno de los principales consumidores de gas natural. De acuerdo con datos de Naturgas, 23% del energético es usado para la generación de electricidad, siendo el segundo mayor sector consumidor.
De hecho, Alejandro Casta, director de Andeg, explicó que las térmicas pueden llegar en un fenómeno del Niño a representar un 60% del consumo. Estas plantas brindan confiabilidad al sistema, dado que están en capacidad de ingresar a este, para apoyar cuando la hidrología es menor y las hidroeléctricas generan menos.
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Adicionalmente, el cambio de la infraestructura de generación a gas y carbón por otras tecnologías, como la eólica sería costoso. El estudio de Juan Benavides para Fedesarrollo muestra que el reemplazo de tecnologías para mantener el volumen de generación costaría $163 billones o US$38.900 millones hasta 2035.
DANIELA MORALES SOLER
Periodista de Portafolio
