La Procuraduría destituyó e inhabilito por 18 años a la congresista Piedad Córdoba por colaborar con las Farc.
La investigación tuvo origen en los hallazgos de los computadores incautados en la Operación Fénix donde fue abatido alias ‘Raúl Reyes’. En ellos se logró establecer que el cruce de documentos entre el grupo guerrillero y la senadora, en los que se identificó con los alias de ‘Teodora’, ‘Teodora de Bolívar’, ‘la Negra’ y ‘la Negrita’.
Para la Procuraduría, la parlamentaria se extralimitó en sus funciones así como en la autorización dada por el Gobierno para gestionar el intercambio humanitario.
Dicho material fue corroborado con otros medios de prueba, unos trasladados desde la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía y otros, producto de la labor investigativa en la Procuraduría General, tales como las salidas de emigración de la Señora Córdoba, interceptaciones legales telefónicas a los miembros del bloque Libardo García de Cali y la declaración dada por el infiltrado de nacionalidad ucraniana, Viktor Tomnyuuk, que tuvo contactos con el Comandante del Frente 30, alias ‘Mincho’.
Igualmente, se contó con el apoyo de los informes presentados por la INTERPOL, y los peritajes del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI y la DIJIN sobre la autenticidad de los medios electrónicos.
Por estos hechos, el Ministerio Público estableció con certeza que la senadora emitió consejos al grupo de las Farc relacionados con no enviar videos de personas secuestradas por el grupo insurgente a cambio de grabaciones de voz de los mismos, con el fin de adoptar una mejor estrategia en la búsqueda de sus objetivos.
Esta determinación podría ser apelada por la senadora Piedad Córdoba, por lo que la determinación podría ir a segunda instancia.
