El proyecto de ley de origen legislativo que busca abrir la oportunidad para que quienes les faltan 10 años o menos para obtener una pensión y estén afiliados a fondos privados puedan (si quieren) trasladarse a Colpensiones, costaría cerca de 60 billones de pesos, recursos que se podrían dedicar para sacar de la pobreza de por vida a 2 millones personas. Así lo consideró Jorge Llano Salamanca, vicepresidente técnico de Asofondos, quien señaló que la reforma pensional que deberá estudiar el Congreso en los próximos meses debería tener entre sus componentes las devoluciones de aportes y la fórmula de cálculo para obtener una jubilación.
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¿Tras las pérdidas, cómo está la rentabilidad de los fondos de pensiones?
Desde finales de marzo hasta el 10 de junio, la recuperación de los portafolios frente al valor a finales de febrero, se ha dado de la siguiente forma: el portafolio de mayor riesgo (que es el de los afiliados jóvenes), se ha recuperado 61%; el moderado, un 69%, y el conservador (donde está el segmento de afiliados pre pensionados) un 85%. Los resultados son coherentes con la exposición a la renta variable y al perfil de las inversiones realizadas para cada uno de estos portafolios.
(¿Por qué fue tumbada propuesta de traslado masivo a Colpensiones?).
El proyecto de ley de traslado de afiliados de fondos privados a Colpensiones pasó, a pesar de los reparos del gobierno. ¿Qué hay detrás de esa decisión?
El régimen público de pensiones es una mejor opción solamente para el 5% de los afiliados, aquellos que han cotizado por más tiempo y por mejores salarios. Y les conviene solamente porque dicho régimen tiene unos subsidios pésimamente focalizados siendo más generosos con quienes más ganan. Este proyecto de ley está justamente pensado solamente para ese porcentaje de afiliados, brindándoles una puerta de acceso a esos subsidios estatales. El problema es que eso aumenta el costo fiscal en una cifra que puede rondar los 60 billones de pesos, que usados de manera más justa podrían sacar de la pobreza, de forma vitalicia, a 2 millones de colombianos; en cambio, vía este proyecto de ley, se estarían destinando a un grupo mucho más reducido de colombianos, con unas condiciones económicas superiores.
¿Qué opina del concepto de Procurador General de la Nación sobre su rechazo a la suspensión del pago de los aportes pensionales?
La propuesta del gremio fue que no se exoneraran los pagos a pensiones, sino que se postergaran para ser pagados luego de superada la contingencia (con un periodo de gracia amplio y sin intereses de mora). Esto se propuso en su momento, precisamente, porque exonerar los pagos tendría un efecto importante en el bienestar futuro de los trabajadores en Colombia. Creemos que la decisión de la Procuraduría es coherente con ese análisis.
¿Algunas cesantías de los afiliados al Fondo Nacional del Ahorro están pignoradas a créditos de vivienda? ¿Por qué se permitió que los afiliados las saquen de manera extraordinaria?
Quienes ahorran sus cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro pueden sacar sus recursos bajo los mismos usos de quienes tienen sus ahorros en un fondo privado, es decir, por terminación de contrato, gastos asociados a vivienda, o a educación; sin embargo, en el Decreto 488 quedaron excluidos los afiliados del FNA para retirar sus recursos en caso de una disminución de sus ingresos, lo que generaba un trato desigual con estos afiliados. Por dicha razón, la Corte Constitucional determinó que los afiliados al FNA también podrían retirar los recursos bajo esta nueva causal, como lo vienen haciendo los más de nueve millones de afiliados a los fondos de pensiones y cesantías.
