Redacción BL
Este jueves 9 de noviembre, se dio a conocer que la Corte Constitucional tumbó otros decretos de la emergencia económica, social y ecológica que sacó el gobierno del presidente Gustavo Petro para La Guajira.
La decisión se tomó en la Sala Plena de la Corte, en la que se consideró que «las normativas, que guardaban relación con los sectores que fueron priorizados en la declaratoria, eran inconstitucionales«.
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Uno de los decretos caídos fue el 1276, el cual permitía que Ecopetrol pudiera ejecutar proyectos de generación de fuentes no convencionales de energías renovables en el departamento y autorizaba a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) «para crear un régimen tarifario especial y diferencial de carácter transitorio para La Guajira«, que permitiera asegurar la prestación del servicio público en zonas vulnerables de ese departamento.
También permitía una sobretasa por seis meses en las facturas de servicio público de energía eléctrica a escala nacional en los estratos 4, 5 y 6. Este gravamen era de 1.000 pesos por factura en hogares y de 5.000 pesos por factura en los estratos comerciales e industriales.
(Vea: Corte tumbó cinco decretos de la emergencia social en La Guajira).
El otro decreto era el 1250, el primero que se firmó, y que buscaba «definir las condiciones y medidas para garantizar el acceso al agua”. En este caso, la Corte lo tumbó pero diferido a un año.
Este decreto le otorgaba funciones al Ministerio de Vivienda para que destinara recursos al departamento para financiar temas relacionados con el acceso al agua potable y el saneamiento básico.
En este también se dejaba claro que «prima el acceso al agua potable para el consumo humano y se sientan las bases para el instituto del agua (…) El Ministerio de Vivienda (…) ejercerá la competencia funcional necesaria para garantizar el acceso al agua y saneamiento básico mediante servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, esquemas diferenciales (…) a través de personas públicas o privadas o de comunidades organizadas”.
(Vea: Parque Jepírachi saldría de operación sin entregarse a los wayús).
La Guajira.
La Corte ya había tumbado cinco decretos de los 11 de la emergencia. Uno era el 1270, considerado como de los más importantes y que adoptaba una serie de medidas encaminadas a atender la crisis de la salud en La Guajira.
Esta normativa establecía, entre otras, giros directos para la atención primaria en salud que prestarán Centros de Atención Primaria en Salud (Caps) provenientes de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).
(Vea: Firman convenio para impulsar proyectos productivos en La Guajira).
Los otros decretos que tumbó la Corte estaban relacionados con la recuperación de las Salinas Marítimas de Manaure, la modificación en los permisos para el uso del espectro radioeléctrico, la protección de la riqueza cultural del pueblo wayú y la creación de una institución de educación superior indígena propia del pueblo wayú.
A comienzos de octubre de 2023, la Corte Constitucional tumbó el Decreto 1085 de 2023 (norma madre), mediante el cual el gobierno Petro declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en La Guajira, a propósito de la crisis humanitaria que enfrenta el departamento debido a la falta de acceso a servicios básicos vitales.
(Vea: Le piden a Petro unidad y no discriminación con mandatarios electos).
No obstante, la corporación difirió los efectos de su decisión por el término de un año, contados a partir de la expedición del Decreto 1085 de 2 de julio de 2023, “respecto de la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la menor disponibilidad de agua”, dijo la Corte mediante un comunicado.
EL TIEMPO – JUSTICIA
