Más de 100 personas, entre exministros de diferentes carteras, exdirectores de diferentes entidades (como Planeación Nacional – DNP -, Unidad de Planeación Minero-Energética, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Superintendencia Financiera) y líderes de empresas de economía mixta, enviaron una carta al Gobierno Nacional en la que advierten sobre la importancia de hacer los cambios requeridos en los servicios públicos, pero «sin arrasar con las instituciones y con las reglas de juego«.
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Entre los firmantes se encuentran los exministros Mauricio Cárdenas, Rudolf Hommes, Juan Carlos Echeverry y José Manuel Restrepo, Jorge Humberto Botero, María Mercedes Cuéllar, Tomás González, María Lorena Gutiérrez, María Fernanda Suárez, Juan Camilo Restrepo, Luis Carlos Valenzuela, Carlos Caballero, Carolina Barco, Luis Ernesto Mejía, Diego Mesa; y los exdirectores del DNP Alejandra Botero y Armando Montenegro.
En la misiva agregan que la incertidumbre jurídica podría frenar las inversiones y «llevarnos a repetir errores del pasado que pueden terminar en un apagón«.
La defensa de los servicios
Puntualmente, la carta va dirigida al presidente Gustavo Petro y su gabinete, al presidente del Congreso, Roy Barreras, y los congresistas; y a los presidentes de las cortes Constitucional, la Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, Diana Fajardo, Fernando Castillo y Jaime Enrique Rodríguez, respectivamente.
(Vea: Qué tan viable es la propuesta de Petro sobre democratizar la energía).
Gustavo Petro
Presidencia de la República
Los exfuncionarios firmantes aseguran que en los últimos 30 años le han servido al país, «cada uno aportando desde diferentes gobiernos y ante diferentes coyunturas a la construcción y fortalecimiento de los servicios públicos en Colombia«, y explican que su posición está relacionada con la decisión de Petro de asumir funciones de regulación de los servicios públicos, puntualmente los de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).
«Es necesario elevar la alerta y la preocupación dadas las consecuencias que pueden tener las acciones y anuncios por parte del Gobierno Nacional de asumir las funciones de las comisiones de regulación y/o derogar el marco jurídico actual«, agregaron.
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También, se refirieron a un texto publicado por el expresidente César Gaviria, el cual se titula ‘Documento, análisis y consideraciones sobre los servicios públicos en el país’ y que recibió todo el apoyo de los firmantes, además de un invitación a todos para «estudiarlo con especial atención».
Construir lo que hoy tenemos no ha sido tarea fácil, los servicios públicos son un patrimonio y un derecho de todos los colombianos
Resaltan la importancia del marco jurídico, institucional y regulatorio a partir de las Leyes 142 y 143 de 1994, el cual «ha permitido que en estos 30 años Colombia haya pasado del apagón de los 90 y de una situación precaria en cobertura y calidad, a lograr un sistema con confiabilidad energética, una cobertura que paso de 74 % a cerca del 98 % en electricidad y de 9 % a 64 % en gas y una calidad adecuada, con excepción de aquellas geografías que no han contado con un prestador de servicios idóneo«.
(Vea: Así es el negocio de vender energía de forma digital).
Reconocen que todavía hay retos, como el aumento de cobertura en zonas rurales aisladas, una mejor prestación de servicios en la costa Caribe, mayor apertura a nuevos agentes e innovaciones, mejor focalización de subsidios y el fortalecimiento de las capacidades de regulación y supervisión, pero consideran que se pueden corregir con cambios dentro del marco jurídico e institucional existente.
«Es innecesario e improcedente derogar las leyes 142 y 143 de 1994, o desconocer las
comisiones de regulación. Esto solo llevará a una alta incertidumbre sobre las reglas de juego, lo que afectará de manera inmediata las inversiones en servicios públicos«, sostienen.
(Vea: Petro toma control de la regulación de servicios públicos: ¿qué sigue?).
Y cierran afirmando que una reducción en las inversiones resultarán rápidamente en un aumento de riesgo en la confiabilidad energética y «nos hará retroceder en los avances en cobertura, calidad y eficiencia».
Este es un apoyo técnico al documento de Gaviria y no un apoyo de carácter político. Cada uno de los firmantes lo hace a título personal y no compromete a ninguna institución
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