En un fallo definitivo que cierra una larga batalla judicial, la Corte Suprema de Justicia rechazó los recursos de casación presentados por la defensa del exalcalde de Buenaventura, Saulo Quiñones García, y los exfuncionarios Miller Ocoró Aragón, Marcial Minota Hurtado y Luis Amancio Asprilla Cáceres, confirmando así su condena por peculado por apropiación en favor de terceros.


Los hechos ocurrieron durante la administración de Quiñones García (2004-2007), cuando se adjudicaron 147 contratos principales y 43 adicionales para la adecuación de instituciones educativas. Las investigaciones demostraron que, mientras el valor real de las obras ascendía a $1.589 millones, el municipio pagó más de $2.355 millones, generando un detrimento patrimonial superior a $765 millones.

La justicia determinó que estos recursos fueron desviados indebidamente, afectando gravemente las finanzas públicas de Buenaventura, uno de los distritos con mayores necesidades sociales del país.
Inicialmente, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Buenaventura impuso una condena de 128 meses (10 años y 8 meses) de prisión. Sin embargo, el Tribunal Superior de Buga redujo la pena a 96 meses (8 años), manteniendo la culpabilidad por peculado.
La Corte Suprema analizó los argumentos de las defensas y concluyó que no tenían sustento jurídico, ratificando así la sentencia en última instancia. Con este fallo, se agotan todas las vías judiciales y se consolida la condena contra los implicados.
Este caso representa un hito en la lucha anticorrupción en el Pacífico colombiano, demostrando que los delitos contra los recursos públicos no quedarán impunes. La comunidad de Buenaventura, históricamente afectada por la pobreza y el abandono estatal, celebra que se haga justicia frente a estos actos de corrupción que profundizaron las desigualdades en la región.
Mientras las autoridades destacan el fallo como un avance en la transparencia, muchos habitantes exigen medidas más contundentes para evitar que estos casos se repitan.
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