El proyecto de reforma tributaria que presentó el pasado 8 de agosto el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, en la Cámara de Representantes no ha tenido el primer debate, pero sí ha recibido toda clase de cuestionamientos de buena parte de los sectores económicos del país.
Los industriales, agrupados en la Andi, finalizaron el viernes pasado su congreso anual y le manifestaron al Jefe de las finanzas públicas que el sector privado ha hecho muchos esfuerzos en el pago de impuestos en las anteriores reformas tributarias y esperaban que en el actual proyecto la tarifa de renta bajara un poco, pero no fue así.
El señor Ocampo les respondió que el texto está para el análisis y la revisión de la comunidad empresarial, pero les pidió alternativas reales para conseguir recursos en caso de que se cambien algunos puntos de la reforma.
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En términos generales el proyecto no cayó bien y algunos académicos y directores de compañías especializadas en análisis tributario y jurídico descalifican el proyecto e insisten en que el país no necesita una reforma, sino una política dura contra la evasión y la elusión de impuestos.
De hecho, el mismo Ministro de Hacienda reconoció que por evasión se evaporan entre $50 billones y $80 billones anuales, mientras que la reforma pretende un recaudo cercano a los $26 billones en el primer año.
Con la ayuda de analistas tributarios, entre ellos Luis Hernando Franco Murgueitio, director de la firma Franco Murgueitio y Asociados, se analizaron los principales aspectos del texto del proyecto de la reforma y su impacto en los colombianos.
Sobre el impuesto a las bebidas azucaradas
y alimentos ultraprocesados
El proyecto plantea la protección de la salud de las personas y por eso se crea ese impuesto para desestimular el uso. El gravamen se liquidará a tarifas según la cantidad de azúcar agregada en el producto.
Franco Murgueitio opina que ese impuesto tendrá incidencia en la inflación, pues irá como un costo al consumidor final, máxime cuando en el país existe una realidad, cual es el consumo de bebidas de ese tipo por la población mas pobre.
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Se cuestiona el hecho de que se incluyen las bebidas tipo té o café, “como si esos productos fueran nocivos para la salud y por ello quisiere desestimularse su consumo. El café es nuestro producto insignia en el país, no es posible que ahora lo ataquen”, dice.
La misma presión inflacionaria tendrán los productos comestibles ultraprocesados, que además contienen azúcares añadidos, como las papas fritas, patacones, embutidos, ‘snack’ o pasabocas empacados, obleas, merengues, confites, helados, manjarblanco, cereales y otros son productos de consumo masivo. “De allí a la inflación el nexo es directo”, agrega.
En relación con el impuesto a los plásticos de un solo uso…
El proyecto busca desestimular la producción y la utilización del producto y por eso se crea ese impuesto, que está destinado a envasar, empacar o embalar bienes.
“Esto suena y luce bien intencionado frente a las tantas propuestas para el cuidado del medio ambiente, pero de nada servirá, pues para ese objetivo debe haber medidas sobre las actividades mismas y no sobre sus consecuencias (prohibición de quemas, freno a contaminación de ríos, control de talas y deforestación). Lo que en cambio sí ocurrirá es un efecto inflacionario que cargará el consumidor final, dado que se trata del plástico que empaca la leche, la mortadela, el queso, el pan, las papas. Será un plástico que encarecerá el precio del producto de consumo final”, explica.
Sobre la eliminación de beneficios tributarios para los más pudientes y un impuesto para las mesadas pensionales mayores a $10 millones…
Analistas consideran que el asalariado tendrá una mayor tributación que terminará mermándole los recursos, por cuanto los colombianos que devenguen más de $10 millones ya no tendrán beneficios en medicina prepagada y en las cuentas para la financiación de vivienda, entre otros aspectos.
La eliminación de esa exención provocará que no se vendan más viviendas para las familias de clase media y clase popular.
“Alrededor de 100.000 viviendas se dejarían de vender porque al eliminar la exención a la vivienda de interés social, el precio subirá y no va a haber capacidad de compra”, señala la economista Esperanza Ramírez.
El proyecto también busca gravar con impuesto de renta las pensiones de jubilación en cuantía superior a $10 millones.
En la práctica, el colombiano que tiene una mesada de ese valor no recibe $10 millones porque debe hacer unos aportes a la seguridad social, es decir que tiene una retención. “Entonces el dinero disponible es menor a esa cifra, por eso hay que aclarar que si lo ponen a tributar nuevamente (ya lo hizo durante toda su vida laboral) sería un castigo para su ingreso, que en la mayoría de los casos es el único en la familia.
La norma como está redactada permite excluir del impuesto de renta hasta $2,5 millones mensuales del ingreso laboral, “con lo cual queda al descubierto que el proyecto sí afecta a la clase trabajadora. De igual manera, se reducen las rentas exentas automáticas de las personas naturales de $109,4 millones a $30 millones por año. Además, la suma de rentas exentas y deducciones de la cédula general no puede superar los $45,9 millones (antes eran $191,5 millones).
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En relación con los dividendos…
El proyecto dispone que los dividendos y las ganancias ocasionales deben sumarse con todos los otros ingresos para liquidar el impuesto de renta.
“Con esto, los gravámenes, que estaban ambos en 10%, resultarán siendo del 35% en cabeza de personas jurídicas y hasta del 39% (según rangos y tablas) en las personas naturales, lo que muestra un desestímulo al ahorro, a la actividad empresarial y a la inversión misma”, precisa el señor Franco Murgueitio.
Sobre el impuesto de renta a las empresas…
El texto mantiene en 35% la tarifa del impuesto de renta, pero los analistas critican ese porcentaje porque dicen que se está incumpliendo el anuncio que se hizo en su momento para reducir la carga impositiva a las empresas.
Además grava con el 9% las rentas de las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta que ejerzan monopolios de suerte y azar y de licores y alcoholes (como por ejemplo las industrias departamentales de licores).
El texto del proyecto contiene 70 capítulos y, a juicio de los tributaristas, cada uno merece su propio análisis. El debate apenas comenzará.
