Redacción BL
En días pasados, Naturgás, gremio del sector del gas natural, presentó al Departamento Nacional de Planeación (DNP) un estudio sobre el impacto de este energético en la pobreza llamado “El Gas Natural como vehículo para elevar el bienestar y reducir la privación energética de los hogares en Colombia”.
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El estudio parte de la base de que 66,8% de los colombianos usan ya gas natural para cocinar, mientras que el 20,6% gas licuado de petróleo (GLP), y 10,6% leña, carbón o desechos. Esto supone que 1,6 millones de hogares usan fuentes contaminantes de energía para cocinar y que, por lo tanto, son viables para conectarse.
En este orden de ideas, Inclusión SAS, la firma que adelantó el estudio, propuso dos escenarios de expansión de la cobertura de gas natural, así como siete recomendaciones de política pública para mejorar la infraestructura del país. “Una estrategia que pretenda potenciar el papel del gas natural debería enmarcarse en una agenda para remover estas barreras”, dice el análisis.
Estos cuellos de botella se identificaron en los cuatro componentes de la cadena del gas. En el caso de la producción se identificó que hay una incertidumbre sobre si se otorgarán o no nuevos contratos de exploración y producción de gas y petróleo “que permitan garantizar la suficiencia de fuentes energéticas para el funcionamiento del país”. El estudio señala que es una barrera para la formación de expectativas de inversión, así como para iniciar proyectos de expansión.
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En un segundo lugar, señala que el sector ha identificado vacíos en la reglamentación de consulta previa, con lo que “no está asegurada la estabilidad de los acuerdos lo cual inflige costos y riesgos a lo largo de la cadena”. En el componente de transporte también se apuntaron dos dificultades. La primera de ellas es cómo se calcula la tarifa de transporte, que actualmente castiga las zonas más lejanas de dónde se produce el energético. Es por esto que el suroccidente del país tiene precios más altos por cuenta de este componente.
En segundo lugar se encontró que “la desconexión territorial del gasoducto de alguna manera fragmenta la formación de precios del gas”.
En el caso de la distribución se evidenció que hay una limitación en la reglamentación del Fondo Especial Cuota de Fomento, puesto que no financia expansión, sino proyectos nuevos, además de tener topes e inflexibilidades que dificultan su uso en expansión.
Por último, para el caso de la comercialización hubo dos puntos encontrados en el estudio.
El primero es el tope que tiene la financiación de las conexiones intradomiciliarias del Fondo; el segundo, refiere a la “exclusión del costo de las conexiones intradomiciliarias en políticas sociales de reducción de pobreza, de vivienda social o de mejoramiento de hábitat”.
Durante la presentación del documento, Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación, señaló que “estamos escuchando siempre las preocupaciones e intereses de la gente y los empresarios” para solucionar estos cuellos de botella que fueron identificados.
El estudio presentado propuso dos escenarios. El primero de conversión de GLP a gas natural en zonas urbanas e intermedias y el segundo de conversión de leña, carbón y desechos a gas natural. Este segundo es el que mayor impacto tendría, dado que reduciría en 5,06 puntos porcentuales la privación energética.
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El primer escenario costaría $2,82 billones y el segundo $1,13 billones, teniendo en cuenta el aumento del subsidio y las conexiones nuevas para los hogares pobres y vulnerables que se conectarían.
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